Negociación incompatible y campaña electoral en días laborales: El descalabro tras contrataciones irregulares en Chillán
- Por Paul Follert | Mega Investiga
No son días tranquilos los que vive la Municipalidad de Chillán en las últimas semanas. Richard Guzmán, el segundo al mando del municipio y mano derecha del alcalde Camilo Benavente (PPD), fue formalizado el pasado 10 de marzo por tres delitos de negociación incompatible.
Guzmán, quien se encontraba suspendido de su cargo desde abril de 2024, había presentado su renuncia el 17 diciembre del año pasado, luego de que se conocieran una serie de irregularidades cometidas durante su periodo como administrador del municipio.
Sin embargo, la investigación llevada adelante por el Fiscal Jefe de Ñuble, Sergio Pérez, escaló aún más la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra.
Los problemas para el ex administrador municipal, comenzaron cuando el diputado de RN, Frank Sauerbaum, denunció ante la Contraloría, la intervención de Guzmán en la contratación de su socio Carlos Araya Sandoval en el municipio, con quien había creado la empresa VICAR SpA en 2017.
Posteriormente, Mega Investiga reveló que el entonces administrador no solo contrató a su socio como director de Secpla, sino que hizo lo mismo respecto de otros funcionarios con los que tenía vínculos familiares y de amistad.
Un reciente informe de Contraloría, confirmó varios de estos antecedentes y reveló otras irregularidades hasta ahora desconocidas. El documento de 80 páginas fue derivado a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, y apunta a infracciones al principio de probidad administrativa y negociación incompatible.
Ir a la siguiente notaLos correos que revelan el posible conflicto de interés
Fue el 27 de diciembre de 2017, cuando Richard Guzmán y Carlos Araya constituyeron la empresa VICAR SpA, que tendría por objetivo asesoría, comercialización y transporte de carga (ver documento). Según ha declarado Guzmán, la empresa nunca inició actividades, sin embargo, esa no fue la única oportunidad donde ambos coincidieron.
Tras el triunfo del alcalde Benavente en mayo de 2021, Guzmán entró de lleno a la administración del municipio. Su influencia era tal, que algunos comentan que en la práctica era Guzmán quien tomaba gran parte de las decisiones al interior del municipio.



Fue él quien empujó una serie de contrataciones de personas con las que tenía vínculos personales, entre ellas, el propio Araya. En un correo enviado a la directora de administración y finanzas, Guzmán le solicitó tramitar como prioridad la incorporación de su socio al municipio (ver documento).
En poco tiempo, Araya pasó de ser el encargado de Transparencia de la municipalidad y suplente de la administración municipal; a director de Secpla, cargo donde recibió una remuneración que ascendía a los $7.460.070, muy cercana a la que registraba Guzmán.

El entonces administrador no solo tramitó los ascensos de su socio Araya, sino que firmó directamente las autorizaciones para otorgarle más de 20 descansos complementarios, permisos laborales, horas extraordinarias y cometidos funcionarios.
Las contrataciones impulsadas por Guzmán no solo se limitaron a su socio, sino también a los hermanos de este, Felipe Araya y Richard Araya, quienes registran remuneraciones cercanas a los $2 millones y a quienes el administrador también les autorizó permisos administrativos, descansos complementarios y feriados legales.
LO ÚLTIMOCampaña en horario laboral
En septiembre de 2021, Carlos Araya dio inicio a su campaña como postulante a Consejero Regional de Ñuble. Se desplegó por toda la región y fue apoyado por un selecto grupo de militantes PPD en la zona, como el propio alcalde Benavente, el administrador Guzmán, e incluso el exsenador, Felipe Harboe.
El intenso despliegue del director de Secpla quedó graficado en sus redes sociales, donde se pueden apreciar videos y fotos con las figuras antes mencionadas. Sin embargo, el informe de Contraloría daría cuenta que varias de las actividades de dicha campaña se habrían realizado mientras Araya se encontraba en horario laboral.
“Se verificó la realización de actividades relacionadas con la señalada campaña electoral en días laborales, esto es, el lunes 13 y el jueves 30 septiembre de 2021 (...) Aun estando dedicado a la realización de dichas actividades electorales, en su informe de asistencia el señor Carlos Araya Sandoval figura con sus registros regulares de ingreso y salida de la jornada laboral”, se lee en el documento de Contraloría, el cual consigna que incluso en dicho periodo se le aprobaron horas extras de trabajo.
El mismo documento advierte que durante el periodo de campaña, el administrador le autorizó a su socio una serie de descansos complementarios, permisos sin goce de remuneraciones y feriado legal, lo que se tradujo que durante el periodo de campaña y desde la renovación de su contrata, Araya trabajó apenas nueve días en el municipio.
Contrataciones a cercanos sin experiencia
Las cuestionadas contrataciones requeridas por Guzmán también alcanzaron a dos funcionarias cercanas a él. Se trata de las hermanas Fernanda Calderón Becerra y Nicole Calderón Becerra, quienes ingresaron al municipio a fines de 2021 y a inicios de 2022 respectivamente, luego de que el propio administrador enviara correos solicitando sus contrataciones. “Favor proceder inmediatamente con decretar su comisión de servicio como apoyo del programa ‘Chile crece contigo’”, se lee en uno de los correos enviados por Guzmán a los que tuvo acceso Mega Investiga (ver documento).
El propio ente contralor consignó que “se verificó que el administrador municipal, Richard Guzmán Fernández, solicitó la contratación de doña Fernanda Calderón Becerra, con quien, a contar del 1 de marzo de 2024, tiene un hijo biológico en común”.
Las labores que cumplían ambas hermanas no estaban del todo claras en el municipio. En el caso de Fernanda Calderón, fue destinada al CESFAM San Ramón Nonato, sin embargo, no se especificaron las labores que debía realizar en dicho recinto, cuestión que derivó en que la funcionaria solo pudo efectuar labores de oyente, para luego preparar material didáctico de manera ocasional.
En el caso de Nicole Calderón, los registros dan cuenta de que aterrizó el 14 de enero de 2022 en la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Chillán, donde alcanzó el tercer grado más alto dentro de la planta profesional, en dicha dirección de Tránsito y Transporte Público, “no obstante, ser la de más reciente ingreso y no tener experiencia en cargos similares en forma previa”.
Los viajes en periodo de licencia médica
Uno de los casos más graves consignados en la investigación del ente contralor apunta a la funcionaria de Secpla, Lily Fariña Jeldres. Según se lee en el documento de Contraloría, a Fariña se le otorgaron dos licencias médicas por un lapso de siete días cada una, esto es, desde el 13 al 19 de enero y entre el 20 al 26 de enero, ambas de 2023, “estableciéndose, en ambos casos, reposo laboral total y como lugar de cumplimiento su domicilio ubicado en la ciudad de Chillán”.
A pesar de tener que estar con reposo laboral total, la funcionaria viajó a Argentina desde el 19 y hasta el 22 de enero de 2023. Fue justamente entre esos días, específicamente el 20 de enero, cuando el médico Matías Opazo Spempel, emitió la licencia médica de Fariña en el CESFAM los Volcanes. El mismo día, y a pesar de que los registró dan cuenta de que Fariña se encontraba de viaje en Argentina, la funcionaria registra una hora médica agendada y atendida en el CESFAM Los Volcanes.
Según los antecedentes proporcionados por la aerolínea LATAM a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la funcionaria realizó el viaje junto al entonces administrador municipal, Richard Guzmán, quien previamente había autorizado una serie de permisos a Fariña, y con quien compartió asiento en el vuelo. Sin embargo, este no sería el único vuelo, ya que los registros de las mismas entidades, dan cuenta de que ambos funcionarios viajaron a Estados Unidos entre los días 29 de septiembre y 6 de octubre de 2023.
Desde el municipio aseguraron que se trató de una coincidencia, sin embargo, el ente fiscalizador advirtió que “las afirmaciones expresadas por el alcalde, en el sentido que solo habrían coincidido en un mismo vuelo, además de carecer de verosimilitud, podrían importar una contravención a lo previsto en el artículo 15, de la ley N° 10.336, según el cual la persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a cualquier otro funcionario de la Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, será castigada con arreglo al Código Penal”.
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