Fiscal Carrera comienza interrogatorios: Exconsejera del CDE es la primera en declarar contra Guerra por caso Hermosilla
A principios de esta semana, el fiscal jefe de Arica y Parinacota, Mario Carrera, aterrizó en Santiago para continuar con las diligencias de la investigación que le asignó Ángel Valencia respecto de la arista del caso Hermosilla, que salpicó a al expersecutor Oriente, Manuel Guerra, donde se indagan posibles delitos de corrupción y cohecho en causas de alta connotación que el otrora fiscal dirigía.
Envía tu denuncia a Mega Investiga aquíEn un principio, eran tres las causas en donde las decisiones que habría tomado el exfiscal Manuel Guerra están en tela de juicio: el caso Penta, Dominga-Exalmar y la investigación contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinoza. Pero tras las primeras diligencias, se sumó a la indagatoria una cuarta causa: el caso Cascadas.
En entrevista con CNN, el fiscal Mario Carrera informó que el caso que involucraba a Ponce Lerou y Aldo Motta se incorporó a su investigación dado que fue Guerra quien se hizo cargo de la denuncia del juez Cristián Soto en contra de su colega Laura Assef, por supuestamente mantener contactos impropios con la defensa de Motta.
Lo que se investiga ahí –según detalló Carrera– apunta a establecer cómo Guerra cerró esa investigación y si habría mantenido comunicaciones con algunos de los intervinientes.
Los delitos que se podrían configurar contra Guerra –en las causas que el fiscal de Arica tiene en su carpeta– apuntan a cohecho, revelación de secreto y otros delitos funcionarios.
Las primeras diligencias
Durante su estadía en Santiago, según pudo corroborar este medio, el fiscal Carrera tomó declaración este miércoles en las inmediaciones de la Fiscalía Nacional a la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, quien fue querellante en el caso Penta.
Quienes conocieron de esa declaración señalan que la jurista entregó detalles respecto a las maniobras que habría utilizado Guerra para dejar afuera a los querellantes, entre ellos el CDE, de la reformalización en contra de los controladores de Penta –Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín– y el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner.
En junio de 2018, Guerra decidió eliminar el delito de soborno en contra de Délano y Lavín y recalificar el cohecho como enriquecimiento ilícito en contra de Wagner, quien recibió un pago de $42 millones por parte del holding mientras era funcionario de gobierno, según se pudo acreditar la investigación.
En lo práctico, esa jugada permitió rebajar las penas en contra de esos tres imputados y dejar sin espacio de acción a los querellantes, pues solo se mantuvieron los delitos tributarios, respecto a los cuales solo puede actuar como querellante el SII.
“Todo lo que realizó fue en contra de la parte querellante, la cual supuestamente íbamos por la misma cuerda. Yo creo que él no quería que estuviéramos alertados de lo que él iba a hacer en la audiencia”, dijo Horvitz a Mega Investiga.
En su testimonio ante Carrera, dicen fuentes de la investigación, la abogada Horvitz declaró que el 2 de julio de 2018 –es decir un día antes de la audiencia de reformalización–, el entonces fiscal Guerra envió un correo a los querellantes del caso, donde adjuntó un proyecto de la formalización donde se mantenían los delitos originales (cohecho y soborno) de la primera formalización.
“Sin embargo, después descubrimos que no guardaba relación con la que efectivamente se formuló en estrados, dejando de manifiesto con ello que su intención era evitar a toda costa que pudiéramos intervenir en la audiencia”, se lee en un recurso que introdujo el CDE para impugnar la maniobra de Guerra.
LO ÚLTIMOLo que viene
Los primeros que serán citados a declarar son quienes fueron querellantes en los casos donde Guerra habría pactado salidas alternativas o habría realizado intervenciones impropias, así como a los fiscales de cada uno de esos casos.
Luego de ello, se tomará declaración a quienes figuraron como imputados en esas causas. En ese sentido, no se descarta que se cite al senador Iván Moreira y a los controladores de Penta.
Mega Investiga corroboró con la defensa de Guerra que el exfiscal entregó su celular de forma voluntaria y que aún no es citado a declarar. Sin embargo, el mismo fiscal Carrera detalló que el expersecutor está llano a colaborar con la investigación.
En ese sentido, Guerra consintió la apertura de sus cuentas corrientes, pues una de las hebras que se indaga es el aumento de su patrimonio personal tras su salida del Ministerio Público en julio de 2021.
Un año después, Manuel Guerra adquirió un departamento en las costas de Maitencillo por 7.900 UF, equivalentes a más de $262 millones al valor de la época, y un vehículo BMW con un valor comercial cercano a los $80 millones.
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