La turbulenta investigación por cohecho que une al hijo del supremo Valderrama con Manuel Guerra y Mario Vargas

El pasado 1 de junio se cumplieron siete años desde que la familia Padilla Arellano se querelló en contra del empresario minero, Juan Cristi Scheggia; su abogado, Eduardo Lagos Herrera -exdiputado radical; y el árbitro repartidor, Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama Rebolledo.

La familia, que había recibido un millonario predio como herencia, acusó que los tres involucrados actuaron coordinadamente para intentar vender el terreno a la Compañía Minera Santa Laura Ltda, de propiedad de Juan Cristi, a un precio mínimo. Para asegurar esa venta, le habrían pagado al juez partidor, Manuel Valderrama, quien sería el encargado de rematar la propiedad por un precio cercano a los $2 mil millones cuando los querellantes solicitaban un monto de $6.500 millones.

El Ministerio Público presentaría como prueba al menos tres depósitos que la PDI detectó en la cuenta de Valderrama. Según la acción judicial de la familia Padilla, las transferencias habrían sido realizadas por Compañía Minera Santa, y por la sociedad Inversiones Lagos y Lagos Ltda, cuyo dueño es el abogado y ex diputado radical Eduardo Lagos. El mismo que ha sido mencionado también en varios de los chats de Luis Hermosilla con fiscales y miembros del poder judicial y legislativo.

Semanas atrás Mega Investiga dio cuenta de la trama de este caso, donde también figura como querellante el Servicio de Impuestos Internos, y que incluyó una disputa a golpes entre los involucrados. El Ministerio Público investiga a los tres imputados por delitos de cohecho, prevaricación y apropiación indebida.

A pesar de que en numerosas oportunidades la indagatoria ha estado a punto de ser formalizada, distintos recursos judiciales interpuestos por la defensa han impedido que esta se concrete.

Para el abogado de la familia Padilla Arellano, Carlos Hidalgo, hay un claro interés en dilatar la investigación que se acerca a cumplir ocho años. "Se logró mantener paralizada la causa a la espera que la Fiscalía cambiara de opinión en cuanto a formalizar, sin embargo, cada vez que se levantaba la suspensión por el Tribunal Constitucional, se realizaba una nueva solicitud de audiencia ante el Juzgado de Garantía", explica Hidalgo.

Las idas y vueltas en el TC

El primer recurso ante el Tribunal Constitucional lo presentó el abogado Eduardo Lagos, el 1 de octubre de 2021. En ese entonces, el también exdiputado, presentó un requerimiento de inaplicabilidad solicitando la suspensión de la causa. Tres semanas después el TC lo acogió a tramitación y suspendió el procedimiento.

La suspensión se mantuvo durante cuatro meses, hasta que el 24 de febrero, el Tribunal resolvió declarar inadmisible el requerimiento presentado por Lagos, alzó la suspensión y reanudó la causa.

Tres meses después, nuevamente se interpuso un recurso ante el TC, que mantuvo suspendida la causa, esta vez fue presentado por Manuel Valderrama, a través de su abogado, Luis Masferrer. El TC suspendió por cerca de un año la causa, cuando en marzo de 2023 resolvió reanudar el procedimiento, tras acoger el requerimiento presentado por Valderrama.

El mismo procedimiento de suspensión y reanudación de la causa se repitió en 2023 y 2024. Sin embargo, el último escrito que las defensas realizaron ante el TC, presentado por el abogado Mario Vargas en representación del empresario Cristi, fue acogido a tramitación, pero no se paralizó la causa penal. Con esto la formalización de la investigación se realizaría definitivamente el 29 de julio de 2024.

Es en este punto, donde las defensas presentaron una nueva carta sobre la mesa. Esta vez apuntaba directamente al Ministerio Público, y en particular, a la Fiscalía Centro Norte que en ese entonces llevaba adelante la indagatoria.

Inhabilitación de Armendáriz: La arremetida de las defensas en Fiscalía

Ante el agotamiento de los recursos en el máximo tribunal constitucional y con una formalización fijada para el 29 de julio, las defensas comenzaron un nuevo movimiento de las piezas. Hasta inicios de mayo, Mario Vargas era quien llevaba adelante la defensa de su socio Eduardo Lagos y del empresario Cristi, sin embargo, el 3 del mismo mes, el exfiscal Manuel Guerra entró a la causa, esta vez como abogado defensor de Lagos.

Una de los primeros movimientos de Guerra fue buscar trasladar la causa desde la Fiscalía Centro Norte hacia la Fiscalía Oriente, unidad donde Guerra se desempeñó como jefe hasta el 31 de julio de 2021.

Así, el 12 de junio de 2024, el ahora abogado defensor en la causa, ingresó a la Fiscalía Nacional una solicitud de inhabilitación en contra del fiscal Xavier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Centro Norte. Guerra acusaba que Armendáriz tenía un evidente conflicto de interés en la causa, debido entre otras cosas, a su estrecha relación laboral con José Luis Pérez Calaf, exfiscal Metropolitano Occidente, quien en 2015 fue abogado de la Minera Santa Laura en el proceso de designación del juez partidor del caso Valderrama, lo que habría provocado un evidente conflicto de interés en la causa que se estaba investigando.

El mismo argumento habían usado una semana antes los abogados Samuel Donoso y Gabriel Zalinasnik, quienes defienden al hijo del juez Valderrama. Los abogados también ingresaron una solicitud de inhabilitación en contra de Armendáriz, para dejarlo fuera de la investigación.

Si bien, un mes después el Fiscal Nacional Subrogante, Héctor Barros, desestimó las solicitudes, al no configurarse causas de inhabilitación; finalmente optó por trasladar la investigación a la Fiscalía Oriente, para que quedara en manos de la fiscal Lorena Parra.

"Esta autoridad estima necesario que, dada la complejidad y gravedad de los hechos que son indagados, la dirección de las investigaciones penales indicadas estén a cargo de una Fiscalía Regional diversa, por razones de objetividad y buen servicio", se lee en el oficio firmado por el fiscal Barros.

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Así, la Fiscalía Centro Norte había perdido el control de la investigación que llevaron adelante por más de siete años, y ahora quedaba a cargo de la misma unidad que investiga el Caso Audios.

De hecho, la fiscal Parra designó al fiscal Felipe Sepúlveda, quien forma parte del equipo de investigación del Caso Audios, para hacerse cargo de la indagatoria en contra de Valderrama, Lagos y Cristi.

Tras esta serie de movimientos, finalmente la formalización de la investigación nuevamente no se concretó. El persecutor Sepúlveda optó por no formalizar a los imputados, ya que requería un "mejor estudio de los antecedentes" recabados durante los siete años de investigación.

Para el abogado querellante, no había justificación para nuevamente postergar una eventual formalización. "Esto grafica la forma cómo ha impactado la presentación de recursos por la defensa en la tramitación de la causa. Tanto es así que lograron que después de tres años tratando de formalizarse la causa, esta finalmente se dejara sin efecto sin que existiera ningún motivo plausible por parte de la Fiscalía", afirma Hidalgo.

Los nexos con el caso audios

Varios de los protagonistas de esta causa han sido salpicados por el Caso Audios. El 8 de septiembre, El Mostrador reveló que la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presidió la Tercera Sala de la Corte Suprema donde se dictó un fallo a favor del Consorcio Belaz Movitec, que ordenaba a la estatal Codelco a pagar cerca de $11 mil millones a dicha firma.

Quienes representaron al consorcio en esa causa fueron los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, este último, tendría una estrecha relación con la ministra Vivanco. Un reportaje de Ciper dio cuenta de que en 2022 Vargas asistió a una cena que organizó Vivanco para el fiscal Carlos Palma, cuando este competía para ser fiscal nacional; y también participó de las celebraciones de cumpleaños de la ministra. Con todo, Vivanco no se inhabilitó en la causa vinculada al Consorcio Belaz Movitec.

Los antecedentes de este caso, ya están siendo investigados por la Fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y la Corte Suprema incluyó esta arista en el cuaderno de remoción que abrió en contra de Vivanco.

En el mismo reportaje, Vivanco aseguró que Vargas es un "muy amigo" del juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, con quien asistía habitualmente a distintos encuentros.

El juez Ulloa también ha sido parte de la causa donde se investiga a Lagos, Valderrama y Cristi, donde Vargas es uno de los abogados defensores. El pasado martes 10 de septiembre, el juez Ulloa se pronunció sobre una contienda de competencia, luego de que los abogados de la defensa, entre ellos, Samuel Donoso y el propio Vargas, solicitaran que la causa fuera vista por el Cuarto Juzgado de Garantía, y no por el Séptimo, como solicitaba la defensa.

Ulloa no se inhabilitó, a pesar de que en la causa, participaba Vargas como defensor de dos de los imputados. En la ocasión, el juez votó en contra del recurso presentado por las defensas.

No es la primera vez que Ulloa interviene en una causa vinculada a Vargas. CNN reveló que el juez de la Corte de apelaciones de Santiago ya se había pronunciado a favor de un recurso presentado por Vargas, en una causa donde este último representaba a otro abogado, Sebastián Morando. En ese momento, Ulloa explicó al medio que "la causal de recusación es con la parte y no con el abogado de la parte (...) el ministro Ulloa no conoce al abogado defendido por el abogado Mario Vargas", por lo que no tendría que haberse inhabilitado.

El exfiscal Manuel Guerra, es otro de los abogados que protagoniza una de las aristas del caso audios. El pasado 27 de agosto, Ciper reveló que la Fiscalía estaba detrás de las huellas de los mensajes que intercambiaban constantemente Guerra con el abogado Luis Hermosilla.

Varios de esos intercambios ocurrieron mientras Guerra estaba a cargo de la investigación del Caso Penta. Según el reportaje, en uno de los diálogos Hermosilla y Guerra "hablan de que deben contactar a "Andrés" (Chadwick) para darle una salida al Caso Penta". El Ministerio Público se encuentra analizando eventuales delitos que puedan haber revelado dichos intercambios.

El pasado viernes 13 de septiembre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, dio cuenta de que el exfiscal Guerra dejó de ser el abogado del imputado Lagos, quien quedó a la espera de un nuevo defensor.

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