Tras destitución de Allende: Estos son los otros parlamentarios que podrían enfrentar al TC por contratos con el Estado
- Por Catalina Maldonado | Aton
¿Qué pasó?
La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende (PS) ha encendido una alarma política e institucional de alto impacto. Sin embargo, otros parlamentarios también podrían enfrentar una destitución.
El centro del conflicto es el artículo 60 de la Constitución, que establece que "cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado". En el caso de Allende, si bien la adquisición de la casa de su padre -para un museo- no se concretó, sí alcanzó a firmar un documento, lo que está impedido por ley.
Un reportaje de The Clinic reveló una serie de nombres de parlamentarios que podrían verse afectados por esa misma norma. Se trata del senador Juan Castro Prieto (PSC), el diputado Jaime Mulet (FRVS), el senador Fidel Espinoza (PS), la diputada Ximena Ossandón (RN) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).



Los parlamentarios con contratos con el Estado
De acuerdo al citado medio, el senador Castro está vinculado a la Constructora Indemma mediante una red de sociedades familiares. Esta empresa ha recibido más de $3.000 millones desde organismos públicos, según datos del Mercado Público.
En tanto, el diputado y precandidato presidencial Mulet, fue parte de la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, la cual tiene una radio en Vallenar que ha recibido pagos de municipalidades y servicios públicos. Mulet se retiró de la firma un mes después de asumir su cargo, pero su esposa, Flavia Torrealba, presidenta del FRVS, quedó como contralora.
Respecto al senador Espinoza, hasta 2018 aparecía como socio en Difusora Fresia Limitada, empresa que obtuvo $14 millones desde varios municipios de la región de Los Lagos. Espinoza aseguró a The Clinic que "jamás he recibido un peso" y que su retiro formal de la firma se retrasó por un error en el Registro de Comercio.
En el caso de la diputada Ossandón, es parte de una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, empresa que desde que ella figura como socia ha recibido más de $28 mil millones de Corfo y la Tesorería General de la República.
Por último, se menciona al diputado Cruz-Coke (Evópoli), quien arrendó una propiedad a la Junji por $4 millones mensuales hasta 2020, en un trato que comenzó antes de que asumiera como parlamentario.
Los escenarios que se manejan en el TC
En el TC ya se manejan dos posibles escenarios: que se abran nuevos requerimientos que desencadenen más destituciones o que se revierta el fallo contra Allende, el cual —hasta ahora— no ha sido publicado oficialmente por el tribunal y solo se conoció por filtraciones. Cualquiera sea el desenlace, lo ocurrido ha marcado un hito que podría tener consecuencias profundas para varios legisladores, más allá del color político.
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