El peor negocio de la DC: Partido deberá pagar casi $300 millones por fallida venta de inmueble en Talagante
En un verdadero dolor de cabeza se transformó para la Democracia Cristiana (DC) la frustrada venta de una histórica propiedad, de 55.865 metros cuadrados, ubicada en Parte de Las Chacras San Enrique y Santa Ana de Trebulco, en Talagante.
Esto, porque el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago le ordenó pagar 8 mil UF, equivalente a $299 millones, a quienes habían firmado un contrato de promesa de compraventa del inmueble en 2020, cuando Fuad Chahin encabezaba la colectividad.
Se trata del archivero judicial de Santiago, Julián Miranda Osses, e Inversiones Almirante Limitada, de propiedad del notario Francisco Leiva y su esposa, la jueza de Familia Paula Zigante Romero, quienes demandaron a la Falange por no respetar las cláusulas del negocio, lo que derivó en que no se hiciera efectiva la venta del terreno.
La resolución de la jueza árbitro mixto, María Paz Chaigneau Pérez, estableció que la DC incumplió con las obligaciones pactadas “en cuanto no restituyó a las demandantes el anticipo del precio pagado por éstas ascendente a UF 4000, una vez resuelto el contrato”, por lo que “debe indemnizar los perjuicios ocasionados (...) consistentes en la suma equivalente en pesos al momento de su pago efectivo a UF 8.000”, señala parte del fallo.
Sin embargo, el Tribunal arbitral desestimó otra parte de la demanda que buscaba que se restituyeran $114 millones que fueron pagados por el archivero, el notario y la jueza, cuando se firmó la promesa de compraventa.
DC denuncia graves falencias en el fallo y apunta a Fuad Chahin
La decisión provocó un terremoto en el partido que, tras ser notificados del dictamen el 6 de mayo pasado, resolvieron presentar un recurso de queja contra la jueza del Tribunal Arbitral, en donde se le acusa de “incurrir en faltas o abusos gravísimos”, con un “evidente sesgo de parcialidad”, por lo que pidieron que se deje sin efecto la sentencia y se dicte otra en reemplazo.
Y es que en la DC, dicen cercanos a la falange, están dispuestos a pagar 4 mil UF -considerando el pago anticipado que realizaron los compradores- y no 8 mil UF.
El administrador general del Partido, Jorge Alzamora, indicó a Mega Investiga que “no se puede aceptar una promesa de compraventa con las irregularidades y precio muy bajo del mercado que se tuvo en Talagante. Esperamos que la Corte de Apelaciones considere nuestros argumentos en la vista del recurso de queja”.
Mientras que la abogada Camila Flores, que representa a los demandantes -quienes pedían 12 mil UF-, sostuvo que “nuestra parte obtuvo resultado favorable, por lo que nos encontramos estudiando los próximos pasos en relación con la ejecución del fallo”.
En la interna de la colectividad, apuntan como principal responsable de este mal negocio a la directiva de ese entonces, al mando de Fuad Chahin, acusando que la propiedad se vendió a un precio menor de su valor comercial y en el proceso, además de esconderse información, se habría incumplido la norma partidaria.
En su momento, el extimonel de la DC explicó que la propiedad se vendió en un valor menor al de las tasaciones porque no había más oferentes y que necesitaban el dinero para financiar elecciones. “Nunca nos llegó otra oferta”, dijo a Ciper en 2022. Además, explicó que el pago anticipado de la promesa de compraventa se usó para resolver deudas que dejó la campaña del plebiscito constitucional y gastos ordinarios.
El conflicto: una tasación oculta y $389 millones de diferencia
El inicio del negocio se remonta al 7 de enero de 2019, cuando el Consejo Nacional de la DC aprobó un plan que presentó Chahin para vender terrenos, como la propiedad de Talagante, y así hacer frente a la paupérrima situación financiera del partido.
Un año y medio después, el 23 de agosto de 2020, el líder falangista junto a Julián Miranda y la sociedad Inversiones Almirante firmaron la promesa de compraventa de la propiedad de Talagante. El precio que habían acordado ambas partes ascendía a $838 millones (UF 28.830), de los cuales $114 millones fueron pagados como anticipo.
Hasta ahí todo bien, pero nueve meses más tarde, en mayo de 2021, Chahin renunció a la presidencia de la tienda, como consecuencia del mal resultado que obtuvo la DC en las elecciones de constituyentes, y sin firmar el contrato definitivo para entregar completamente la propiedad.
El proceso de compraventa quedó en manos de la nueva directiva liderada por Carmen Frei, quien tras una serie de análisis objetó la compra. ¿La razón? El precio de venta del terreno se alejaba de su valor comercial. Y es que antes de que se firmara el compromiso notarial, se habían realizado tres tasaciones y todas habían arrojado un valor comercial muy superior.
La primera -hecha por Más Bienes en diciembre de 2018- fijó un valor de $1.042 millones. Las dos siguientes estuvieron a cargo de Carlos Mancilla: $1.026 millones (enero de 2019) y $1.173 millones (octubre de 2019).
Los números de los estudios de valores alertaron a la directiva de Frei, por lo que encargaron dos tasaciones más. Una de ellas estuvo a cargo de Sonia Castro, quien en junio de 2021 fijó el precio en $1.762 millones. La otra la hizo en julio nuevamente Carlos Mancilla, y estimó el valor en $1.240 millones.
Pero lo que no sabía la exsenadora era que en agosto de 2020, cuando se firmó el contrato de compraventa, se había realizado otra tasación. Un informe elaborado nuevamente por Carlos Mancilla arrojó un precio de $1.227 millones.
Ese valor recién apareció el año pasado, cuando el diputado y actual presidente de la DC, Alberto Undurraga, instruyó una investigación interna en el partido para esclarecer responsabilidades en el negocio.
La tasación la encontraron en uno de los escritorios de la sede de la tienda política e incluía, además, un valor de liquidación o de piso de venta rápida que rondaba los $920 millones, un monto mayor al que se acordó para la compraventa.
DC contra Fuad: Una querella fallida
El cuestionado negocio generó que el 8 de agosto de 2022, la directiva a cargo en ese entonces del alcalde de La Granja, Felipe Delpin, se querellara contra Fuad Chahín, por el delito de administración desleal, acusándolo de afectar el patrimonio de la tienda con la transacción de Talagante y otros dos inmuebles.
Sin embargo, la acción judicial solo fue un saludo a la bandera, porque dos días después de presentada, Delpin dio un paso atrás y desistió de la querella, generando un nuevo quiebre interno.
Ese no fue el único paso en falso de la directiva. El mismo 8 de agosto, ingresaron una demanda contra Julián Miranda e Inversiones Almirante, pese a que cualquier controversia debía resolverse en un tribunal arbitral.
Así, una vez que el diputado Undurraga asumió las riendas del partido, además de instruir la investigación interna, se inició el juicio arbitral que terminó ordenando a la DC a pagar casi $300 millones.
Para las autoridades de la DC la venta del terreno de Talagante aún mantiene incógnitas que se deben resolver. Una de ellas -incluida en el recurso de queja- plantea que en enero de 2019, cuando el Consejo Nacional aprobó el plan que presentó Chahin para vender propiedades, sólo se propuso la comercialización del terreno de Talagante, mas no el inmueble.
“Vender la parcela aledaña, (...) no vender la casa”, dice el acta de aquel consejo, en la que también se constató que la venta del terreno sería en $850 millones. Para esa fecha ya se había realizado la primera tasación que arrojó un valor superior al propuesto, pero que -según denuncian en la DC- se habría escondido.
Esa es otra de las situaciones que llama la atención, pues dicho estudio de valor se realizó el mismo mes en que se firmó la promesa de compraventa, y el monto que se designó fue de $1.227 millones.
En el partido falangista siguen con atención lo que ocurra con el recurso de queja y esperan que el Ministerio Público tome en cuenta los antecedentes que maneja sobre este negocio.
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