Declaraciones contradictorias y advertencias ignoradas: Los capítulos que marcaron la caída de Isabel Allende

El que sería uno de los hitos de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, terminó por impactar como nunca antes a la familia de uno de sus protagonistas. La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que se diera a conocer que el Tribunal Constitucional aprobó por amplia mayoría la destitución de la senadora Isabel Allende.

Así, la parlamentaria se sumó a un largo listado de autoridades que han acusado las consecuencias de la fallida operación, que le ha costado el cargo a siete funcionarios, entre ellos las exministras Maya Fernández y Marcela Sandoval.

La decisión del Tribunal Constitucional cerró apenas uno de los caminos que se abrieron tras el estallido del caso, que mantiene en curso una investigación penal y sumarios administrativos. Y es que cada vez es más claro que la operación tuvo graves irregularidades en su ejecución.

Fue en 2023 cuando el proyecto para adquirir los inmuebles de los exmandatarios, Allende y Patricio Aylwin, fue incorporado en la ley de presupuestos. Los recursos fueron visados por la cuarta subcomisión mixta el pasado 25 de octubre de 2023 y posteriormente fueron aprobados por la propia senadora Allende, quien votó a favor del presupuesto que incluía los recursos para dicho proyecto.

Sin embargo, no fue hasta los primeros meses del 2024 cuando comienzan a levantarse las primeras alertas de los problemas que podía generar la operación.

El cara a cara en el Palacio Pereira

La primera reunión clave del caso se remonta al 21 de marzo de 2024 y tuvo lugar en el Palacio Pereira. A la instancia, acudieron los representantes de la familia Allende, Felipe Vio y Genaro Cuadros, y el asesor del Servicio Nacional del Patrimonio (Serpat), José Cortés.

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En su declaración ante la Fiscalía, Cortés entregó luces de lo que se discutió en esa reunión. “El motivo de la reunión fue para poder gestionar la compra de la propiedad, ya que el presupuesto estaba asignado al servicio (...) En esa reunión, estas personas me presentaron una idea de proyecto de casa museo "PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE GOSSENS", por parte del señor CUADROS, lo cual me lo presentó en un proyecto escrito, el cual me entregó un ejemplar. Este proyecto consistía en crear una casa museo, donde se describe un proyecto de adquisición, restauración, habilitación de un museo, como entidad cultural”, se lee en la declaración del funcionario de Serpat.

Según el relato de Cortés, el proyecto entregado por los representantes de la familia Allende, denominado "GUARDIA VIEJA 392, casa museo PRESIDENCIAL SALVADOR ALLENDE GOSSENS"”, consideraba traspasar el inmueble a la Fundación Allende en comodato de parte del fisco, para que posterior a la compraventa, se creara “la Fundación Casa Museo Salvador Allende, quienes se harían cargo de la administración de la propiedad”.

El problema es que la representante y presidenta de la Fundación Salvador Allende es Marcia Tambutti, hija de la senadora Allende y esposa del abogado de la familia, Felipe Vio.

En su declaración, Cortés señala que Tambutti incluso estuvo presente en una de las visitas que hizo el Serpat a la casa de Allende. “Me parece que fue a fines del mes de mayo de 2024, y fuimos recibidos por la senadora Isabel Allende, su hija, el abogado Felipe Vio, don Genaro Cuadros”, se lee en el testimonio entregado por el asesor del Serpat.

Las primeras advertencias

Apenas un mes después del encuentro en Palacio Pereira, la operación comenzó a generar ruido en las dependencias del Serpat. El propio Cortés, junto con la asesora Paz Carmona, hija del presidente del PC, Lautaro Carmona, elaboraron una minuta con los avances del proyecto para comprar los inmuebles de los exmandatarios.

En dicho documento se detallan los pasos seguidos por el Servicio en el marco de la adquisición, y una serie de “elementos a considerar”. La minuta a la que tuvo acceso Mega Investiga, advierte que “se debe tener presente que en la sucesión existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades: Isabel Allende Gossens y Maya Fernández Allende. Ello, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto” (ver nota).

Sin embargo, el propio Cortés señaló en su declaración que él consideraba que esos alcances jurídicos eran “solucionables”.

“Es decir, ante una eventual compra venta entre el Estado y la comunidad, podría afectarle una eventual nulidad del contrato o inhabilidad de las partes, pero estimé en ese momento (mes de abril de 2024) que era perfectamente analizable y solucionable”, señaló Cortés.

Según relató la directora del Serpat, Nélida Pozo, ante la Fiscalía, la minuta llegó hasta el Ministerio de Cultura, encabezado por Carolina Arredondo. Fue el 24 de abril, cuando Paz Carmona envió un correo a Gonzalo Pinto, jefe de gabinete de la ministra Arredondo, adjuntando la minuta que advertía los problemas jurídicos y comunicacionales de la operación.

Parte de estos antecedentes, son los que llevaron posteriormente al querellante del caso, Raimundo Palamara, a solicitar en su ampliación de querella, que se cite a declarar en calidad de imputada a la ministra Arredondo, por su eventual participación en el caso (ver nota).

$920 millones: Las tasaciones en la mira

Uno de los elementos que están en la carpeta investigativa del caso, dice relación con las tasaciones que se efectuaron sobre el inmueble ubicado en Guardia Vieja. El proceso era uno de los requerimientos que exigía la normativa de Bienes Nacionales para poder adquirir la propiedad.

La tarea estuvo a cargo de tres tasadores: Hermes y Cía Ltda, Viarquitectura Ltda, y la tasadora particular, María Fernanda Carramiñana. Mega Investiga tuvo acceso a las tres tasaciones efectuadas por dichos proveedores.

El servicio efectuado por la empresa Viarquitectura Ltda., alertó en sus observaciones, que “las ampliaciones no se encuentran regularizadas”, en particular la cocina y el dormitorio en suite, siendo este último “no regularizable, por superar el porcentaje máximo de adosamiento permitido” (ver nota).

Sin embargo, ese fue apenas uno de los ruidos que generaron las tasaciones. El Ministerio de Bienes Nacionales, también llevó adelante su propia tasación del inmueble efectuada el 12 de septiembre de 2024, la cual determinó un valor comercial del inmueble que bordeaba los $828 millones, lejos de los más de mil millones en que lo tasaban los servicios particulares.

El abogado de la familia, Felipe Vio, mostró su disconformidad con la disparidad de valores y pidió aclarar la situación. La cartera encabezada por la exministra Sandoval, emitió un nuevo informe que tasó la vivienda en $922 millones logrando un acuerdo con el representante de la familia. “La familia Allende Bussi acepta su oferta de compra del inmueble en el precio correspondiente a la suma equivalente en pesos de UF 24.291 al momento de la firma de la escritura de compraventa”, se lee en un oficio enviado por Vio a la ministra Sandoval el pasado 25 de octubre de 2024.

Las sospechas por el control del inmueble y nuevas advertencias

Cuando aún quedaban unos meses para que se concretara la operación, comenzaron a surgir dudas respecto de qué cartera de Gobierno se encargaría de llevar adelante la compraventa. Fue en ese contexto, cuando en julio de 2024, representantes de la familia Allende se reunieron con autoridades de los ministerios de Cultura, Bienes Nacionales e incluso asesores presidenciales.

El encuentro se llevó a cabo en La Moneda y participaron Genaro Cuadros y Felipe Vio por parte de la familia Allende; Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, por presidencia; Denisse Hernández y Pablo Maino, representando a Bienes Nacionales; José Cortés, por Sepat, y Gonzalo Pinto, en representación de Cultura.

En esa reunión se informó que la adquisición del inmueble ya no estaría en manos del Serpat, sino de Bienes Nacionales. El traspaso no era baladí, puesto que si la vivienda era comprada por el Serpat, la administración del inmueble quedaría en manos de ese servicio, no de un privado, como aspiraban los representantes de la familia Allende.

Algunas luces de esa interpretación las entregó el representante del Serpat en su declaración ante la Fiscalía. “Si se quedaba el bien en el Serpat, este servicio sería el que debía asumir la administración, pero con muy poco o nulo rango de acción para ser entregado a un privado, lo que es correcto, en cambio al ser adquirido por el fisco, el bien iba a estar en poder de bienes nacionales, para ser administrado por una entidad pública o privada”, se lee en la declaración de Cortés (ver nota).

Con la operación ya en manos de Bienes Nacionales, comenzaron a llegar nuevas advertencias sobre las posibles consecuencias que arrastraría la compraventa. Una nueva reunión dejaría en evidencia las contradictorias versiones sobre si esas advertencias llegaron a oídos del presidente Boric.

Esta vez, el encuentro tuvo lugar el 9 de octubre del 2024, donde participaron los asesores presidenciales, Moreno y Nazar; y Denisse Hernández y Macarena Diez, por parte de Bienes Nacionales.

Según declaró Diez, exjefa jurídica de Bienes Nacionales, en esa reunión advirtió sobre los problemas jurídicos que conllevaba la compraventa. “Para el caso de la Casa de Guardia Vieja, señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas, por la adquisición de este inmueble debido a que la parte vendedora era una Senadora y una Ministra de Estado, entre otros, por lo que dentro de estas se podría poner en cuestionamiento la transparencia, probidad y conflicto de interés de todo el proceso”.

Sin embargo, su declaración dista con la versión entregada a la Fiscalía por parte de los asesores presidenciales. Moreno señaló en su testimonio que solo se hicieron advertencias relacionadas al tema comunicacional, y planteó que eso “debían verlo con la Secom”. Junto con esto, descartó cualquier tipo de alerta relacionada con posibles conflictos de interés.

“A su consulta, respecto si Macarena Diez, nos hizo alguna referencia de consecuencias jurídicas asociadas a conflictos de interés o conflictos jurídicos, debo mencionar que no se nos hizo ese tipo de advertencia”, se lee en la declaración de Moreno.

En la misma línea apuntó la declaración de la asesora Bernadira Nazar, quien aseguró que “en ningún momento nos manifestaron algún impedimento legal o inconstitucional sea por una norma expresa o por principios de transparencia, probidad o conflicto de interés”.

Las contradictorias versiones detrás de la operación deberán ser dilucidadas por el fiscal a cargo de la investigación penal, Patricio Cooper, quien determinará si en la compraventa del inmueble del expresidente Allende hubo delitos de fraude al fisco o negociación incompatible.

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