Pensiones del Estallido Social: ¿Quién es el beneficiario que tiene una condena por producción de pornografía infantil?
El informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del Estallido Social generó un fuerte remezón en el corazón de La Moneda. En especial, al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se responsabiliza de haber otorgado este beneficio a 58 personas con antecedentes penales, cifra que más tarde el Gobierno elevó a 69 casos.
Según datos entregados por el Ministerio de Justicia, existen 418 pensiones vinculadas al Estallido Social. De los 69 casos de beneficiarios con antecedentes penales, 21 fueron otorgadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y 48 por el actual mandatario, Gabriel Boric.
En el documento elaborado por el ente contralor se detectaron graves falencias, algunas de las más relevantes eran la ausencia de mecanismos de control para verificar la calidad de víctimas de los beneficiarios o para chequear los antecedentes médicos de los mismos.
Entre los beneficiarios con antecedentes penales, la entidad fiscalizadora reveló que había una persona con una condena por producción de pornografía infantil, lo que profundizó aún más las críticas al gobierno y al proceso que iniciaron para reparar a las víctimas de abusos policiales de las revueltas iniciadas en octubre de 2019.
Mega Investiga tuvo acceso al historial delictual de este sujeto, quien durante el Estallido Social denunció haber sido quemado por unos disparos de bombas lacrimógenas, mientras protestaba en las inmediaciones del edificio de la entonces Intendencia Regional del Ñuble.
Se trata de José Alejandro Lagos Lagos, 29 años, cuya causa por producción de material pornográfico utilizando menores de 18 años comenzó el 19 de febrero de 2018, cuando fue detenido al ser sorprendido tomando fotografías con su teléfono celular a una menor de edad, mientras se duchaba en el baño, en su domicilio en la ciudad de Chillán.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, la acción del imputado la realizó “con fines primordialmente sexuales”. Así, se abrió una causa penal que lo mantuvo investigado en libertad. Por eso, sostuvo un bajo perfil sin involucrarse en otros temas delictivos.
Eso hasta que llegó el Estallido Social y su nombre comenzó a ser recurrente entre la policía y la fiscalía. De acuerdo a información del Poder Judicial, se constató la presencia de José Lagos en tres casos de desórdenes públicos entre noviembre de 2019 y enero de 2020 en el centro de Chillán. Uno de ellos como supuesta víctima de apremios ilegítimos y que dio paso a su pensión de gracia.
El primero tiene fecha el 17 de noviembre de 2019. Esa noche, cerca de las 22.00 horas, Lagos fue identificado junto a otras cuatro personas cortando el tránsito en calle Libertad en la Intendencia Regional, momento en que también lanzaron piedras y palos a personal de Carabineros que intentaba contener los disturbios.
Una semana después, el 26 de noviembre, decidió salir a protestar nuevamente. En esta oportunidad la locación elegida fue el Campus La Castilla de la Universidad del Bíobio, ubicada entre Brasil y Purén en la capital del Ñuble.
Según el relato de Lagos, cerca de las 20.15 horas, mientras tocaba un tambor en medio de la marcha, un piquete policial les disparó varias lacrimógenas sin previo aviso. Así, dice que de inmediato sintió dos golpes instantáneos: uno en el tórax y otro en la pierna izquierda.
Al intentar caminar sintió que todo le quemaba, por lo que decidió pedir ayuda a otros manifestantes, quienes lo llevaron rápidamente a la urgencia del hospital regional, donde habría constatado sus lesiones en presencia de funcionarios del INDH.
Esto dio paso a que el 16 de enero de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentara una querella por apremios ilegítimos ratificando el relato de los disparos de carabineros. En el escrito no se presentó ningún certificado de lesiones.
Dos días después, el 18 de enero, José Lagos -quien además posee una causa por porte de droga y otra por hurto- nuevamente participó de una protesta nocturna. Cerca de las 22 horas fue identificado lanzando piedras y palos a un vehículo de Carabineros, en la intersección de 5 de abril con Constitución.
Por estos delitos de desórdenes públicos, la Fiscalía de Chillán solicitó una pena de 270 días de reclusión menor contra José Lagos Lagos.
En marzo de 2020, llegó la pandemia a Chile y los casos de covid cambiaron el foco de las protestas callejeras. Las calles se tranquilizaron y Lagos también. No volvió a caer preso por disturbios y sus causas continuaron las pesquisas en silencio.
Así, llegó el 2022, año que le traería buenas y malas noticias en materia judicial. Sobre su denuncia de apremios ilegítimos recibiría un duro golpe tras el anuncio del Ministerio Público de cerrar su causa por falta de antecedentes. A pesar de que el INDH solicitó la reapertura de la investigación, el Tribunal no accedió y mantuvo el archivo, en abril.
Tres meses después, el caso de pornografía infantil volvía aparecer en el horizonte de José Lagos. El 1 de julio de 2022, el imputado fue citado a la audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía chillanejo, donde la fiscal Marcia Venegas le ofreció un procedimiento abreviado para evitar continuar con el largo proceso.
Con esto, Lagos aceptó su culpabilidad y fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva, a cargo del Centro de Reinserción Social de Chillán. Además, se decretó que no podrá acercarse a la víctima durante el tiempo de la pena, no podrá trabajar en ningún establecimiento educacional y tendrá vigilancia del Estado por 10 años dado la gravedad del delito tras cumplir con la condena en 2025. Incluso, al día de hoy mantiene inhabilidad para trabajar con menores de edad, según el Registro Civil.
Se terminaba el primer semestre de 2022 y José Lagos estaba en su peor momento: condenado como productor de contenido pornográfico, acusado de desórdenes graves y reiterados durante el Estallido Social y con su denuncia caída como supuesta víctima de apremios policiales durante el mismo contexto de las revueltas de 2019.
Pero el 29 de septiembre, dos meses después, recibió una noticia que ni en sus mejores pensamientos de optimismo creía que podría darse: Tras analizar su caso de abuso policial, la comisión especial asesora del Presidente de la República le otorgó una pensión de gracia correspondiente a un ingreso mínimo, es decir $296.511 a diciembre de 2023, de por vida.
Así quedó establecido en el decreto exento 2898 firmado por la ministra del Interior, Carolina Tohá y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuyo documento fue registrado en Contraloría recién el 16 de mayo de 2023.
El escrito de Interior, según tuvo acceso Mega Investiga, no detalló qué documentos tuvo a la vista la comisión presidencial y los secretarios de Estados mencionados para aprobar la pensión de José Alejandro Lagos, a pesar de la amplia cantidad de antecedentes penales recientes del beneficiario y que incluso llevaron a la Fiscalía de Chillán a no seguir investigando su supuesta agresión que le habría generado graves lesiones en su pierna y tórax.
La Contraloría, desde la otra vereda, constató que en el caso de José Lagos la comisión presidencial encargada de otorgar los beneficios no tuvo sus antecedentes médicos a la vista. El organismo responsable de considerar y enviar esa información era el INDH. Ese aspecto fue cuestionado por el ente fiscalizador en su informe: “No se adjuntan antecedentes médicos con el diagnóstico. Hay una denuncia en Carabineros de Chile donde se menciona que según el dato de atención de urgencia sufrió lesiones de carácter leves”.
El documento agrega que hay un set fotográfico con las heridas, incluido en un parte policial elaborado en la Tenencia Chillán Oriente de la Subcomisaría Huambalí de Carabineros, y que fue enviado a la Fiscalía Local de Chillán.
Ante la falta de antecedentes, el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría de Interior, cuyo objetivo principal es administrar las pensiones de gracia, le solicitó el 29 de septiembre de 2023 al INDH -mediante el oficio Nº 26.052- remitir los documentos médicos que no se encontraban en los respectivos expedientes de los, en ese entonces, futuros pensionados.
En esa nueva entrega de información, el INDH adjuntó los datos de atención de urgencia de José Lagos del Servicio de Atención Primaria de Alta Resolutividad Violeta Parra, con la constatación de lesiones, y el diagnóstico elaborado por el Hospital Clínico Herminda Martín.
Al parecer toda esta información llegó al despacho del subsecretario Monsalve a fines de 2023, por lo que instruyó un sumario para determinar las responsabilidades por la entrega de pensiones a personas con condenas delictuales.
En medio de la crisis desatada tras el informe de Contraloría, el subsecretario salió al paso de las críticas. “Nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes”, afirmó Monsalve, quien además agregó que la falta de estos antecedentes fue "un error, pero yo no dicté ese procedimiento".
En esa línea, al Presidente Gabriel Boric le informaron sobre la gravedad de la situación, en especial sobre el caso de José Lagos, quien cumple condena por producción de contenido pornográfico de menores de edad. Por eso, el viernes 19 de enero, antes de irse de vacaciones al sur del país, según informó la ministra Tohá, el Mandatario dejó firmado el revocamiento de esta pensión vitalicia, dado que no cumplía con el espíritu de la reparación que debía hacer el Estado hacia las víctimas del Estallido Social.
El caso de Lagos, abre una serie de interrogantes respecto de cuáles fueron los antecedentes que consideró la Comisión Asesora Presidencial y el INDH a la hora de firmar los decretos de pensiones de gracia.
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