Tras motín en Cárcel de Seguridad: Fijan audiencias para revisar condiciones carcelarias de reos del Tren de Aragua

El pasado 6 de enero se dio inicio a la preparación del juicio oral en contra de nueve imputados por el plagio extorsivo del empresario metalúrgico de Rancagua, Rudy Basualdo Castillo (51), secuestrado el 8 de noviembre de 2023.

Tras más de un año de investigación, la Fiscalía pide penas que suman más de 355 años para los nueve imputados miembros del Tren de Aragua y que están recluidos en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

Para ello la Fiscalía ha reunido un total de 89 testigos y más de 120 elementos materiales –entre audios, videos, imágenes y documentos– que buscarán probar que detrás del secuestro operó una “organización criminal internacional”, que recibió $40 millones para la liberación de Basualdo, pago que se concretó en un paso nivel ubicado en un reducto del Tren de Aragua: la toma Santa Marta en Maipú.

Uno de los partícipes de ese crimen fue Jorkenidy Torres Marchán (33), quien tuvo un rol preponderante en la operación y que ahora cumple prisión preventiva en el Repas desde su detención en noviembre de 2023.

Fue en ese contexto en que el pasado 17 de septiembre, en una visita del juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Fiuca Martínez, a la unidad de Alta Seguridad, Jorkenidy Torres se entrevistó con el magistrado y denunció que estaba siendo víctima de “torturas y tratos crueles e inhumanos”.

“En los últimos días estoy sufriendo de crisis de pánico, tratos crueles e inhumanos, torturas. (Llevo) 104 días encerrado, aislado 24/7 horas sin las horas de patio que corresponde. Me dan 3 litros de agua diario. (Estoy) sufriendo desesperación y taquicardia por motivos del encierro. (...) No tengo dónde hacer mis necesidades biológicas. Estoy siendo torturado física y mentalmente”, escribió de puño y letra el imputado por el secuestro del empresario.

A raíz de esa petición, el Juez Fuica ofició a la defensora pública de Torres, la abogada Romina Jorquera, y también al Juzgado de Rancagua para que se “programe una audiencia de cautela de garantías” para revisar la petición del acusado por el secuestro.

La solicitud se revisó el pasado 27 de enero y un día después se programó la audiencia, que se celebrará este viernes 7 de febrero a las 10 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Consultado por Mega Investiga, el juez Jaime Fiuca explicó que “esta visita se hace con posterioridad a un evento que significó una agitación del sistema de seguridad al interior del Repas donde había manifestaciones de parte de los propios internos de nacionalidad venezolana en una suerte de conato con Gendarmería”.

El magistrado, además, señala que estas visitas a los recintos penitenciarios se realizan de forma semanal por parte de los jueces de garantía que comprenden la jurisdicción de Santiago y que las solicitudes por parte de los imputados suelen ser del mismo tenor.

“En esos oficios nosotros hacemos ver la necesidad de que el imputado sea atendido por su defensa frente a una cautela de garantía”, agrega Fiuca.

Sin embargo, en su visita del 17 de septiembre a la Cárcel de Alta Seguridad no fue la única solicitud que recibió.

Los otras solicitudes del Tren de Aragua

“(Necesito) la extracción de una bala en mi pierna derecha que actualmente me molesta…”.

Esa es parte de las solicitudes que dejó registradas por escrito ante el Juez Fiuca el sicario del Tren de Aragua, Zeus Velásquez Aquino, quien ejecutó varios secuestros y homicidios bajo las órdenes de Carlos González Vaca –alias Estrella–, uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile y quien mantenía contacto directo con el máximo jefe de la agrupación, Héctor “Niño” Guerrero.

González Vaca, en la misma línea, también pidió “obtener informaciones del tribunal que lleva mi causa y hacer una serie de consultas y peticiones”.

En el caso de Ovicmarlixon Garcés, imputado por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, acusó también ser víctima de “condiciones inhumanas” al interior del Repas y pide que organismos de derechos humanos intervengan en su situación.

“Tenemos tres meses en estas malas condiciones y nadie ha venido a vernos”, dice en su escrito.

Además de Jorkenidys, se han solicitado al menos otras cuatro audiencias de cautela de garantías en los juzgados de Pozo Almonte, Santiago y Rancagua para revisar la situación de aquellos imputados que acusan malos tratos.

En estas mismas instancias, los internos en otras ocasiones han solicitado autorización para realizar videollamadas al interior del Repas, lo que ha desatado conflictos entre el Poder Judicial, Gendarmería e Interior.

En febrero de 2024, por ejemplo, Mega Investiga reveló que el también juez del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó videollamadas para reos vinculados al Tren de Aragua, lo que finalmente fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

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