Revelan que se hacen transferencias por $36 mil millones anuales desde el Estado a organismos internacionales
¿Qué pasó?
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de su última fiscalización respecto a las transferencias realizadas por instituciones públicas a organismos internacionales durante los años 2019 y 2023.
De acuerdo al informe del servicio público, cada año se hicieron cerca de $36 mil millones en transferencias.
¿Qué dice el informe del CPLT?
El documento, elaborado por el Área de Fiscalización Aplicada de la Unidad de Fiscalización del CPLT, analizó las transferencias realizadas por 53 instituciones públicas a diversos organismos internacionales.
Entre los hallazgos destacados se encuentra que en el año 2023, 52 instituciones públicas realizaron 246 transferencias a organismos internacionales. Esto representa un incremento del 8% si se compara con el año 2019, cuando 38 instituciones efectuaron 227 transferencias, aunque los montos totales transferidos en ambos años son muy similares y superan los $35 mil millones.
¿Qué organismos recibieron más fondos?
Entre los organismos que recibieron mayor cantidad de fondos en 2023, lidera la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con más de $13 mil millones, seguida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con $3 mil millones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con $1.800 millones.
A esto se suma que hubo instituciones que efectuaron desembolsos a empresas internacionales por contratación de bienes o servicios. El informe indica que en 2019 se ejecutaron 26 pagos de este tipo por un total de $387 millones. Esta cifra sube considerablemente en 2023 con 42 pagos por un monto de $4.170 millones.
Instituciones con irregularidades
El estudio también revela que 10 instituciones mantienen deudas con organismos internacionales por un total de más de $6.700 millones. Entre los organismos con mayor nivel de deuda destacan la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Agricultura.
El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que "dentro de nuestros hallazgos se ha evidenciado que 30 instituciones presentaron incumplimientos o inconsistencias en sus respuestas y/o en sus deberes de transparencia activa, lo que constituye una barrera de acceso a la información pública susceptible de sanción".
"Oficiaremos a estas instituciones, requiriéndoles ajustar sus procedimientos y dar pleno cumplimiento a la Ley de Transparencia", agregó.
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