Fiscalía abre investigación por presunto "acceso ilegal" a antecedentes de denuncia contra el Presidente Boric
¿Qué pasó?
La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena informó la apertura de una investigación por el eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la denuncia presentada en contra del Presidente Gabriel Boric por una presunta "difusión de imágenes íntimas".
Mediante un comunicado, la fiscalía comunicó que "ha decidido abrir una investigación penal por el eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa relacionada con S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font". Dicha indagatoria la asumirá el Fiscal Regional de la región de Magallanes, Cristian Crisosto Rifo.
El motivo de la investigación radica en que "los antecedentes de las personas que son parte de una investigación penal son reservados, por lo que el acceso a dicha información se encuentra estrictamente regulada por ley", añadieron desde el ente persecutor.
La denuncia contra Gabriel Boric
La noche del lunes 25 de noviembre, Jonatan Valenzuela, abogado de Boric, dio a conocer una querella en contra del Mandatario por presunta "difusión de imágenes privadas" y acoso sexual, lo que guarda relación con hechos que habrían ocurrido entre 2013 y 2014.
El defensor indicó que el Mandatario "fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico" y ahora "diez años después, la remitente de los correos presentó una denuncia, sin fundamento alguno, contra el ya Presidente Gabriel Boric el 6 de septiembre de 2024".
Posteriormente, se dieron a conocer los 25 correos electrónicos que el abogado de Gabriel Boric entregó al Ministerio Público, en los que acusó "acoso sistemático" al Presidente.
La mañana de este martes la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió, en una conferencia de prensa, a la denuncia presentada contra el Mandatario y aseveró que se trata de una denuncia sin sustento respecto a hechos que son completamente falsos".
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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