La última reunión de Monsalve y Tohá: Se juntaron en el ex Congreso y reconoció uso de Ley de Inteligencia

“Esta es una invitación a comentar la actualidad nacional (...) que hace unos días era peor”. Eran pasadas las 17.15 horas del miércoles 16 de octubre y la ministra del Interior, Carolina Tohá, empezaba así su alocución ante los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

A esa altura, la ministra ya rumiaba entre sus pensamientos lo que 25 horas antes –a las 16.00 del martes– le había comunicado el director general de la PDI, Eduardo Cerna: que el subsecretario Manuel Monsalve mantenía una denuncia en su contra por violación.

Pero no solo eso. Ese martes 15 de octubre, en su despacho en La Moneda, el jefe de la policía civil le comunicó a Tohá que también se estaba investigando la solicitud de un informe de Inteligencia cursada por el –hasta ese momento- subsecretario del Interior.

De acuerdo con el relato de Tohá, esos mismos antecedentes son los que le comunica al Presidente Gabriel Boric, a quien llama una vez que recibe en su despacho al director de la PDI.

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Lo que no se sabía hasta ahora era que el jueves 17 de octubre –el día que estalló la bomba en La Moneda– la ministra Tohá se reunió con Manuel Monsalve en el ex Congreso, antes de que el subsecretario ingresara a la Subcomisión mixta de Presupuesto a las 12:08 horas.

En esa reunión –comentan quienes conocieron del intercambio– la otrora autoridad de Interior le reconoció a la ministra que solicitó un informe en el marco de la Ley de Inteligencia y le explicó sus razones para hacerlo.

Esas razones son conocidas pues el propio subsecretario explicó que no recordaba nada de los sucesos ocurridos entre el 22 y el 23 de septiembre, que sospechaba haber sido drogado y que temía ser víctima de extorsión.

La ministra Tohá, en las sucesivas vocerías sobre el caso Monsalve, ha descartado de plano conocer las diligencias que instruyó el exsubsecretario y por las cuales se investigan posibles infracciones a la Ley de Inteligencia.

En la audiencia de cautela de garantías, el fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz, describió que el imputado habría enviado a funcionarios de la PDI a revisar las grabaciones de los lugares que visitó ese día y que realizó gestiones para acercarse al círculo de la víctima.

“El primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas (...) por parte del imputado. Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la PDI, y lo sabemos por la declaración de una funcionaria de la PDI, que él le pidió que se acercaran a la víctima”, planteó Armendáriz.

Ese acercamiento consistió –según pudo confirmar este medio– en que funcionarios de la PDI que no se identificaron como policías se comunicaron por el citófono del edificio donde reside la víctima, pero que ella se negó a bajar.

Declarar como testigos

Desde La Moneda se alistan a una posible citación de sus autoridades de gobierno a declarar en calidad de testigos en el marco del Caso Monsalve, sobre todo a quienes el médico cirujano les entregó su versión de los hechos.

En ese sentido, resulta inminente que el Presidente Boric y la ministra Tohá reciban citaciones por parte del fiscal Xavier Armendáriz, pues ellos fueron los únicos que –hasta ahora– han reconocido que conversaron con Monsalve sobre los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de septiembre.

Para el penalista Jorge Fiol, académico de la U. Finis Terrae, resulta clave el testimonio de las autoridades a quienes Monsalve les relató su versión y la justificación que entregó para invocar la Ley de Inteligencia.

“Si es que Tohá participó en esta reunión, claramente sería una buena diligencia que se le tomara declaración como testigo a fin de poder corroborar la información en la carpeta investigativa y también si pudiese aportar información al respecto”, explica el penalista.

En paralelo, el sumario de Contraloría, a cargo del contralor metrepolitano René Morales, deberá establecer eventuales sanciones administrativas y también investigar posibles infracciones funcionarias en el uso de la Ley de Inteligencia, no solo respecto a Monsalve, sino que también de otras autoridades.