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Tras polémica por autos Lexus: El monto que costarían los autos que finalmente compraría el Poder Judicial

¿Qué pasó?

Fue a principios de año cuando el Poder Judicial se vio envuelto en una polémica, luego de que el Pleno de la Corte Suprema aprobara la propuesta para comprar 22 automóviles de alta gama. Transacción que ascendería a casi $1.300 millones de pesos y que fue ampliamente comentada por el mundo político.

En ese momento, se habló de la compra de vehículos marca Lexus, de cerca de $56 millones, según su precio de lista de ese entonces. Sin embargo, no se concretó debido a la polémica desatada y el proceso quedó congelado, a la espera de poder reunir más antecedentes.

LO ÚLTIMO

De acuerdo a lo que indica El Mercurio, una de las primeras definiciones consistió en que el recambió será para los automóviles correspondientes a la Suprema, pero sumándose, además, los de los 33 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, así como los de los presidentes de todos los tribunales de esa competencia a lo largo del país.

El costo de los autos que finalmente comprará el Poder Judicial

Serían más de 70 vehículos los que se comprarían, acordándose que estos no fueran de alta gama, sino que algo similar al Toyota Camry híbrido que tienen en la actualidad los integrantes de la Corte Suprema, que se compraron en 2014.

 

Imagen referencial / Créditos: ATON

 

Se estableció que el tope del costo rondaría los 35 millones de pesos o un poco más, a propósito de que uno de los puntos más cuestionados del bullado proceso es la cantidad de dinero que se desembolsaría.

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Otras de las diferencias importantes respecto del proceso anterior, es someter la compra de estos vehículos a licitación pública. Entre otras razones, considerando que el Toyota Camry híbrido está discontinuado, por lo que se quiere buscar una mejor propuesta de acuerdo al precio calidad.

Ahora, eso sí, uno de los nudos que quedan por desatar es saber la forma en que se comprarán los bienes. Una opción es incorporar ese ítem al presupuesto del Poder Judicial o bien a través de "saldo inicial de caja", lo que requeriría el visado del Ministerio de Hacienda.