La poderosa razón para proteger la identidad de los jueces en el juicio contra miembros del Tren de Aragua
¿Qué pasó?
La Corte de Apelaciones de Arica dio a conocer la razón por la que la Corte Suprema decidió mantener en reserva las identidades de los jueces que trabajan en la región de Arica y Parinacota.
La determinación se dio en medio del inminente comienzo del juicio oral contra Los Gallegos, el brazo armado del Tren de Aragua, agrupación criminal que atemoriza a la zona norte del país con delitos como homicidios, secuestros, trata de personas y tráfico de armas y droga.
¿Cuál es la razón de mantener en reserva las identidades de los jueces?
Si bien el violento actuar de esta banda podría hacer pensar que la medida de la Corte Suprema tiene como objetivo resguardar la seguridad de los jueces, la decisión no está enfocada en ellos.
"No hay miedo en los jueces de esta jurisdicción. El temor que fue manifestado a la Corte Suprema es respecto del resguardo de los familiares cercanos de los jueces, cuyos datos se pueden extraer de la página web del Poder Judicial, que está a disposición de todo el público", aclaró la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Juana Ríos.
Al respecto, explicó que "esta es una decisión, vuelvo a repetir, que sólo tiene que ver con el resguardo de la seguridad e integridad física y psíquica de nuestros familiares más cercanos, no de los jueces. Los jueces cuando asumimos nuestra labor asumimos todos los riesgos que ello implica".
"Esta es una decisión preventiva, excepcional y temporal, ya que solo dura hasta que el proceso finalice", cerró.
El juicio oral que deberán enfrentar Los Gallegos
Se calcula que en el mes de mayo comience el proceso contra Los Gallegos en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Arica. Eso sí, aún no se ha anunciado una fecha oficial, pues la preparación para este terminó el 19 de febrero.
Desde ya se baraja que el juicio se podría extender por varios meses debido a la gran cantidad de pruebas y testimonios que presentará el Ministerio Público, y sobre todo por el alto número de acusados.
De los 38 imputados, 34 son extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, y otros 4 son chilenos.
La Fiscalía solicitó el presidio perpetuo para 11 de los involucrados, mientras que para el resto sumarían penas que superarían los 200 años de cárcel.
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