Caso Audios: Leonarda Villalobos continúa en prisión preventiva por ser considerada "un peligro para la sociedad"
- Por Vicente Guzmán | Aton
¿Qué pasó?
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió, este jueves, mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Leonarda Villalobos, imputada por los delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios en el denominado Caso Audios.
En poco más de dos horas de audiencia de revisión de medidas cautelares, los abogados de Villalobos y la Fiscalía esgrimieron sus argumentos, instancia en la que finalmente se mantuvo el arresto de la abogada en el penal de San Miguel.
Los argumentos de ambas partes
Primero fue el turno de la defensa de Villalobos, integrada por Alejandra Borda, Esteban Olivares y Vicente Sáez, quienes en su exposición compararon, entre otras cosas, la realidad penitenciaria de la imputada con la del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Olivares solicitó un cambio en la medida cautelar de la profesional, argumentando que no ha logrado adaptarse a la cárcel de San Miguel, además de que ha enfrentado presiones externas. También aseguró que ha colaborado eficazmente en la causa, principalmente sobre el negocio de Factop y los movimientos de dinero.
En este contexto, se indicó que Villalobos ha admitido los hechos que se le atribuyen, incluyendo la entrega de cheques a la empresa de Álvaro y Daniel Sauer, así como la emisión de facturas falsas. Con todo ello, solicitó que pase arresto domiciliario nocturno o total.
Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, argumentó contra la solicitud de cambio en las medidas cautelares, indicando que la colaboración de Villalobos con la investigación ha sido mínima y motivada por intereses personales y económicos. Afirmó también que sigue siendo un peligro para la sociedad y que su última declaración fue una rendición ante la evidencia.
Finalmente, una vez escuchado los argumentos de la defensa y la Fiscalía, el magistrado Rodrigo Carrasco explicó que Villalobos arriesga una pena de hasta 11 años de cárcel, dificultando que cumpla la pena en libertad, por lo que la mantuvo en prisión por considerar que su libertad representa "un peligro para la sociedad".
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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