Cordero por desalojo de megatoma en San Antonio: "La Corte entiende que no se pueda llevar a cabo de inmediato"

¿Qué pasó? 

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la compleja situación que enfrenta la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso, en donde cerca de 11 mil personas han sido informadas de un desalojo que se deberá ejecutar el próximo 27 de febrero.

En este contexto, destacó el trabajo realizado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien está trabajando activamente con los propietarios del terreno y con los habitantes para evitar el uso de la fuerza pública en el proceso.

Como alternativa, se está planteando la compra del terreno a través de cooperativas. Actualmente, se han conformado 16 y ya han participado alrededor de 2 mil familias. 

Te puede interesar

Hombre falleció en accidente de tránsito en Taltal: Auto volcó en Ruta 5 Norte durante un procedimiento de la PDI

Papá de joven que cayó de kayak al Lago Villarrica: "Necesitamos, especialmente, apoyo en robótica"

Fotógrafa y diseñadora de vestuario: ¿Quién era la surfista que murió tras ser impactada por un bote en Cobquecura?

"No se puede legitimar una toma" 

En conversación con Radio Agricultura, Cordero señaló que la solución al desalojo debe considerar algunos aspectos fundamentales: "No puede legitimar la toma. La segunda es satisfacer los derechos de los dueños. Y la tercera es dar una solución de política pública a las personas que no tienen techo, en el fondo", explicó. 

De acuerdo al subsecretario, el titular de Vivienda ha abordado estos ejes y le ha dedicado bastante tiempo desde que este caso se originó. "Durante todos estos meses el ministro ha estado buscando una solución relativamente innovadora", aseguró. 

Desalojo "con ciertos estándares" 

Cordero explicó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha mandatado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio respectivo y a Carabineros a que concrete el desalojo "con ciertos estándares".

"Esos estándares deben garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de esos establecimientos, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores", sostuvo. 

Añadió que "lo segundo, es que (el desalojo) se debe hacer en un contexto que permita el traslado de esas personas a lugares de transición, y lo tercero, que el Ministerio de Vivienda les informe o les proyecte alguna alternativa para que puedan postular o acceder a una vivienda". 

"El desalojo no se puede llevar a cabo de inmediato" 

No obstante, advirtió que la magnitud del asentamiento ilegal en San Antonio es una particularidad que se debe considerar: "Es una toma que, por su tamaño, no se puede intervenir simplemente. Al ser 10 mil personas, solo imagine la cantidad de fuerza pública que se necesita para eso".

"Por ello, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su última resolución, si bien ha fijado la fecha para el 27 de febrero, ha señalado que el desalojo debe realizarse de un modo razonable y programado. Es decir, la Corte entiende que no se puede llevar a cabo de inmediato", aseveró.