Ministerio de Transportes retira de Contraloría reglamento de la "Ley Uber"
¿Qué pasó?
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones retiró de Contraloría el polémico reglamento de la llamada "Ley Uber", el que ha sido cuestionado por las aplicaciones de transportes debido a las exigencias que establecerá a los conductores de estas plataformas.
Fue el pasado mes de enero que la cartera ingresó a la Contraloría el reglamento, el cual debía ser revisado por el organismo para su posterior toma de razón. Sin embargo, aplicaciones como Didi, Uber y Cabify, recurrieron al ente contralor para plantear sus reparos a la normativa.
¿Por qué el Gobierno retiró de la Contraloría el reglamento de la Ley Uber?
Desde el Ministerio de Transporte señalaron a Meganoticias que el retiro del reglamento se trata de una acción regular que se suele tomar con la mayoría de las normativas.
La cartera explicó que la Contraloría siempre realiza un proceso de observaciones y comentarios a los documentos, los cuales luego son retirados para responder los requerimientos del organismo y así volver a ser ingresados.
De hecho, según consigna La Tercera, el oficio ingresado por la jefa de la división legal de la Subsecretaria de Transportes, Dennise Ramírez Parra, indica que el retiro "se solicita atendido a que se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido".
Ir a la siguiente notaEl polémico reglamento de la "Ley Uber"
La ley busca formalizar la industria de aplicaciones de transportes y entregar mayor seguridad a los pasajeros, obligando a las plataformas a entregar información cruzada entre el usuario y el conductor.
Una de las normas polémicas del reglamento es que exigirá que los vehículos tengan una cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos. Si esto entra en vigencia, los modelos como el Suzuki Baleno, el Toyota Raize y el Kia Morning, que están entre los más vendidos en nuestro país, no podrán ser utilizados para trabajar en las aplicaciones.
Tampoco se permitiría utilizar automóviles de más de diez años de antigüedad y se exigiría licencia de conducir profesional.
Se estima que estas medidas dejarán a miles de conductores inhabilitados en las aplicaciones, lo que generaría un aumento de las tarifas y mayor cesantía.
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