70 causas y $50 mil millones indagados en Gores y Minvu: La vertiginosa arremetida de la Fiscalía en el Caso Convenios
Es difícil que hoy por hoy el nombre Democracia Viva no resuene en los oídos de quien escucha sobre esta fundación. Desde que el medio Timeline destapó sus contratos con la Seremi Minvu de Antofagasta, el 16 de junio del año pasado, se abrió una gama de investigaciones que quedaron bajo el paraguas del denominado Caso Convenios.
Desde junio, el Ministerio Público empezó a investigar este caso y otros que fueron apareciendo, enfocándose principalmente en el Ministerio de Vivienda y sus convenios en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
Sin embargo, a partir de septiembre, la Fiscalía empezó a mirar hacia otro lado donde podrían existir incluso más transferencias irregulares a terceros. Gracias a los antecedentes que les otorgó la Contraloría, se abrió un gran foco en torno a los Gobiernos Regionales.
"De septiembre a noviembre tuvimos otro nivel de informes de la Contraloría General de la República donde aperturó, lamentablemente digo yo, de transferencias no tan solo de Minvu sino que a través de los Gobiernos Regionales", dice a Mega Investiga, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.
Campos agrega que, a la fecha, si se comparan los convenios investigados, los GORE lideran con distancia. "Si tuviéramos que clasificar de dónde vienen más o menos las transferencias, notablemente las transferencias a corporaciones o fundaciones vienen de Gobiernos Regionales", menciona.
En concreto, en todo el Caso Convenios, el Ministerio Público investiga más de $50 mil millones en transferencias. Universo del cual la amplia mayoría corresponde a los Gobiernos Regionales, con 35 mil millones cuestionados, cuyas pesquisas más complejas se han centrado en Los Lagos, Bíobio y La Araucanía.
Unificando criterios
Diez meses después de que estallara la polémica con los traspasos a fundaciones, existen en el Poder Judicial alrededor de 70 RUC (Rol Único de Causa) abiertos en el país por este tema.
Sin embargo, cuando la trama comenzó, se transformó en una preocupación para la Fiscalía Nacional el cómo coordinar a distintos persecutores que a lo largo de Chile investigaban situaciones similares.
Por esa razón, el 3 de agosto de 2023, se reunieron por primera vez todos los fiscales y funcionarios policiales que tenían a cargo una causa en el Caso Convenios. El objetivo era unificar criterios entre los profesionales de manera que en todas las regiones se estuviera trabajando con los mismos parámetros y, sobre todo, herramientas.
A los pocos días del encuentro, ocurrieron las primeras formalizaciones del caso. En el marco de los convenios por $1.200 millones entre la Corporación Kimún y el Gobierno Regional de los Lagos, se comunicó a Diego Ancalo y Jaime Huincahue la investigación en su contra, quedando el primero de ellos en prisión preventiva.
En el mismo mes de agosto, en el caso de los traspasos del GORE de la Araucanía con las fundaciones FOLAB y EDUCC, se formalizó a los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz por administración desleal y lavado de activos.
Para el 8 y 9 de noviembre, la Contraloría General de la República, entonces dirigida por Jorge Bermúdez, publicó informes de auditoría respecto a los traspasos a fundaciones tanto desde el Minvu como de los Gobiernos Regionales. Develando así graves irregularidades en prácticamente todas las regiones del país.
El 22 de ese mes, dos funcionarias del Gobierno Regional de Los Lagos fueron formalizadas por el delito de fraude al fisco en las transferencias a la Corporación Kimún. Mientras que para finales de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Diego Polanco en el denominado “Caso Lencería”, referido a los convenios de la “Fundación en ti” con el Gore del Biobío por $250 millones.
Respecto al Caso 0, Democracia Viva, los dos principales imputados (Daniel Andrade y Carlos Contreras), quedaron en prisión preventiva tras dos días de audiencia el 14 y 15 de diciembre.
Tres días después, y tras la proliferación de causas a lo largo de Chile, el Fiscal Nacional Ángel Valencia dictó resoluciones que permitieron que en el caso que cinco fundaciones investigadas operan en la misma región, estos casos queden bajo el alero del fiscal regional. Y el 20 de diciembre, se realizó una segunda jornada de coordinación con todos los persecutores del Caso Convenios.
¿Qué ocurrió en los Gore?
El día 11 de julio, Jorge Bermúdez participó en dos comisiones del Congreso, una en la Cámara de Diputados y otra del Senado. En ambas, advirtió una situación que preocupaba a la Contraloría respecto de los Gore.
"El Gore es un órgano que, básicamente, hoy día lo que hace es transferir recursos a terceros, no tiene capacidad para ejecutarlos él mismo", planteó en ese entonces Bermúdez.
Dicha afirmación la acompañó de cifras respecto a cómo habían gastado su presupuesto los Gobiernos Regionales durante 2022, estableciendo que el ítem de transferencias había crecido más de un 40% respecto a cómo se planificó inicialmente.
Una de las críticas en ese contexto ha sido para la Dirección de Presupuestos, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, quien es la encargada de autorizar las modificaciones presupuestarias que dieron paso a que los Gore gastaran gran parte de sus recursos vía transferencia.
Consultados por este punto, desde la Dipres comentaron que “realizar modificaciones presupuestarias es un acto administrativo regular de la administración presupuestaria”. Y que si bien en 2022 las transferencias crecieron un 41%, esa cifra es menor al 55% que aumentó ese ítem en 2021.
Desde el organismo han planteado que “heredaron” un primer presupuesto (que se tramitó durante el último año del Gobierno de Sebastián Piñera) que incentivaba las transferencias como una forma de ejecución presupuestaria.
“Durante el año 2022 la Dirección de Presupuestos diagnosticó que la regulación contenida en la Ley de Presupuestos de 2021 y 2022 incentivó a los Gobiernos Regionales, que carecían de la capacidad ejecutora necesaria, a implementar proyectos y programas a través de terceros que fueron en su mayoría entidades privadas”, planteó la directora en un oficio enviado a la Comisión Investigadora del Caso Convenios el 8 de noviembre de 2023.
Desde la Dipres respondieron a Mega Investiga que, frente a ese diagnóstico, se introdujeron modificaciones respecto a cómo gastan sus recursos los Gobiernos Regionales.
“Lo que se realizó en la Ley de Presupuestos 2023 fueron cambios en la estructura presupuestaria de los Gobiernos Regionales para aumentar los controles, incentivar que pudieran ejecutar ellos mismos sus recursos (no vía transferencias) y, cuando correspondiera, facilitar las transferencias a instituciones públicas por sobre privadas”, plantearon.
No se descartan hipótesis
El Caso Convenios ha impactado a la gran mayoría de los Gobiernos Regionales, y es que al menos en 10 de las 16 regiones existen actualmente investigaciones por parte del Ministerio Público.
Sin embargo, existen autoridades que han sido particularmente cuestionadas y que lideran la lista en cuanto a montos analizados por la Fiscalía. Los tres casos más relevantes son la Región de la Araucanía (Gobernador Luciano Rivas), la Región del Biobío (Gobernador Rodrigo Díaz) y la Región de Los Lagos (Gobernador Patricio Vallespín).
Investigaciones que podrían complicar a estos gobernadores, y a todos los que mantuvieron convenios cuestionados, en la búsqueda de la reelección que deberán enfrentar en las elecciones del 27 de octubre de 2024.
Un calendario electoral que, según dicen desde la Fiscalía, no inciden respecto a los avances que pueda tener cada una de las causas. "El Ministerio Público tiene sus tiempos y esos tiempos están establecidos en el Código Procesal Penal y en la ley”, plantea Eugenio Campos.
Mientras avanzan las indagatorias, una de las preguntas que busca resolver el Ministerio Público es precisamente si los dineros transferidos a terceros pueden haber tenido un fin político. Algo que, según explican, se mantiene dentro de las alternativas para los persecutores.
"En este caso no me permite afirmar pero tampoco las puedo descartar, respecto de aquella mirada de determinados sectores, la cual también tenemos en vista. Y ahí por cierto tenemos una coordinación con el Servicio de Impuestos Internos y la tenemos también con el Servel en algunos puntos", sostiene el jefe Anticorrupción.
En esa línea, en la Fiscalía Nacional apuestan por una colaboración más activa del Servel. En los últimos meses se han derivado varios oficios para que la entidad reporte información sobre cómo se financiaron algunas campañas de interés. Hasta la fecha, comentan, aún no han sido respondidos a pesar de que el Servicio Electoral ha pedido antecedentes de las causas investigadas en el caso Convenios.
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