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El desconocido rol de Sharp en la caída de Achifarp: Testigo clave lo acusa de "complicidad" en delitos de corrupción

71 días se cumplen este martes desde que el otrora alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), ingresara al anexo penitenciario Capitán Yáber a cumplir prisión preventiva, tras ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte por cinco delitos de corrupción en el marco de la investigación del caso farmacias populares.

La indagatoria, que se arrastra hace tres años y es liderada por la fiscal Giovanna Herrera, fue uno de los últimos golpes al proyecto estrella del alcalde Jadue en Recoleta, iniciativa que le permitió catapultar su popularidad y cimentar una candidatura presidencial que, finalmente, no prosperó.

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En 2021, Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp y además César Ramírez, vendedor de la empresa, presentó una autodenuncia en la que señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores prioritarios de la municipalidad. Ese bono se tradujo en insumos médicos y, según su acusación, fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.

Pero la caída de las farmacias populares empezó mucho antes. Mega Investiga accedió a una declaración reservada de un testigo clave para la Fiscalía: Marco Fernández Neira, exjefe de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Recoleta y quien fue el encargado –a petición de Jadue– de implementar las farmacias populares.

En su comparecencia ante la fiscal Giovanna Herrera, acaecida el pasado 18 de abril, Fernández acusó al actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, de ser el responsable –en su rol de tesorero– del deficiente manejo de recursos de Achifarp que derivó en el actual proceso de liquidación judicial y de arrastrar a una millonaria deuda a la Municipalidad de Valparaíso.

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Pero no solo eso. “Si se comprobaran algunos de los cargos de fraude, lavado de activos, cohecho en el caso Achifarp, estos nos hubieran sido posibles sin la complicidad y el encubrimiento realizado por el tesorero Sharp”, se lee en la declaración de Fernández.

El tesorero Sharp

Conseguir medicamentos a precios más bajos y accesibles. Con esa promesa nació en 2014 el proyecto de farmacia popular en Recoleta en la primera administración de Daniel Jadue. Iniciativa que, debido a su rápido auge, empezó a concitar el interés de otros jefes comunales del país.

Fue así que el 3 de junio de 2016 se constituyó formalmente la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). De acuerdo con su acta de constitución, fue formada e integrada por 91 municipios, los cuales debían pagar cuotas de inscripción y aportes anuales.

Un año más tarde se ratificó su primer directorio, que quedó conformado por Jadue como presidente de la asociación, la entonces alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, como vicepresidenta; Germán Codina de Puente Alto como segundo vicepresidente, y el jefe comunal de Valparaíso como tesorero de la entidad.

Es este último a quien Fernández, actual funcionario de Salud de la Municipalidad de Valparaíso, sindica en su declaración como el principal responsable de la caída y judicialización de la asociación.

De acuerdo con su relato, en 2016 el entonces recién electo alcalde Sharp lo invitó a participar en su administración, en el cargo de subdirector de economía en salud, que dependía de la dirección de salud comunal. Pero al poco andar, dice Fernández, sonaron las primeras alertas.

“En mi calidad de creador técnico de las farmacias populares, se me invitaba a participar ocasionalmente como apoyo técnico a reuniones de directorio. Ahí comencé a notar una despreocupación negligente del alcalde –tesorero Sharp– con el trabajo y los recursos de la asociación”, testificó.

En la misma línea, el exfuncionario de Recoleta acusó que sus advertencias fueron ignoradas, por lo que comenzó a tener “dudas de las reales intenciones de Sharp, ya que no podía comprender que semejante irresponsabilidad no era casual o involuntaria”.

Para cumplir el objetivo de Achifarp –adquirir medicamentos a bajo costo– era necesario crear una droguería, lo que permitiría intermediar entre laboratorios y farmacias. Pese a las donaciones que seguían contribuyendo los socios de la asociación, nunca se avanzó en esa dirección y para 2021 las municipalidades dejaron de pagar el aporte anual, entre ellas Valparaíso.

El alcalde Sharp dio la instrucción de que la municipalidad dejara de pagar la cuota por desconfianza sobre el correcto uso de los recursos. Los cuales debían ser resguardados y supervigilados de manera obligatoria por el tesorero Sharp. O sea, el alcalde Shar deja de pagar la cuota por desconfianza sobre la administración de los recursos por parte del (mismo) tesorero Sharp”, plantó en su declaración.

A juicio de Fernández, en ese momento se configura el delito de “omisión de denuncia por parte del alcalde tesorero, ya que cuenta con los antecedentes para dejar de pagar y no realiza ninguna denuncia, ni auditoría, ni siquiera pide los balances”.

“Manifesté que –continúa Fernández– teníamos que, junto con dejar de pagar, debería renunciar al cargo de tesorero y renunciar a la asociación. Lo cual se negó categóricamente, ya que quería seguir siendo el tesorero de la Achifarp aun cuando no pagara”.

Luego de que estallara el primer caso contra Achifarp, Sharp renunció al directorio. Según pudo constatar en Mega Investiga, el alcalde tenía dos cartas para enviar al presidente de la asociación, Daniel Jadue: una donde se detallaban las irregularidades en la información financiera y otra “genérica”. Finalmente optó por enviar esta última.

La declaración cierra con que, a juicio de Fernández, Sharp tenía motivos políticos para no denunciar las irregularidades al interior de Achifarp. Finalmente la Municipalidad de Valparaíso no renunció a la asociación y hoy es una de las 42 municipalidades que figuran como demandadas por la deuda que, presuntamente, acarrean con Achifarp.

“Para renunciar se debía informar al concejo municipal sobre los motivos y eso significaría denunciar públicamente los motivos de la decisión y no estuvo dispuesto hacerlo, por motivos políticos”, acusó.

La versión de Sharp

El jefe comunal de Valparaíso fue citado a declarar en julio de 2023 calidad de testigo. Desde la Fiscalía Centro Norte aclaran que, hasta el momento, Sharp permanece bajo esa calificación y que no existen aristas asociadas al rol que jugó como tesorero de Achifarp.

En medio de la audiencia de formalización de Jadue, la fiscal Herrera entregó algunas luces de la declaración que entregó Sharp en medio de la indagatoria.

En ese sentido, el exfrenteamplista apuntó que “en mi calidad de tesorero, yo no tenía acceso a las cuentas bancarias (...) El que contrataba a los asesores y secretarios ejecutivos era, tengo entendido, el alcalde Jadue”.

Mega Investiga contactó al alcalde Sharp, quien ante las consultas señaló que “fui invitado a ocupar el cargo de tesorero, el cual en la práctica no ejercí y renuncié el año 2021 en el mes de septiembre”.

“Durante todo este tiempo no tomé parte directa ni indirectamente de una compra, contrato o decisión vinculada a los hechos que investiga la Fiscalía. No tuve acceso a cuentas corriente, ni tampoco giré cheques ni fui parte de la contratación de funcionarios”, complementó el extesorero.