Tras no dar respuesta por reclamos: Sernac advierte que representante legal de Lippi arriesga cárcel

¿Qué pasó?

Luego de no dar respuesta a un oficio requerido por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el organismo citó a declarar al representante legal de la marca Lippi. Esto en el marco del aumento significativo de reclamos por parte de consumidores durante este año en compras realizadas en esa tienda y en la Haka Honu.

Solo a modo de contexto, el mismo Sernac aclaró que solo entre enero y junio, este ente fiscalizador ha recibido 3.013 reclamos, un 58% más que en todo 2023.

La mitad de estos alegatos, tiene que ver con "retardo en la entrega de lo comprado", seguido por la causa "término unilateral del contrato".

Representante legal de la firma arriesga orden de arresto

Desde el Sernac señalan que una citación a declarar es una medida contemplada en el artículo 58 de la Ley del Consumidor, que permite a la institución convocar a representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas para recabar información detallada sobre situaciones de consumo.

Esta herramienta legal fue convocada luego de que Lippi no respondiera el oficio requerido por la institución, que buscaba conocer más antecedentes sobre los reclamos de los consumidores acerca de los reiterados incumplimientos.

En caso de no asistir a esta situación, el Sernac apunta que podría solicitar "al Juzgado de Policía Local una orden de arresto para su representante legal para que concurra".

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Es inconcebible que una empresa, que debe ser profesional y seria, no responda a los consumidores, que ya en sí es un incumplimiento, sino que además, no cumpla con su deber legal de respuesta a nuestro ente fiscalizador”, declaró el Director Nacional de Sernac, Andrés Herrera.

Lippi ha tenido antecedentes por incumplimientos con los clientes

De acuerdo al comunicado del mismo Sernac, "Lippi ya tuvo un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con SERNAC debido a su mal comportamiento en el Cyber Day de 2019, lo que resultó en compensaciones por retrasos en la entrega, estipulando cerca de $10 mil por cada persona que reclamó".

"Luego de recabar los antecedentes de estas acciones, el ente fiscalizador no descarta optar por otros caminos, como una demanda colectiva u otros procedimientos", agregan.

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