Contrato personal con hermano del administrador e informes duplicados: Los otros cuestionamientos al alcalde de Chillán

Reconociendo errores administrativos y apuntando a la responsabilidad de los funcionarios, así fue la defensa que presentó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD), frente a una serie de cuestionamientos hacia su administración, que fueron dados a conocer en un capítulo del programa Hasta Cuando de Mega Investiga.

Los cuestionamientos provienen principalmente de tres informes de Contraloría, donde se consignaron distintas irregularidades en la compra de la Medialuna de Chillán; en los contratos con la empresa de áreas verdes, Parques Johnson; y en una serie de contrataciones que se realizaron durante la administración de Benavente.

A esto se suma una investigación en curso que mantiene la Fiscalía Regional de Ñuble de manera reservada, junto con una serie de acciones judiciales que emprendieron un grupo de concejales, desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional, donde buscan —entre otras cosas— destituir al alcalde Benavente por notable abandono de deberes.

El jefe comunal calificó estas últimas acciones como “acusaciones políticas” de parte de un grupo de concejales. Aún así, las acusaciones han nacido de representantes de su propio sector político, como es la concejala comunista Quenne Aitken o el concejal radical, Juan Pablo López.

Tras la emisión del último capítulo de Hasta Cuando, el concejal de RN, Joseph Careaga, envió un correo a los funcionarios de la municipalidad, acusando que varias de estas irregularidades se le advirtieron al alcalde. Junto con esto, solicitó una sesión extraordinaria para discutir la remoción del actual administrador municipal, quien se encuentra suspendido de su cargo.

Falta de abstención y suspendido de su cargo: los conflictos de la mano derecha del alcalde

Este miércoles el administrador municipal de Chillán, Richard Guzmán, cumplirá más de 120 días fuera de su cargo. Fue en abril de este año cuando el diputado Frank Sauerbaum (RN), denunció ante la Contraloría que Guzmán intervino en la contratación de su socio Carlos Araya Sandoval en el municipio, con quien había creado una empresa que según el administrador, nunca tuvo movimiento.

El hecho derivó en un sumario ordenado por Contraloría en contra del administrador, lo que terminó con la suspensión temporal de su cargo mientras se investigan los hechos.

El pasado 26 de abril, el fiscal instructor del sumario envió un oficio a la Fiscalía de Ñuble, advirtiendo que durante las primeras diligencias de la indagatoria, se detectaron situaciones que “podrían también configurar la comisión de uno o más ilícitos penales”.

Según datos de transparencia, durante los cuatro meses que lleva la investigación, el administrador ha seguido recibiendo su remuneración, la que asciende a $7.776.839, y el alcalde ha optado por mantenerlo en su cargo hasta que exista un resultado del sumario iniciado por Contraloría.

Mientras tanto, el socio del administrador, Carlos Araya Sandoval, actualmente ocupa el cargo de director de Secpla, por el que registra una remuneración mensual cercana a $7.460.070. Araya es otro de los colaboradores y amigos más cercanos al alcalde. De hecho, en 2021, el jefe comunal participó activamente de la campaña de Araya para convertirse en Consejo Regional de Ñuble, candidatura que finalmente no prosperó.

En 2021, el propio Guzmán nombró a Carlos Araya como encargado de Transparencia de la municipalidad, además de ser designado como suplente de la administración municipal.

Junto con esto, dos hermanos del director de Secpla también registran contratos con la municipalidad. Se trata de Richard Araya Sandoval, trabajador de la dirección de Medio Ambiente, y Felipe Araya Sandoval, funcionario de la dirección de Seguridad.

Ambos aparecen en un informe de Contraloría que detectó a 21 trabajadores a honorarios que emitieron “informes homogéneos” que describen mensualmente las mismas funciones realizadas. El informe del ente contralor señala que entre los informes de los 21 trabajadores, se constataron pagos por $138.072.249.

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Pero este no era el único cuestionamiento que afectaba directamente a la administración de Benavente. El mismo ente contralor observó que Guzmán intervino directamente en la contratación de dos personas cercanas a él.

Se trata de las hermanas Fernanda Calderón Becerra y Nicole Calderón Becerra, quienes ingresaron al municipio a fines de 2021 y a inicios de 2022 respectivamente, luego de que el propio administrador enviara correos solicitando sus contrataciones. “Favor proceder inmediatamente con decretar su comisión de servicio como apoyo del programa ‘Chile crece contigo’”, se lee en uno de los correos enviados por Guzmán a los que tuvo acceso Mega Investiga.

La Contraloría consignó que el administrador debió haberse abstenido de dichas contrataciones al tener una cercanía expresa con las funcionarias. Específicamente, se advierte que Nicole Calderón tendría un hijo en común con el hermano del administrador, Samuel Guzmán Fernández.

Los pagos del alcalde al hermano del administrador

Más de 16 mil seguidores registra la cuenta del alcalde Benavente en Instagram. En su perfil muestra las distintas actividades que realiza durante sus jornadas laborales: visitas a terreno, reuniones con vecinos, entre otras.

Quien administra sus redes sociales es justamente Samuel Guzmán Fernández, hermano del administrador municipal. Guzmán es cercano al alcalde, participó activamente de su campaña y desde agosto de 2021 que se hace cargo de las redes sociales del edil.

Sin embargo, Guzmán no figura como funcionario de la municipalidad. El alcalde es quien desembolsa mes a mes los pagos desde su bolsillo hacia Guzmán por el manejo de sus redes sociales. Dicha modalidad fue observada en el informe 869/2022 de Contraloría, donde se cuestiona que el alcalde no haya formalizado este vínculo a través de un contrato de Guzmán con la municipalidad.

“El apoyo que el señor Guzmán Fernández le presta al alcalde ocurre temporalmente durante la jornada de trabajo de este último e implica el uso de recursos del municipio”, versa el informe. Además, se da a conocer que el hermano del administrador en al menos cuatro ocasiones, coordinó o acompañó al alcalde en diferentes actividades con la comunidad.

El organismo consigna además que Guzmán se encuentra impedido de prestar servicios en municipalidad, ya que es hermano del administrador municipal, por lo tanto, “no corresponde que desarrolle funciones propias de la gestión municipal y que se relacionan con las atribuciones que posee el municipio”.

Sobre este punto, el jefe comunal aseguró a Mega Investiga que no veía problema en que fuera él mismo quien pagara el sueldo del hermano del administrador. “Soy de los pocos alcaldes que mis redes las ve un externo (...) son mis redes, no las de la municipalidad”, comentó.

Desde Chile Transparente cuestionan que un particular maneje las redes sociales del alcalde de la comuna. “Para trabajar en el Estado, en cualquier tipo de función, se requiere de un acto de nombramiento que le da legalidad a ese acto”, advierte Michel Figueroa, y asegura que bajo esta modalidad, Guzmán no podría ser sometido a un sumario en caso de eventuales faltas o irregularidades que cometa en su cargo.

El complejo historial del contendiente: el exalcalde Sergio Zarzar

Uno de los principales contendientes del alcalde Benavente en las elecciones de octubre, es Sergio Zarzar (RN), el exjefe comunal que encabezó por tres periodos consecutivos el municipio de Chillán, entre 2008 y 2021.

Su mandato no estuvo exento de polémicas. En 2020 el “caso luminarias” aterrizó directamente en el municipio, donde debió enfrentar los cuestionamientos a su administración, particularmente a su entonces asesor jurídico, Marcelo Campos, y a su mano derecha, el exadministrador municipal Ricardo Vallejos, quienes fueron formalizados por cohecho; estuvieron en prisión preventiva y hoy se preparan para enfrentar el juicio oral, donde arriesgan penas de hasta ocho años de cárcel.

El caso luminarias no fue el único escándalo que salpicó al exedil. En 2021 Zarzar debió enfrentar a la justicia luego de que el Ministerio Público lo formalizara por el delito de desacato, al incumplir una resolución de la Corte Suprema que obligaba al municipio a detener la extracción de aguas y el retiro de las obras de captación en las Termas de Chillán. Sin embargo, meses después, el Juzgado de Garantía de Chillán resolvió el sobreseimiento del exalcalde.

Al igual que en la administración de Benavente, los contratos para la mantención de áreas verdes también generaron problemas para Zarzar. Un informe de Contraloría y su posterior análisis de seguimiento, dio cuenta que durante la administración del exedil RN, no se cursaron multas a la empresa OHL Servicios a cargo del servicio, por cerca de $300 millones.

Junto con esto se detectaron una serie de deficiencias en el desarrollo del contrato, como pago improcedente por áreas verdes no intervenidas; falta de indumentaria de los trabajadores; ausencia de visaciones en decreto de pago; entre otros.

Parte de estos cuestionamientos son los que complican las aspiraciones del exalcalde Zarzar, y que le han significado la pérdida de apoyos de su propio sector político. En ese listado figura el senador por la región de Ñuble, Gustavo Sanhueza (UDI), quien en entrevista con el diario La Discusión, afirmó que “el círculo que acompañó a Sergio Zarzar, que fue el que lo traicionó y que finalmente enlodó parte de la gestión que él hizo como alcalde -en la que hay logros importantes, como la terminación del Teatro Municipal-; es el mismo que está hoy día. Y en esas condiciones yo no lo puedo apoyar”.

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