Facturas duplicadas, querella y demandas por $1.500 millones: Graves acusaciones contra el exalcalde de La Higuera

El municipio de La Higuera atraviesa una crisis financiera que ha impactado en su administración y en la estabilidad institucional de la comuna. La acumulación de deudas y los procesos judiciales en curso están afectando el desarrollo de proyectos claves.

Las principales críticas apuntan a Yerko Galleguillos (UDI), exalcalde de la comuna durante 12 años, quien enfrenta una serie de demandas presentadas en los juzgados civiles de La Serena por facturas impagas. 13 empresas de factoring iniciaron procesos judiciales contra el municipio, exigiendo el pago de facturas que fueron cedidas con la expectativa de un cobro legítimo.

Facturas impagas y demandas millonarias

Muchas de estas facturas están relacionadas con la empresa Agrocomercial Ibiza SpA. Fueron cedidas a un factoring, pero corresponderían a servicios que nunca se prestaron. Entre los proyectos cuestionados, destaca la supuesta compra de forraje para agricultores y ganaderos de cabras. Insumos que, según denuncias de vecinos y documentos oficiales, nunca habrían llegado a sus destinatarios.

Según Contraloría, una de las deudas más altas corresponde a la empresa Tanner Servicios Financieros S.A., que presentó una querella por una factura impaga de $426.529.124, relacionada con un proyecto de alcantarillado. A esta acción legal se suman denuncias de otras compañías como Comercial de Valores Servicios Financieros SpA ($204.817.853) y Fivana SpA ($47.995.497).

Los fiscalizadores habrían identificado que varias de estas facturas fueron emitidas sin respaldo documental suficiente. Empresas que prestaron servicios a la municipalidad declararon que nunca recibieron pagos o que sus facturas fueron manipuladas para otros fines.

Otro ejemplo. De acuerdo con la demanda presentada por Servicios Financieros Progreso S.A., el 11 de julio de 2018 se publicó una licitación para la Construcción de Obras de Urbanización Básica en La Higuera. Un proyecto de gran envergadura que tenía como objetivo construir alcantarillado, pavimentar calles y mejorar servicios básicos para los vecinos. Esta obra fue adjudicada a Rubén Berrios Ávila, contratista vinculado al municipio, por un monto total de $5.481.006.018. El plazo de ejecución era de 630 días corridos.

Un par de años después, en diciembre de 2020, se lanzó una nueva licitación para la construcción de obras de urbanización básica en Punta Colorada, La Higuera. Esta obra también fue adjudicada a Berrios en marzo de 2021, por un monto de $3.025.446.117, con un plazo de 520 días corridos para su finalización. El total de beneficiarios por esta obra correspondía a 113 familias y 11 servicios pu?blicos.

Ambos proyectos establecieron en sus bases que los pagos se debían realizar de manera progresiva, conforme al avance de las obras. Para ello, el contratista tenía que presentar sus estados de pago, que acreditaban los avances realizados en la construcción. Además, los trabajos debían ser revisados minuciosamente por el Inspector Técnico de la Obra (ITO). Solo después de la aprobación del ITO, la municipalidad estaba facultada para liberar los pagos correspondientes.

Sin embargo, al analizar los antecedentes, se descubrió que mientras el contratista presentaba los estados de pago a la municipalidad para el cobro de los fondos, simultáneamente emitía facturas adicionales por los mismos trabajos y con idénticas características. Este modus operandi provocó que las empresas de factoring, al no recibir el pago de las facturas cedidas, acudieran a los tribunales para exigir el cumplimiento de los créditos.

El informe final N.º 590-2023 de la Contraloría Regional de Coquimbo -al que tuvo acceso Mega Investiga- expone con detalle una serie de irregularidades en la administración de la municipalidad durante los años en que Galleguillos estuvo a cargo. Se identificó que su gestión estaría vinculada a la emisión de al menos 20 facturas falsas, cuyo monto total es de aproximadamente $1.500 millones.

Más de 6 meses sin pisar el municipio  

Mientras las denuncias se acumulaban, desde abril de 2024, Galleguillos optó por mantenerse alejado de sus funciones mediante la presentación de licencias médicas consecutivas.

Presentó su primera licencia médica por cinco días, firmada por el médico Pablo Millaleo Cea, especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Una semana después, 27 de abril de 2024, el alcalde presentó una segunda licencia médica, esta vez por siete días, emitida por el mismo médico.

Ese mismo mes de abril, el Primer Juzgado de Letras de La Serena emitió una orden de arresto contra Galleguillos, debido a su negativa para autorizar el pago de una factura de 426 millones de pesos a la empresa Tanner Servicios Financieros. Al mes siguiente, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por su defensa, confirmando la orden de arresto en su contra. El máximo tribunal argumentó que el exalcalde no aportó antecedente alguno para impedir la medida judicial. En junio, el Juzgado emite una nueva orden de arresto, sumando un total de 32 días de detención pendientes.

En 2024, el alcalde estuvo ausente de sus funciones por más de 80 días, por licencias médicas y permisos sin goce de sueldo, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre un posible intento de evadir la acción de la justicia.

El 11 de noviembre de 2024, Galleguillos presentó su renuncia a la alcaldía a través de un mensaje de WhatsApp enviado a sus funcionarios. Según pudo averiguar Mega Investiga, en el mensaje el jefe comunal informaba que seguiría haciendo uso de su licencia médica, “hasta poder volver y dar cumplimiento a mis obligaciones”.

Galleguillos invocó el artículo 60, letra del DFL N.° 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que le permite dejar su posición para postular a un nuevo cargo de elección popular, sin necesidad de aprobación del concejo.

Tres días después de presentar su renuncia, se retractó a través de otra carta. Argumentó que aún quedaban compromisos pendientes por resolver, y que “los intereses del municipio están por sobre mis intereses personales”. No obstante, aclaró que continuaría haciendo uso de su licencia médica hasta estar en condiciones de retomar sus funciones.

“Era un problema evidente”  

Debido a la gravedad de estas irregularidades, la actual alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea (PS), decidió presentar una querella contra Galleguillos y todos quienes resulten responsables. La acción judicial, interpuesta el 15 de enero de 2025, apunta a delitos como falsificación de instrumento mercantil, uso malicioso de documentos falsos, estafa y asociación ilícita.

La alcaldesa asegura haber tenido conocimiento de la falta de transparencia en la gestión municipal de Galleguillos. “Era un problema evidente”, dice. Y suma otras irregularidades que habrían sido de conocimiento público, como el manejo de los permisos de circulación.

En cuanto al estado financiero del municipio, afirma que lo recibieron con un desorden crítico. Por ello, propusieron al concejo una auditoría que permita conocer la dimensión del problema. “Hemos tratado en lo posible de solucionar los problemas y seguiremos trabajando en ello. Claramente si la entrega hubiese sido clara y transparente, todo sería más rápido y efectivo para las vecinas y vecinos, pero uno debe asumir este trabajo con lo bueno y lo malo”, añadió.

El mismo día que se presentó la querella contra el exalcalde Galleguillos, un receptor judicial se presentó junto con Carabineros en el edificio consistorial y procedió a notificar un embargo de bienes. Mega Investiga consultó al municipio sobre esta medida judicial, pero la administración señaló que, si bien Carabineros llegó al lugar, no se efectuó ningún embargo, sino que sólo se dejó constancia de bienes como cuadros y sillones que podrían ser embargados en el futuro.

Mega Investiga contactó al exalcalde Galleguillos. Si bien reconoció que hubo un problema administrativo, este habría sido originado por un tercero. Y afirmó que siempre como municipio resguardaron el patrimonio fiscal y municipal, “ejerciendo todas las acciones legales que así lo permitieran. Es más, me tuve que enfrentar a apremios reiterados, pero nunca pagamos ningún peso”, afirmó.

Respecto a la querella interpuesta por la actual alcaldesa, el exedil declaró que hay demandas interpuestas contra los presuntos responsables, y que son ellos quienes deben hacerse cargo de la deuda. “Todas estas acciones interpuestas por la alcaldesa tienen carácter político. Cada vez que la izquierda llega a un municipio, busca robos o desfalcos financieros inexistentes, porque como ellos actúan así, creen que todos somos iguales”, concluyó.

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