Interponen querella por asociación ilícita y estafa contra controladores de Penta
El Caso Penta sumó una nueva arista: Giorgio Marino, abogado de Jorge Charbin -socio minoritario de la vidriera PH Glass- presentó una querella enpor los delitos de asociación ilícita criminal, estafa y apropiación indebida reiterada contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del holding.
La acusación también apunta al ex director Hugo Bravo, y uno de los socios del grupo, Horacio Peña.
De acuerdo a información de El Dínamo, la acción judicial plantea que el grupo funcionaba como una “organización cuyo plan criminal es el enriquecimiento desmedido mediante la comisión de distintos delitos”.
Según señala el documento, en el 2000 Jorge Charbin tenía una empresa familiar, Vidriera La Argentina S.A, que al mes facturaba 800 millones de pesos y tenía 140 empleados. En 2002, a través de la firma de Consultores Deloitt and Touch, llegó al holding Penta por la compañía Penta Capital de Riesgo.
De acuerdo relata la querella, se llamó a formar una nueva sociedad llamada PH Glass y comprar el 70% de los activos de la vidriera. Charbin se quedaría con el 30% restante. Sin embargo, los nuevos tomaron el control de la compañía, dejando de informar a Charbin de las actividades financieras .
La acción judicial acusa que el habrían dicho que “él ya no era el dueño, que debía dejar a los gerentes tranquilos”. Fue así como a fines de 2006, el directorio comenzó a hablar de “problemas financieros” y ya en 2009 realizó “aumentos de capital”.
De esta forma, pasaron a tener el 99% de la propiedad de la empresa y dejaron a Charbin sin ningún poder de decisión. El ex dueño demandó en sede arbitral el incumplimiento del pacto debido a la “dilución” de su porcentaje de propiedad. El árbitro de la causa fue el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola Monckeberg, quien sancionó con una multa de 6.500 UF por el incumplimiento del pacto de accionistas.
En 2011, dos años después del fallo arbitral, PH Glass continuaba “contabilizando gastos por servicios inexistentes” y de esta forma “perjudicando al Fisco y generando una cuenta por cobrar“. Charbin denunció estos hechos en 2011 al Servicio de Impuestos Internos, pero nunca hubo resultados.
