Alcalde de facto, facturas falsas y contrataciones UDI: Las claves de la querella de Maipú contra el diputado Lavín Jr.

Fue la investigación en torno a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la que reveló los primeros indicios contra su cónyuge, el diputado Joaquín Lavín León, debido al rol que habría tenido en las decisiones que se tomaban al interior del municipio, actuando como un “alcalde en las sombras”.

Los antecedentes derivaron en que la Fiscalía Oriente abriera una arista paralela respecto a la cual la Municipalidad de Maipú presentó una querella contra el parlamentario por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias y que ya fue declarada admisible por la justicia.

Así lo confirmó a través de la red social X el alcalde. Tomás Vodanovic, quien sostuvo que: “Mi deber como alcalde es perseguir a todos los responsables de los graves hechos de corrupción ocurridos en Maipú”.

MEGA Investiga accedió a la acción judicial donde se sostiene que Lavín “estructuró el Municipio conforme a sus intereses situando en puestos clave a gente de su confianza, accediendo a información confidencial y tomando decisiones propias de autoridades municipales en conjunto con su cónyuge, quien por las urnas sí había conseguido hacerse del sillón edilicio”.

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Para esto, son claves las declaraciones que se prestaron en la causa madre, con lo que se sostiene que el parlamentario “posicionó a personas de su confianza en funciones cruciales del Municipio”, detallando algunos testimonios que relatan que “veía muy seguido al diputado Lavín en la Municipalidad de Maipú, hacía reuniones con los funcionarios de la Alcaldía, con los peces gordos […] claramente tenía influencia en las decisiones que se adoptaban”.

También, se incluyen una serie de correos electrónicos que dan cuenta del rol que tuvo el diputado en las desvinculaciones y contrataciones por color político, citando un informe policial que “concluye que fueron un total de 496 trabajadores los desvinculados como resultado de lo instruido en los 9 correos analizados”.

Su principal asesor sindicado como “el emisario”

La querella también se dirige contra la mano derecha de Lavín en el Congreso, su asesor Arnaldo Dominguez, a quien se le acusa de cohecho pasivo agravado.

Según la acción judicial, “no es posible comprender los hechos (...) sin antes describir el rol que el querellado Domínguez desempeñaba como intermediario entre el H.Diputado Lavín y las injerencias de este último sobre la Ilustre Municipalidad de Maipú. Si Lavín era el gestor, Domínguez era el emisario”

Así se cita la declaración ante la Fiscalía, de un testigo identificado como J.A.S.M., quien declaró que “Arnaldo Domínguez era su brazo derecho, y lo que Arnaldo decía, era lo que decía Joaquín Lavín”.

La querella le asigna un importante rol en las contrataciones al interior de la administración Barriga, por lo que se señala que existió “clientelismo al interior del municipio”.

Así lo señala una testigo, quien aseguró que “tomé conocimiento de jóvenes que estaban trabajando en el municipio y que venían de las juventudes UDI, quienes tenían una relación directa con el diputado y le informaba las contrataciones y desvinculaciones”.

La imprenta “regalona” de Lavín y Facturas Falsas

Otro detalle que revela la querella del alcalde Vodanovic, es la contratación de la imprenta MMG, que prestaba servicios a la UDI para sus campañas políticas y que era muy cercano a Lavín Jr.

Según el documento, pese a la relación cercana, el parlamentario tenía múltiples atrasos en los pagos a los trabajos. “Los pedidos no paraban aun cuando estos no se pagaran, produciendo una situación de “fiado” (en ocasiones llamada “factura prestada”) de MMG a Lavín para no detener la producción. La deuda se iba acumulando y luego era pagada diferidamente mediante abonos parciales”.

La querella se pregunta: ¿Por qué MMG habría entonces de continuar trabajando con el querellado Lavín en una relación de esas características? Y la respuesta que dan es que MMG sumó como cliente a la municipalidad de Maipú.

También, se detalla que “por la campaña a la reelección en el cargo de Lavín del año 2021,MMG facturó $8.802.430. Descontado el pago de IVA y un abono por $900.000 que se depositó tras las insistencias de MMG para que los querellados cumplieran su obligación, quedaba aún un remanente de $6.400.000”.

Información que fue entregada por el dueño de la imprenta quien declaró que “quedaba una deuda de 6 millones y fracción que aún estaban pendientes de Joaquín Lavín, por lo que, como expliqué, Arnaldo Domínguez me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría [al Congreso], ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté.”

Con todos antecedentes, la querella concluye que “la deuda pendiente por los gastos de campaña del querellado Lavín, sería finalmente soportada por el Congreso Nacional. Para disimular la maniobra se fragmentaron los montos en cargos periódicos bajo glosas ideológicamente falsas, toda vez que referían a servicios que jamás se prestaron”.

Fiscalía prepara solicitud de desafuero

La situación de Lavín Jr. podría complicarse aún más, porque según fuentes consultadas por MEGA Investiga la Fiscalía Oriente está avanzando en una solicitud de desafuero del parlamentario, que deberá ser discutido en una primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con esto, buscan formalizarlo por las irregularidades detectadas en la indagatoria, respecto al delito de fraude al fisco, y tal como ha ocurrido con otras autoridades parlamentarias, la estrategia es quitarle el fuero, para pedir medidas cautelares en su contra.

Los antecedentes se relacionan con facturas ideológicamente falsas entregadas por un proveedor y que fueron rendidas por Lavín al Congreso Nacional, hecho por lo cual devolvió $7 millones, sin aclarar a qué correspondía ese monto.

Además, se investiga el uso de una página web “Modo 74”, y que se habría ocupado para “la triangulación de facturas ideológicamente falsas”, con un monto cercano a los $75 millones, según consta en la querella del municipio.

El 29 de octubre del año pasado, la fiscal del caso Maipú, Constanza Encina lideró junto a la PDI un allanamiento a la oficina parlamentaria del diputado en el Congreso Nacional y también en su domicilio particular.

El Ministerio Público obtuvo una autorización judicial para extraer toda la información de dos casillas electrónicas de propiedad del diputado. El análisis de dichos correos ya fue finalizado por la PDI, por lo que es considerada prueba clave en el caso.