Acta de Comisión Asesora revela que Gobierno revisó 17 pensiones de gracia antes de conocerse el informe de Contraloría
19 de enero de 2024. Eran las 11.00 horas cuando la comisión que asesora al Presidente en materia de pensiones de gracia se reunía para sesionar por segunda vez en el año. Se trataba de un encuentro excepcional, pero clave. El objetivo era reevaluar la pertinencia del beneficio otorgado a 16 personas afectadas en el estallido social y que tienen antecedentes penales.
No era la primera vez que los integrantes de la instancia discutían la pensión de gracia otorgada en el marco de las manifestaciones del 18 de octubre.
Normalmente, la comisión se reunía una vez al mes. Pero aquel enero ya sumaban dos citas, según pudo confirmar Mega Investiga. La otra fue el 18 de enero, cuando resolvieron recomendar al Presidente Gabriel Boric revocar el beneficio concedido a José Lagos Lagos, quien denunció haber sido quemado por disparos de bombas lacrimógenas mientras protestaba en la región de Ñuble.
Su caso fue estudiado luego de que la Contraloría, el 13 de diciembre de 2023, enviara el informe final a la Subsecretaría de Interior en el que cuestionaba la entrega de 58 pensiones de gracia a personas con antecedentes penales y sin la información completa respecto a las lesiones sufridas durante el Estallido Social.
Una de las alertas que levantó aquel documento -que para esa fecha estaba en manos del subsecretario Manuel Monsalve- es que entre los beneficiados estaba justamente el caso de Lagos, quien había sido condenado por producción de pornografía infantil en julio de 2022. Además, sumaba otros delitos en su historial, como porte de droga, hurto y desórdenes públicos, tal como informó Mega Investiga.
Hasta ese momento, los diferentes casos no eran conocidos a nivel público, pero sí en la interna del gobierno. La Moneda, de hecho, los mantenía en reserva porque estaba consciente de las críticas que podrían desatar. Por lo mismo, solicitaron a la Comisión Asesora Presidencial reconsiderar los primeros 17 nombres. Pero, pese a los intentos de la administración de Boric, el 25 de enero el informe de Contraloría se difundió.
El subsecretario del Interior -que tiene a su cargo la Comisión Asesora Presidencial- salió rápidamente al paso de las críticas y aseguró que fue un error otorgar pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales.
También, enfatizó en que en ningún gobierno se había solicitado antecedentes penales al momento de estudiar el caso de personas que postulaban a pensiones de gracia y que, ante esa situación, se modificarían los requisitos.
En paralelo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, para intentar apagar el incendio, ese mismo 25 de enero declaró que el 19 de ese mes el Presidente Boric, antes de irse de vacaciones, había determinado echar pie atrás a la pensión de Lagos.
“La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido (...) y de hecho firmada”, que el caso de “la persona con antecedentes de pornografía infantil, inmediatamente se debía revocar”, señaló la secretaria de Estado.
Las reuniones de la comisión
Fue el 18 de enero cuando la Comisión Asesora Presidencial se reunió durante una hora para debatir sobre el beneficio de José Lagos. Es decir, 48 horas antes del feriado legal del Presidente Boric.
“La Comisión Asesora Presidencial fue convocada con el objeto de estudiar nuevos antecedentes y reevaluar la pertinencia de mantener la pensión de gracia otorgada en virtud del Decreto Exento N° 2898 de 2022”, dice el acta de la cita a la que tuvo acceso Mega Investiga.
Tras analizar los antecedentes penales del sujeto, los integrantes resolvieron recomendar al Presidente revocar la pensión de gracias que recibía Lagos. Los argumentos para tomar esa decisión fueron que al momento de estudiar su caso -en 2022-, no contaban con los antecedentes penales del recurrente, ya que no eran necesarios para conceder el beneficio.
Sin embargo, con los nuevos antecedentes a la vista, la comisión optó por echar atrás el beneficio. “Dentro de estos delitos se consignan algunos de alto interés y/o conmoción pública”, se planteó en una de las consideraciones.
La segunda reunión, que se concretó inmediatamente al otro día, fue para estudiar la situación de 16 personas.
Aquella vez, la cita se extendió por 20 minutos y fue rápidamente suspendida. Los integrantes de la comisión argumentaron que debían estudiar de forma independiente cada uno de los casos, sobre todo porque se habían presentado antecedentes que no estuvieron a la vista al momento de aprobar cada una de esas pensiones de gracia.
“La Comisión Asesora Presidencial manifiesta encontrarse disponible para sesionar en cuanto sea posible, en la medida que tengan a la vista los documentos solicitados”, se lee en el acta de la sesión.
La lista de los 17
En la lista de las primeras 17 personas estudiadas por el gobierno hay varios nombres conocidos por la opinión pública. Cuatro de ellos, de hecho, fueron dados a conocer por Mega Investiga a comienzos de febrero.
Uno fue el de Robinson Jaramillo Monje, condenado en 2012 por abuso sexual infantil y dos por Violencia Intrafamiliar (VIF). Durante el estallido denunció ser víctima de una bala en su tobillo, que le habría provocado dificultades para moverse hasta hoy.
En conversación con Mega Investiga, Jaramillo relató que el 22 de octubre de 2019 estaba cenando en su domicilio, en la población Norte Grande de Valdivia, cuando salió a la calle tras percatarse de graves disturbios. No alcanzó a dar ni dos pasos, y sintió un fuerte dolor en su tobillo.
“Sentí como un piedrazo que me llegó en el tobillo. En eso, me ayudan algunos vecinos, me sacaron el zapato y vieron que fue una bala”, recordó Jaramillo.
La investigación sobre su caso, según comentan en privado fuentes del Ministerio Público, fue cerrada en octubre de 2022, ya que no se pudo acreditar que el disparo provenía de una unidad militar y, por ende, se decidió no perseverar.
Jaramillo recibió el beneficio el 21 de febrero de 2022 durante el gobierno del fallecido Sebastián Piñera y fue aumentada a $444.000 el 27 de octubre del mismo año, en el mandato de Gabriel Boric. Su caso fue advertido por la Contraloría.
Otro caso que estaba en reevaluación era el de Cristina Quintana Arenas, condenada por homicidio simple en grado frustrado, por un hecho ocurrido en 2017. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por su caso, en la que denunció que la joven fue víctima de un proyectil lacrimógeno, que le provocó una fractura expuesta en la mano derecha y una laceración en una de sus piernas.
La Fiscalía, sin embargo, decidió no perseverar con la investigación por no reunir los antecedentes necesarios para fundar una acusación. La audiencia de comunicación de dicha decisión está citada para el 1 de marzo de este año.
Algo similar ocurrió con el caso de Martha Antelo Linares, quien también recibe una pensión de gracia por una eventual afectación en el estallido social. El beneficio fue otorgado por el Presidente Boric en agosto de 2022, y equivale a $296.511.
El INDH presentó una querella en representación de Antelo en el marco del estallido social. Según la versión de la mujer, habría sido víctima de apremios ilegítimos y secuestro por parte de personal de Carabineros. Sin embargo, el Ministerio Público determinó no perseverar en la causa por no reunir antecedentes.
Antelo Linares había sido denunciada anteriormente por amenazas, pero la fiscalía determinó no iniciar una investigación, justificando que los hechos descritos no eran constitutivos de delito.
A la lista de los beneficiados que fueron sometidos a reevaluación también se suma Jesús Vejar Vega, condenado en 2015 a cinco años y un día de cárcel por el delito de homicidio, cometido en Alto Hospicio un año antes de su sentencia.
Tras el estallido social, fue beneficiado por la administración de Boric a una pensión de gracia equivalente a dos sueldos mínimos de forma vitalicia, por haber sufrido apremios ilegítimos.
En paralelo, el 22 de octubre de 2019, a sólo cuatro días de que se desataran las manifestaciones, Vejar Vega fue detenido por disturbios cometidos en una de las plazas de Alto Hospicio, lo que provocó que el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, se querellara contra él y otras personas por delitos enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado.
Las condenas tras el estallido
Los antecedentes penales de los beneficiados que fueron sometidos a reevaluación no sólo corresponden a delitos ocurridos previo al estallido social. Gabriel Allende Torres fue condenado por lanzar una bomba molotov a Carabineros el 21 de octubre de 2019, en Curacaví.
Fue beneficiado durante el gobierno de Boric para recibir una pensión de gracia tras sufrir heridas de perdigones. El INDH interpuso una querella en representación de Allende Torres, que culminó con la formalización de un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos.
Lo mismo ocurrió con el caso de Adán Castro Cifuentes, condenado por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros por golpear a dos funcionarios policiales. Su beneficio -otorgado por Boric- fue motivado porque, en el contexto del estallido social, sufrió golpes por parte de un sargento de Carabineros, que posteriormente fue formalizado por apremios ilegítimos.
Jonathan Parra Rebolledo es otro de los beneficiados que fue reevaluado por la Comisión Asesora Presidencial. Figura como víctima de lesiones de perdigones recibidos en el marco de las manifestaciones, por lo que el actual gobierno le otorgó en octubre de 2022 una pensión de gracia. Previo a recibir el beneficio, había sido condenado por quemar una caseta de Carabineros en Talca.
Quien también fue condenado por hechos ocurridos en el estallido social fue Eliseo Carrera Espinoza. En 2019 apedreó un carro de Carabinero en Iquique. Un mes después, en enero de 2020, recibió una bomba lacrimógena en una de sus manos, provocando una fractura expuesta de muñeca.
Kevin Muñoz Calero también denunció lesiones físicas. Según un recurso de amparo presentado por el INDH en contra del entonces jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana, Javier Iturriaga del Campo, el menor de edad habría recibido aproximadamente diez perdigones.
Muñoz recibió la pensión de gracia el 2 de diciembre de 2022. Para esa fecha ya contaba con una causa por robo con intimidación en Calama. Un año después, en diciembre de 2023, fue condenado por tráfico de drogas, tras ser sorprendido en Antofagasta con cinco bolsas de ketamina y dos de cocaína.
Pero no sólo se registran delitos por hechos en contra de Carabineros. Cristián Araya Rodríguez, beneficiado por Piñera, fue condenado por un saqueo a un supermercado en Valdivia, mientras que Sandro Jérez Salas, beneficiado por Boric, fue sentenciado por robar en dos locales comerciales distintos entre octubre y noviembre de 2019.
La pensión de Jérez Salas fue otorgada tras ser calificado como afectado en el estallido social por recibir un disparo en las manifestaciones.
Tráfico, violencia intrafamiliar y otros delitos
Uno de los casos con más cantidad de condenas es el de Joel Gómez Neira, beneficiado por Piñera. Entre 2007 y 2020 el sujeto registró seis sentencias, entre ellas por robo con violencia y por violencia intrafamiliar.
A él se suma Franz Pradenas Muñoz, quien ha sido condenado en seis ocasiones entre 2013 y 2023 por distintos delitos, como tráfico de drogas, robo, porte de arma cortante, amenazas simples y conducción en estado de ebriedad. Su pensión fue otorgada en junio de 2022 por la administración de Boric.
La lista continúa con Juan Jofré Palacio, quien tiene cuatro condenas. La primera fue por conducir en estado de ebriedad, en 2011. Luego, dos por tráfico ilícito de drogas y una por hurto.
Rogelio Hernández Condore también tiene cuatro sentencias: tres por conducir en estado de ebriedad y una por asociaciones ilícitas.
Por último está Manuel Flores Osorio, quien cuenta con dos condenas entre 2012 y 2013. Una por porte ilegal de arma de fuego y otra por porte de cocaína.
Revocación de 27 pensiones de gracia
A más de un mes de la polémica que generaron las pensiones de gracia otorgadas, el viernes 23 de febrero la ministra del Interior informó que la Contraloría ya tomó razón de los decretos que revocan 27 beneficios concedidos a personas que cuentan con antecedentes penales.
"Con las evaluaciones que se hicieron con las comisiones técnicas, se decidió que en 27 casos se iba a dejar sin efecto la pensión, porque son casos en que hay antecedentes penales serios y no está en la carpeta acreditado un daño que sea grave y permanente", explicó la secretaria de Estado, quien había confirmado a inicios de febrero la cantidad de pensiones que serían revocadas.
Ahora, tras el trámite realizado por la Contraloría, sólo falta que los decretos sean publicados en el Diario Oficial para que se de curso total a la eliminación del beneficio.
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