CDE amplió querella contra exalcalde de Algarrobo y agregó delito de cohecho
- Por Patricio Vargas | Aton
¿Qué pasó?
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, presentó una ampliación de la querella interpuesta el 22 de noviembre del año pasado, en contra de la encargada de Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, Belén Carrasco Serrano, contra seis particulares y el exalcalde de Algarrobo.
La acción es por los delitos de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal y el de soborno. Asimismo, respecto del exedil, se amplía la querella por su participación en calidad de autor del delito de cohecho.
Acción del CDE
La acción del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, se dirige nominativamente contra José Luis Yáñez, exalcalde de Algarrobo, y los particulares Sixto Carrasco, Gonzalo Valderrama, Roberto Henry, Santiago Fuentes, Juan Pablo Maldonado y Rafael Peña.
Estos, de manera concertada con la imputada Belén Carrasco, responsable de los fondos municipales, habrían sustraído más de mil millones de pesos de la Municipalidad de Algarrobo generando con ello un perjuicio al patrimonio fiscal.
Encargada de fondos municipales
La querellada Belén Carrasco, en el ejercicio de sus funciones y manteniendo a su cargo fondos públicos, procedió a adulterar las nóminas de pago a proveedores del municipio, incluyendo a personas naturales a quienes no les correspondía recibir pago alguno por parte de la entidad edilicia.
De esta forma, se concertaban con el objeto de sustraer un monto superior a $1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias.
Tales hechos, de acuerdo con la ampliación de la querella, ocurrieron bajo la administración de Yáñez, quien en su calidad de Alcalde de la comuna de Algarrobo no solo habría autorizado dicho desfalco, sino que aceptó del particular Rafael Peña, representante legal de la Sociedad Excavaciones Peña Limitada.
Dicha sociedad mantenía con el municipio diversos contratos vigentes, “un beneficio económico al que no tenía derecho”, según la acción interpuesta hoy, de al menos 25 millones de pesos, configurándose con ello además los delitos de cohecho y soborno.
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