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"Gobierno no dará pie atrás": Ministro Cordero detalla sistema de inhibición de celulares que se instalará en cárceles

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, detalló en Meganoticias Alerta el sistema de inhibición de señales de celulares que se instalará, durante los próximos días, en las cárceles ubicadas en el sector de Avenida Pedro Montt y Nueva Centenario en Santiago.

La medida tiene como principal objetivo evitar la planificación de delitos que realizan los líderes de organizaciones criminales desde el interior de la prisión, además de las estafas telefónicas que efectúan los reos.

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"El Gobierno no va a dar pie atrás"

En conversación con Maribel Retamal, el secretario de Estado expuso que "en esto, el Gobierno no dará pie atrás y ha sido bien claro: Cualquier persona, al interior o fuera de los penales, que tenga por propósito el inhabilitar, perjudicar o sabotear la implementación recibirá todo el rigor de la ley".

 

 

(Aton)

 

 

Cabe recordar que durante la primera administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera se instaló en la exPenitenciaría un sistema similar en junio de 2012. Sin embargo, su implementación afectó indirectamente a los vecinos del recinto penal, ya que sus comunicaciones también resultaron dañadas. 

En el caso de la que se instalará durante la próxima semana, Cordero manifestó que se trata de "una tecnología que no está en otro país de América Latina".

La renuncia y formalización del exdirector de la PDI

El ministro también se refirió de lo que sucede con el ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que renunció a la Policía de Investigaciones por revelar información reservada de la investigación del caso Audios.

“La violación de secreto se da en el contexto de caso Hermosilla, y se da en caso de lavados de activos y en donde se debe mantener el secreto. Al parecer, producto de esa indagación, Sergio Muñoz habría entregado antecedentes de diligencias de la investigación al abogado Hermosilla”, señaló.

Para la autoridad, lo ocurrido "es un delito gravísimo, por las características de la autoridad, por la señal que importa y el rol que cumplimos de función pública. Las responsabilidades, eso sí, son personales y no institucionales, por eso su renuncia".

Sobre el impacto que tiene este caso para la sociedad, Cordero manifestó: "Los delitos de funcionarios comprometen la credibilidad sobre el Estado, recuperar las confianzas siempre es difícil. Lo que se quiebra es un elemento central de la cohesión social y del funcionamiento del Estado de derecho: la confianza".

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