Fraude por $6 mil millones: El complejo panorama del fundador de Procultura tras avances en la investigación de Fiscalía

Solo en 2024, la Fiscalía ha llevado adelante al menos ocho diligencias intrusivas en el marco de la investigación que pesa sobre la fundación Procultura, creada por el psiquiatra Alberto Larraín.

Desde diciembre la indagatoria está en manos del Fiscal de Aysén, Carlos Palma, quien fue designado por el fiscal Nacional Angel Valencia, para llevar adelante la investigación que se enmarca en el caso convenios. "A través de órdenes judiciales, hemos ejecutado medidas intrusivas incautando ciertas evidencias que nos parecen fundamentales para el esclarecimiento de los hechos", comenta a Mega Investiga el persecutor jefe de Aysén.

Ya son más de nueve organismos públicos los que han sido allanados desde que se destapó la arista de Procultura. En 2023, el Ministerio Público realizó diligencias intrusivas en el Gobierno Regional de Antofagasta y en el Serviu de Valparaíso. Sin embargo, los allanamientos se han intensificado en 2024, particularmente en las últimas semanas.

A inicios de marzo, equipos de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI, allanaron por cerca de cinco horas las dependencias del Gobierno Regional del Ñuble y de empresas que tuvieron relación con Procultura en las ciudades de Chillán y Concepción.

Dos semanas después repitieron el procedimiento en el Gobierno Regional de Magallanes, el Serviu de la misma región y en la Municipalidad de Porvenir.

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Las últimas diligencias se materializaron el 23 y el 24 de abril, cuando el Fiscal Palma junto con equipos de las brigadas de Delitos Económicos, Anticorrupción y Cibercrimen de Concepción, allanaron el Serviu de Concepción y los Gobiernos Regionales de Biobío, Magallanes y Ñuble, en este último incluso se incautó el teléfono del gobernador Óscar Crisóstomo (PS), y de la administradora regional, Alicia Salinas. El fiscal Palma asegura que "estamos investigando con la misma objetividad a quienes sean empleados públicos y quienes no lo sean. Evidentemente que hay delitos que por el tipo penal, el único sujeto activo puede ser un empleado público, y por cierto, que respecto de ello existe un mayor interés".

Fuentes conocedoras de la causa, sostienen que Larraín tendría condición de imputado en la causa, dado que las primeras denuncias fueron contra la organización en la que él era director. En esa línea, la situación del psiquiatra podría darse a conocer en las próximas semanas conforme a los avances de las diligencias de la Fiscalía.

Antofagasta, Valparaíso y Ñuble: las principales indagatorias

Fue en julio de 2023, cuando el nombre de Procultura comenzó a resonar en medio del caso convenios. Un proyecto firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta sería el principio de su debacle.

Un año antes, el Gobierno Regional había aprobado un convenio con la fundación de Larraín por $629 millones para la recuperación de fachadas en el casco histórico de la ciudad. El precio habría sido muy superior al valor del mercado, llegando a cobrar más de $260 mil pesos, por el metro cuadrado de pintura. Además, la fundación no tenía el giro para realizar el proyecto para el cual recibió los recursos.

Fue el entonces Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, quien validó a Procultura para ejecutar el programa. "La Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto", se lee en el oficio que envió Crispi al gobernador Ricardo Díaz previo a la aprobación del proyecto.

A raíz de este convenio, la Fiscalía abrió una investigación, mientras que el Gobierno Regional terminó el convenio con Procultura y solicitó la devolución de los recursos.

Valparaíso fue otra de las regiones donde Procultura firmó sus proyectos. Esta vez lo hizo con el Serviu y la Seremi de Valparaíso, con los cuales llevaron adelante un programa para diseñar un plan de urbanización para tres campamentos. Sin embargo, en diciembre la Contraloría emitió una serie de informes sobre convenios de entidades públicas con fundaciones, entre las cuales, se mencionaba este proyecto.

El ente fiscalizador detectó que el 15 de mayo de 2023 se suscribió un contrato de prestación de servicios entre la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada y Procultura por un monto aproximado de $44 millones para que se ejecutara el proyecto.

Sin embargo, la empresa no tenía más de seis meses de experiencia, como se sugiere, y había sido creada por Tomás Ochoa, exdirector del Serviu de Valparaíso, quien en el ejercicio de su cargo había solicitado los fondos para Procultura, el 21 de febrero de 2022.

La misma Contraloría encendió las alarmas en la región del Ñuble, donde la fundación de Larraín concretó un proyecto por cerca de $268 millones, y que tenía como objetivo "generar diálogos y avances en beneficio del desarrollo cultural, turístico, seguridad y de otras áreas anexas, entre la región de Ñuble y las provincias de Argentina".

El ente fiscalizador advirtió que el programa se ejecutó con una serie de irregularidades, la principal de ellas, fue que el desarrollo de la iniciativa no lo ejecutó Procultura en su totalidad, sino que subcontrató a dos empresas para llevar adelante las distintas etapas del proyecto, a pesar de que el convenio no estipulaba dicha modalidad.

Desde su creación, la fundación sumó más de 90 transferencias por parte de organismos públicos a lo largo de todo país, las que sumaron más de $7 mil millones para financiar distintos proyectos.

Procultura cesó sus funciones en noviembre de 2023, luego de que Larraín comunicara a los trabajadores de la organización, que ya no seguiría adelante el proyecto que había fundado en 2010.