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Licencias de conducir: Municipios otorgaron documento a deudores de pensión de alimentos pese a estar prohibido por ley

¿Qué pasó? 

La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples infracciones con relación a la entrega de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022 tras la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

70% de los municipios otorgaron licencias a deudores 

A través de un Consolidado de Información Circularizada (CIC), el ente fiscalizador detectó que de los 345 municipios del país, 242 de ellos, es decir, un 70%, habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas registradas como deudores. 

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La revisión de la Contraloría reveló que los permisos fueron otorgados entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, a conductores que deben un total de $17.473 millones en pensiones alimenticias, afectando a 4.706 niños y niñas.

En cuanto a la Región Metropolitana, el 94% de las municipalidades ha vulnerado la normativa, y seis municipios a nivel nacional entregaron más de 100 licencias a deudores: Antofagasta (172), La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).

LO ÚLTIMO

Irregularidades al interior de los municipios 

De acuerdo a la CGR, la responsabilidad recae en el funcionario municipal encargado de verificar si el solicitante está en el Registro de Deudores. En caso de infracción, la ley contempla sanciones que van desde una multa del 10% al 50% de su remuneración.

 

Además, se descubrió que 65 funcionarios municipales obtuvieron o renovaron su licencia en la misma comuna donde trabajan, a pesar de estar inscritos como deudores.

El informe de CGR también reveló que 482 deudores de pensión alimenticia son familiares de empleados municipales en las comunas donde obtuvieron su licencia, lo que podría indicar una red de favores internos.

Ante estos hallazgos, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría anunció que está evaluando nuevas fiscalizaciones para confirmar las infracciones y tomar medidas correctivas.

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