CDE se querella por fraude al fisco contra alcalde de Coronel, Boris Chamorro: Acusan perjuicio de $1.200 millones
Una nueva ofensiva judicial presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS), actualmente bajo arresto domiciliario nocturno por la investigación sobre el denominado Caso Puerto Coronel.
Se trata de una querella por fraude al fisco, interpuesta en contra del jefe comunal -electo recientemente para un tercer periodo alcaldicio-, el director de Control de la Municipalidad de Coronel, Cristian Pinto, y cuatro concejales.
A los acusados se les apunta por impulsar la condonación de una deuda que el CDE cifra en $1.286.414.012, correspondiente a patentes comerciales impagas de dos empresas. Una resolución que a juicio del CDE es ilegal, y que ya había sido cuestionada por la Contraloría en 2021.
“En el presente caso se ha defraudado el patrimonio fiscal, causándole un perjuicio como consecuencia de acciones y omisiones dolosas que, previamente concertados, ejecutaron los funcionarios públicos querellados”, dice el documento.
Desde la Municipalidad de Coronel, en tanto, descartaron entregar declaraciones para esta publicación de Mega Investiga. Se limitaron a enviar una vocería efectuada el jueves 19 de diciembre, a cargo de Cristian Pinto, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director jurídico.
“Me parece una querella bastante infundada que adolece de errores fácticos”, declaró el funcionario municipal.
La querella fue declarada admisible hace unos días y se suma a otras interpuestas en contra del alcalde Chamorro en el marco de su gestión. En uno de los casos que está en la mira del Ministerio Público se le imputan delitos de cohecho, corrupción y administración desleal, por haber recibido presuntos sobornos de parte de Hartwig Iturriaga, expresidente y fundador de la empresa Puerto Coronel.
El cuestionado acuerdo
Hace cuatro años, el 7 de julio de 2020, el concejo municipal de Coronel -a solicitud del alcalde Chamorro y el director jurídico de ese entonces, Cristian Pinto- aprobó dos avenimientos que favorecían a las empresas Embotelladora Dos Banderas S.A e Inmobiliaria Mos Ltda.
Las sociedades debían $1.176.259.435 y $411.154.577, respectivamente, por patentes comerciales impagas entre 2015 y 2019, y 2008 y 2011.
Por ambas deudas, la Municipalidad de Coronel inició dos procesos judiciales distintos, con el objetivo de devolver aquellos dineros a las arcas municipales. Así, en el caso de Inmobiliaria Mos Ltda, se llegó a un acuerdo entre ambas partes en el que se resolvió que la sociedad debía pagar la multa en 24 cuotas.
“Se firmó un convenio de pago, el 27 de julio de 2018, por parte de la Municipalidad de Coronel y la empresa. Esta última acordó pagar la deuda en 24 cuotas. Con dicho acuerdo de pago se puso término al juicio en segunda instancia el 29 de septiembre de 2020”, se lee en la querella del CDE.
La otra demanda, en tanto, seguía en curso. Pese a eso, de igual forma se propusieron los avenimientos en el concejo municipal. El argumento que entregó el director jurídico durante la sesión fue que existía un peritaje en el que se daba cuenta que el monto de deuda a pagar en ambos casos era menor.
Según el acta de la sesión, así se presentó uno de los argumentos para votar a favor de los avenimientos: “La demanda de la empresa al municipio es por nulidad de la anterior causa y se fundamenta en mal cobro, en virtud de un informe pericial contable, lo cual puede resultar pérdida para el municipio”.
La explicación del director jurídico y del alcalde convenció a los concejales Ariel Durán Fredes, Osvaldo Campos Torres, Francisco Reyes Aguayo y René Lucero Allen. Los ediles, que también figuran querellados, aprobaron los avenimientos. Una resolución que, según el CDE, concluyó con una condonación total de $1.286.414.012.
El rol del alcalde en el caso de Embotelladora Dos Banderas
Por el contrario, una de las razones que esgrimieron los concejales que votaron en contra de las medidas, fue que le correspondía a las empresas pagar las deudas que mantenían con la Municipalidad de Coronel.
El Juzgado de Letras de Coronel tuvo un planteamiento similar y, apenas dos meses después de la resolución del concejo municipal, en septiembre de 2020, declaró parcialmente la prescripción de algunos cobros ($185.907.567), pero acogió la demanda ejecutiva entablada por la municipalidad por $990.351.868, respecto de Embotelladora Dos Banderas S.A, vinculada al empresario Martín Scuncio.
Eso concluía que la empresa debía efectuar el pago. Sin embargo, el acta del concejo municipal en que se aprobaron los avenimientos fue de utilidad para Embotelladora Dos Banderas S.A.
La sociedad, en el marco de la demanda judicial, interpuso una excepción perentoria en enero de 2021 para hacer, según la querella del CDE, “presente la existencia del acuerdo” del concejo, y así constatar que sólo debían pagar $1.000.000, tal como se había resuelto.
Ante esa ofensiva, el alcalde Chamorro fue citado a absolver posiciones, sin embargo -tal como detalla la querella- no compareció a la audiencia, “siendo declarado confeso”.
Eso, en términos simples, permitió al tribunal el concluir que “el alcalde reconoce como suya la firma puesta en el acta del concejo” y que “la deuda por “$1.176.259.435 no se ajusta a derecho, por lo que la suma que debió haberse pagado era de 1 UTM por tener (la empresa) capital negativo”.
El asunto se resolvió el 13 de junio de 2022 en la Corte de Apelaciones de Concepción y poco más de un año después, el 6 de diciembre de 2023, la Dirección Jurídica de Coronel pidió a la oficina de patentes -mediante un memorándum- eliminar los periodos morosos de Embotelladora Dos Banderas S.A.
La empresa, finalmente, debió pagar sólo $1.000.000, pero como ya había depositado $2.200.000 por concepto de deuda, el municipio de Coronel debió devolverle a Dos Banderas S.A $1.200.000.
“Un poquito sospechoso”: La respuesta municipal
El CDE acusa que con la acción del alcalde, Cristian Pinto y algunos concejales, “lo que se hace, directamente, es defraudar a la I. Municipalidad de Coronel, generando un perjuicio económico equivalente al monto de los impuestos municipales adeudados”, y agrega que “el incumplimiento de los deberes funcionarios queda de manifiesto”.
En esa línea, también precisa que, si bien se pueden autorizar facilidades de pago para las deudas municipales, no se permite “una condonación como lo es la planteada en ambos avenimientos”, pues no está dentro de las facultades del organismo comunal.
“Ambos avenimientos autorizados por el concejo municipal de Coronel devienen en ilegales”, los que además “configuran la defraudación, perjudicando a la Municipalidad en la suma de $1.286.414.012”.
Por la vereda contraria, en tanto, se defienden. Desde la Municipalidad de Coronel aseguran que la querella es una ofensiva para influir en las medidas cautelares del alcalde Chamorro por el caso Puerto Coronel, puesto que el pasado 16 de diciembre quedó bajo arresto domiciliario nocturno debido a la investigación. La Fiscalía y el CDE habían solicitado la prisión preventiva, y este martes ingresaron una apelación ante la negativa del tribunal.
En una vocería realizada el jueves de la semana pasada, Cristian Pinto calificó la acción judicial como “infundada”. “Hechos que sucedieron hace más de cuatro años y medio atrás traerlos a la palestra a través de una querella en la misma semana en que se ventila el juicio del Puerto en Coronel, me parece un poquito sospechoso”, señaló.
Seguidamente, el director de Control explicó que si bien se autorizaron las condonaciones “jamás se llegó a un avenimiento” y “el alcalde, y este abogado, jamás nunca firmaron un avenimiento judicial”.
“Lo que corresponderá será analizar los antecedentes y obviamente habrá que aportar los antecedentes necesarios para que esta demanda, en definitiva, se caiga”, concluyó Pinto.
Mega Investiga solicitó a la Municipalidad de Coronel antecedentes sobre los pagos de las deudas de las empresas implicadas, pero descartaron entregar una respuesta.
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