Detectan irregularidades en Programa de Cannabis: Fundación Daya y 13 municipios son enviados al CDE por Contraloría

Graves irregularidades detectó una extensa fiscalización de Contraloría que analizó los convenios que firmó la Fundación Daya con 13 municipios del país para implementar el “Programa de Uso Compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”.

La auditoría revisó los contratos que se establecieron entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023 en las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, donde se destinaron $423.426.000 millones, de los cuales fueron transferidos desde los gobiernos locales $359.025.625 de acuerdo al informe de Contraloría, que tuvo acceso Mega Investiga.

Dentro de las situaciones más graves que concluye el reporte apunta a que los auditores no pudieron tener la certeza documental que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).

Según el informe de fiscalización, la Fundación Daya, creada por la diputada Ana María Gazmuri, recibió los millonarios recursos entre junio de 2015 y diciembre de 2016, pero solo accedió a una autorización provisional del ISP en 2018 para crear 7.200 dosis, las cuales no alcanzaron para cubrir el total comprometido con los 13 municipios. En esa línea, el Instituto de Salud Pública no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario, expone la revisión de Contraloría.

En octubre de 2023, el diputado Juan Irarrázabal ya había denunciado eventuales irregularidades de la Fundación de Ana María Gazmuri. El parlamentario reveló, en ese momento, que los convenios firmados con 11 municipios para tratar a pacientes con dolores crónicos habían financiado “chocolates, compras de viajes y hasta el pago de internet de la diputada Gazmuri”. Esto fue descartado por la actriz, quien indicó que su ONG gastó la totalidad de los recursos en los programas firmados con las municipalidades.

Dosis de Emergencia y nuevos contratos

Contraloría detectó, además, que dichas dosis no estuvieron destinadas sólo al proyecto de la ONG con los municipios, lo que implicó que el medicamento alternativo no alcanzara a cubrir lo firmado con los gobiernos locales, cuyo diseño buscaba atender a 2.300 pacientes por año.

Así, el organismo constató que nueve de trece municipalidades no recibieron el tratamiento acordado y sólo dos obtuvieron una parte de las dosis. Esto, a pesar de que la Fundación Daya recibió una subvención de $288.454.625 para esos fines.

A pesar de que los convenios se realizaron entre 2015 y 2016, recién en 2018 el ISP autorizó un proceso para elaborar 7.200 dosis de emergencia, lo que derivó en que la Fundación Daya y el laboratorio realizaran gestiones con los municipios para entregar el fármaco a los pacientes, lo que derivó en nuevos acuerdos para fijar otros requerimientos.

Este aspecto es relevante, pues la auditoría no pudo constatar que las municipalidades afectadas hicieran valer el cumplimiento íntegro de los contratos originales o en su defecto hicieran los intentos para conseguir la devolución de los millonarios recursos destinados a este plan médico alternativo a cargo de la Fundación Daya y su entonces directora Ana María Gazmuri.

De acuerdo al informe de Contraloría, los alcaldes tampoco ejercieron acciones judiciales para lograr dicho propósito, lo que vulnera la legislación vigente y transgrede los principios de control y eficacia de los recursos públicos.

Por esto, la entidad dirigida por Dorothy Pérez determinó enviar todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para iniciar una avanzada penal de estos 13 convenios. Además, instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos graves hechos descritos.

Más de la mitad de la cosecha de Cannabis se perdió

La mala gestión del Programa de Uso Compasivo de Aceites de Cannabis en los municipios provocó que el 76,9% de la cosecha de cannabis se perdiera. Es decir, 1.409.040 gramos quedaron inutilizados: 1.014.759 gramos fueron destruidos-por normas del ISP- y el remanente de 68.905 quedaron en posesión del laboratorio, pero sin uso por la antigüedad. Por tanto, según el reporte de Contraloría, sólo se pudieron usar 325.379 gramos en el proyecto de la Fundación Daya.

Es probable que todos estos antecedentes abran investigaciones de oficio en el Ministerio Público, debido a que no sólo se perdió la mayoría de la cosecha de cannabis, lo que tuvo un costo de más de $400 millones. El ente fiscalizador también descubrió graves irregularidades al interior de los gobiernos locales.

Por ejemplo, se constató incumplimientos en las rendiciones de cuentas: no se exigió a la Fundación Daya con la regularidad que exige la normativa, no se requirieron los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos transferidos. Así, en este escenario se encuentran Quilpué, Quinta Normal, Graneros, Peñalolén, Antofagasta y Copiapó.

En el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros, la auditoría, sostiene que no se encontraron rendiciones o en algunos documentos se hallaron duplicidad de los dineros informados como gastos. El informe advierte que la fundación "rindió una serie de gastos que no se ajustaban al objetivo del proyecto establecido", por un total de $54.279.652.

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El listado de gastos incluyen pagos de permisos de circulación; pago de comisión a un corredor de propiedades por el arriendo de un inmueble -que no corresponde al domicilio de la Fundación Daya ni a la dirección del terreno donde se realizó la plantación de la cannabis; los cuales no fueron objetados por las municipalidades. 

Junto con esto se registran numerosos gastos por concepto de alimentación, que si bien estaban contemplados en el presupuesto del convenio, en la práctica no se indicaron los motivos para realizar esos gastos, detectándose "comprobantes de supermercados, restaurantes y cafeterías, entre otros". 

Así, por ejemplo, se desembolsaron $550.000 para la reparación de una camioneta; $2.958.111 para gastos de alimentos en locales que van desde restaurantes en Concón hasta heladerías; y $389.000 en compras de artículos de cocina como tabla para picar y tazones.

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