"Una manera de asaltar las cajas municipales": Las pruebas por las que solicitaron la detención del alcalde de Rancagua

Juan Ramón Godoy, alcalde de Rancagua desde junio del 2021, se encuentra investigado por la fiscalía por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos desde el mismo mes en que asumió en el poder hasta diciembre de 2023.

En razón de la gravedad de los hechos, los numerosos delitos y las penas de los crímenes que se investigan, el lunes 18 de marzo de 2024 la fiscalía solicitó la detención inmediata de la máxima autoridad comunal y sus cómplices. La Brigada de Lavado de Activos de la PDI se encontraba preparada para actuar a primera hora del martes, sin embargo, la solicitud fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, cuyo tribunal optó por citar a los imputados a una audiencia de formalización para el próximo martes 9 de abril.

Mega Investiga, accedió a documentos claves de la investigación del Ministerio Público, como el escrito que solicitó la orden detención en contra del jefe comunal y la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, los cuales detallan paso a paso cómo Juan Ramón Godoy junto a funcionarios públicos y un grupo de empresarios armaron una máquina “permanente y sistemática para asaltar las cajas fiscales de la comuna”.

Los viajes al extranjero

Una revisión de los movimientos bancarios de Juan Ramón Godoy y los principales proveedores del municipio de Rancagua dieron cuenta de una nueva especie de presunto soborno, consistente en el pago de cuantiosos viajes al extranjero a cambio de posteriores favorecimiento en las contrataciones municipales.

En concreto, los empresarios Diego Barba (prestador de servicios de seguridad) y Oscar Martínez (empresario gastronómico) le habrían comprado paquetes turísticos al alcalde de Rancagua por alrededor de $5 millones con el propósito de que éste los favoreciera a través de contrataciones directas y el arreglo de licitaciones para su beneficio.

De estás transacciones, una de las más llamativas es la que realizó Diego Barba, dueño de la empresa Bod Seguridad. Según consta en informe policial, al que Mega Investiga tuvo acceso, el 12 de septiembre de 2022 el empresario pagó, con la cuenta de su empresa, un paquete turístico para que Juan Ramón fuera de vacaciones a Lima, Perú, por $1.586.118. Ese mismo día, Bod Seguridad adjudicó una licitación para el resguardo del recinto donde se celebrarían las fiestas patrias por $44.790.000.

Los vehículos

Fue el mismo empresario, Diego Barba, quien le compró un vehículo Mazda CX-9 al alcalde de Rancagua el 14 de octubre de 2021 por $32.656.000. Según afirma la investigación de la Fiscalía, el empresario habría comprado el vehículo como una “retribución” por la adjudicación de más de una decena de licitaciones y tratos directos que beneficiaron al empresario con al menos $327.046.797, entre 2021 y 2023.

Sin embargo, la historia de este vehículo no termina aquí. El 17 de abril de 2023, Juan Ramón Godoy le vendió el Mazda a la misma automotora en la que Diego Barba lo había comprado, ganando con ello $27 millones. La Unidad de Alta Complejidad investiga este hecho como un posible lavado de activos, pues con este acto “Godoy justificó y legitimó un ingreso de $27.000.000 que provenía de una compra con dinero ilícito”.

Pero las irregularidades asociadas a vehículos siguen. Concejales de la comuna detectaron que a tan sólo dos meses de asumir el cargo, el 18 de agosto de 2021, el alcalde Godoy contrató, vía trato directo, a su amigo de infancia, Javier Cornejo Diez de Medina, para que arreglara el vehículo municipal que tenía para su disposición por un trato de $5.461.374.

El automóvil fue devuelto al municipio en septiembre del mismo año, supuestamente con todos los arreglos ya realizados. Sin embargo, al mes siguiente el vehículo fue rechazado en la revisión técnica, dando cuenta de que en realidad “no se había efectuado reparación alguna al automóvil”, procediendo a darlo de baja en mayo de 2022.

Tras alzar el secreto bancario de la máxima autoridad comunal, la Fiscalía detectó que por aquellas gestiones Javier Cornejo le transfirió $4.500.000 a Juan Ramón Godoy, es decir, el valor completo del supuesto arreglo, pero descontando el pago del IVA.

Transferencias de dinero

Javier Cornejo es uno de los principales involucrados en esta presunta red de corrupción municipal. Según consta en el análisis desarrollado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, a finales de 2021, Cornejo le entregó tarjetas de débito y acceso a una cuenta corriente del banco ITAÚ a Juan Ramón Godoy, mediante la cual le transfirió casi $70 millones.

¿La recompensa? El pago de $1.163.779.295 en contrataciones municipales a sus diferentes empresas, principalmente para desarrollar trabajos en los colegios de la comuna. Según consta en la investigación, la gran mayoría de estás contrataciones se hicieron para la realización de trabajos que “no correspondían a necesidades prioritarias de los establecimientos educacionales” y que además se hicieron con “retrasos, errores e incumplimientos”, ante lo cual el alcalde Godoy también instruyó el beneficio de rebaja en multas, “generando un perjuicio patrimonial para la Cormun de al menos $22.637.541”.

Pero no fue sólo Javier quién utilizó está cuenta con la presunta intención de sobornar al alcalde, el levantamiento del secreto bancario logró revelar que el empresario Diego Barba también le transfirió al edil $4.200.000. En tanto otros imputados, como Carlos Rodríguez Cajas y Daniel Salazar, prefirieron pagarle al edil con dinero en efectivo o a través de propiedades, de acuerdo a la carpeta investigativa.

Las propiedades

Según ha revelado la Fiscalía, durante su gestión, el alcalde de Rancagua ha empleado “todo tipo de técnicas, algunas de ellas bastante sofisticadas” para la presunta recepción de sobornos, cuyos dineros los habría ocultado con el arriendo y compra venta de propiedades en Santiago y Rancagua.

La transacción más evidente, según la PDI, ocurrió en febrero de 2022, cuando Daniel Salazar, funcionario a honorarios de la municipalidad de Rancagua y hermano de un empresario local que prestó servicios al municipio por $374.473.862, le compró una casa al alcalde Godoy por $70 millones.

Durante el desarrollo de las diligencias investigativas, el Ministerio Público reveló en marzo de 2023 que el vendedor de la propiedad firmó una promesa de compraventa, en la cual se comprometió a devolver a Daniel Salazar la suma de $50 millones, con una multa de $20 millones, monto que coincidentemente al ser sumado se ajusta al pago inicial por la compra de esta casa.

El levantamiento de esta evidencia no se trata del único intento por encubrir un presunto lavado de activos, mediante el uso de propiedades. Otro caso emblemático se detectó con Carlos Rodríguez Cajas, quien es amigo del alcalde y gerente general de GES Residuos, empresa que tiene contrato con el municipio de Rancagua por cerca de $646.285.783.

Según pudo corroborar la Fiscalía, Carlos Rodríguez le habría conseguido el arriendo de un departamento al alcalde Godoy en enero de 2022 por $1.500.000, monto que financió el cargo por el primer mes, la garantía y la comisión de corretaje. De acuerdo al análisis policial, el pago se habría realizado a través de la propia cuenta de la empresa Ges Residuos, la que sólo diez días más tarde fue beneficiada con una primera contratación por $24.700.002.

Pagos en efectivo

Para adjudicarse licitaciones y tratos directos con el municipio, Carlos Rodriguez no sólo pagó el arriendo al alcalde, sino que también le habría entregado $41.300.000 en efectivo, sólo en 2022. Las diligencias de la PDI también pudieron dar cuenta de que el 1 de marzo de 2023, Rodriguez le pasó $5.720.000 más en efectivo en su propio hogar, dinero que al día siguiente fue decomisado por efectivos policiales, quienes allanaron el domicilio del edil en busca de pruebas por el mismo caso.

Pero Carlos no es el único. Según el Ministerio Público, el empresario gastronómico Oscar Martinez, también habría pagado sobornos en efectivo a Godoy por $10.339.683 a cambio del favorecimiento con contratos directos por $132.502.608. Mismo caso ocurrió con el empresario Demetrio Paiva, quien confesó en su declaración judicial haber entregado de manera ilegal $4.000.000 a Godoy en tiempos de campaña, fuera del SERVEL, a cambio de que el jefe comunal le beneficiara con contratos en la municipalidad.

¿Un peligro para la sociedad?

Los puntos citados en el presente artículo sólo son un resumen del trabajo llevado a cabo por la Fiscalía de Alta Complejidad de O´higgins en 1 año y dos meses de investigación y que se han consolidado en una carpeta investigativa que contiene más de 8.000 páginas, 15 informes policiales de distintas Brigadas de la PDI y declaraciones de 50 testigos, entre los que destacan funcionarios actuales y antiguos de la municipalidad y de la Cormun.

En razón de estos antecedentes es que el ente persecutor solicitó, sin éxito, la detención del alcalde y sus cómplices, argumentando que en cuanto ellos tuvieron acceso a la carpeta investigativa comenzaron a “ejecutar acciones tendientes a obstaculizar la investigación, o al menos interferir contra ella, donde se cuenta el despido de al menos una funcionaria que declaró aportando información valiosa, la presentación de querellas por falso testimonio en contra de quien no es funcionario público y de los Concejales querellantes, junto a otras acciones de amedrentamientos”.

Consultada al respecto, Valentina Cáceres (IND), concejala querellada contra el alcalde, señaló a Mega Investiga que "es una vergüenza que nuestro municipio se encuentre liderado por un alcalde cuyos presuntos actos de corrupción han sido corroborados por más de una decena de informes policiales”.

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Por ello, Cáceres no duda que Godoy es un “claro” peligro para la investigación. “En lo que lleva de gestión se presume que ha desviado más de $1.000 millones y despedido a funcionarios que se han negado a ser cómplices de sus fraudulentas maniobras”, comentó la concejala, quien pide prisión preventiva para el edil ex PS.