Sistema de Admisión Escolar: Cámara aprueba indicación que lo suspendería en 2025
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, una indicación que suspendería, al menos por el próximo año, el actual Sistema de Admisión Escolar (SAE), también llamado la "tómbola" por sus opositores.
La indicación, presentada por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), tuvo 72 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones. Si bien había sido declarada inadmisible por la mesa, la sala de la Cámara revirtió la decisión.
"Queremos eliminar la maldita tómbola"
"Queremos eliminar la maldita tómbola, que ha sido una verdadera tortura para las familias chilenas. Queremos recuperar el respeto para nuestros queridos profesores", señaló Bobadilla durante el debate.
"Queremos erradicar a los overoles blancos que han destruido la educación en nuestro país y queremos impedir que se les financie con el impuesto de todos los chilenos la educación superior a estos delincuentes", agregó.
En la misma instancia, el legislador explicó que con esta indicación "estamos disminuyendo el gasto y le estamos restituyendo un derecho fundamental a los padres, que es elegir la educación de sus hijos, porque con este sistema es el Estado el que determina dónde deben estudiar nuestros hijos".
El Gobierno hizo reserva de constitucionalidad
Tras la aprobación de la norma, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien lidera la discusión de la Ley de Presupuestos 2025 en el Congreso, hizo reserva de constitucionalidad respecto de la indicación.
"El Ejecutivo hace reserva de constitucionalidad y hace notar que al aplicarse esta norma el sistema educativo queda sin ningún mecanismo de admisión, es decir, queda de acuerdo al arbitrio que alguien determine", argumentó.
"Puede que a uno no le guste cómo está estructurado el sistema de admisión, pero otra cosa es que no exista ningún sistema de admisión", explicó el secretario de Estado.
Otra indicación que se aprobó en la jornada plantea que los estudiantes de enseñanza media que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años, no tendrán derecho a la gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso.
En concreto, los alumnos a los que se les privaría de ese derecho son aquellos que cometan agresiones de carácter sexual; agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios.
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