Las dudas, contradicciones y omisiones del caso Democracia Viva: Las inconsistencias del jefe de asesores de La Moneda
No sólo los movimientos de la otrora subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) y el ministro Carlos Montes, en el marco de la investigación por Democracia Viva, han sembrado dudas.
Mega Investiga, en esta segunda entrega, describe las incógnitas e inconsistencias aún no resueltas que involucran a personeros de La Moneda, como al jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi (RD).
¿Cuándo se enteró el Presidente?
El 5 de julio fue el propio Presidente Gabriel Boric quien intentó despejar una de las grandes dudas: cuándo se enteró sobre el caso Democracia Viva.
“El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio, y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es de la semana anterior. (...) Apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente que se tiene que entregar toda la información”, dijo públicamente aquel día el Mandatario.
El oficio al que hizo referencia el jefe de Estado fue elaborado por la diputada Yovana Ahumada (exPDG) y está fechado del 7 de junio, es decir, nueve días antes de la publicación en Timeline de Antofagasta, que fue el 16 de ese mes.
Su explicación, sin embargo, no fue clara y abrió un nuevo flanco. Y es que el Presidente tampoco entregó una fecha exacta, y precisó que supo “alrededor” del periodo de la publicación del medio regional. Pero, ¿antes o después? ¿Ya sabía del oficio?
Por lo mismo, personeros de gobierno tuvieron que salir a aclarar sus palabras. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que tanto el Mandatario como el gabinete tomó conocimiento del caso el mismo 16 de junio, cuando se publicó el reportaje periodístico.
“Lo que el Presidente ha hecho es una reconstrucción de cómo fue el procedimiento y, en ese contexto, hizo referencia al oficio respectivo”, señaló Cordero, y agregó que “el Presidente se ha referido al Estado de Chile, el Estado de Chile objetivamente tomó conocimiento de eso con el oficio el 7 de junio”.
Sin embargo, la entonces subsecretaria de Vivienda, en su calidad de autoridad de gobierno, había recibido un correo el 2 de mayo que alertaba sobre los convenios adjudicados entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y los vínculos entre el representante legal de la organización, Daniel Andrade, el entonces seremi de Vivienda regional, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez. Los tres militaban en Revolución Democrática (RD).
7 de junio: el día clave
Uno de los personeros de gobierno que ha sido cuestionado a lo largo de esta trama es el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi.
El otrora parlamentario fue citado a declarar en varias oportunidades ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizaba el Caso Convenios, cuya asistencia la concretó recién a la tercera citación, el 6 de noviembre pasado. Ahí mantuvo el relato que fijó el gobierno respecto al día que se enteró de este problema Gabriel Boric.
"El 16 es el día en que el Presidente toma conocimiento", dijo Crispi ante los diputados.
Pero esa no fue la noticia ese día. En la misma exposición ante los parlamentarios reconoció que él, en su calidad de jefe de asesores, se enteró el 7 de junio por un “rumor”, y no por el oficio de la diputada Ahumada.
El comentario que llegó a sus asesores, según dijo, advertía de “una situación en la Región de Antofagasta, donde Daniel Andrade tendría una participación en una fundación, que a su vez tenía un vínculo con la Seremi de Antofagasta".
Junto con eso, aclaró que, pese a tener conocimiento de aquel “rumor” antes de la publicación periodística, recién el 16 de junio le habría comentado al Presidente Boric la existencia de aquella situación en Antofagasta.
Pero el 7 de junio no sólo fue el día en que a Crispi le llegó el rumor sobre Antofagasta. Para ese entonces, la situación ya era conocida al interior de Revolución Democrática, donde milita el jefe del segundo piso.
Ese mismo día, incluso, el secretario ejecutivo del partido, Edson Dettoni se comunicó con Tatiana Rojas por WhatsApp para hacerle cuatro preguntas, con el fin de construir un relato que sirviera para cuando estallara el caso y contener todas las aristas que se pudieran abrir.
Esa gestión se dio justo después de la reunión que sostuvo el 6 de junio -por Zoom- la directiva de RD y algunos involucrados en el caso, como Andrade, Contreras y la jefa de gabinete de Catalina Pérez.
El informe “fantasma”
Otra de las dudas que se instaló sobre el 7 de junio provino de Contreras, quien aseguró que la información que ese día le llegó a Crispi no correspondía a un rumor.
El 30 de noviembre, el exseremi de Vivienda de Antofagasta emitió una declaración pública en la que aseguró que Presidencia recibió un informe el 7 de junio sobre el convenio entre el Ministerio de Vivienda y Democracia Viva.
“El día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”, se lee en el texto emitido por Contreras.
En el mismo documento también agregó que el informe contaba con información recopilada y analizada “durante semanas”, por lo que “el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”.
La acusación del exseremi no tardó en ser respondida. Mediante su abogado defensor, Guillermo Chahuán, Miguel Crispi descartó haber recibido dicho informe.
“Miguel Crispi asistió a la Comisión Investigadora sobre el Caso Convenios donde respondió durante más de tres horas a las preguntas de las y los honorables parlamentarios. Su presentación en dicha comisión se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado”, señaló en la declaración pública.
En su declaración, Contreras no especificó la procedencia del informe, ni tampoco el personero al que le habría sido entregado.
¿Existió un llamado?
Según declaró Crispi en la comisión investigadora de la Cámara Baja, una vez que se enteró del rumor se habría comunicado con la entonces subsecretaria Rojas para solicitarle una investigación.
“Lo que hago como jefe de asesores es derivarla a la subsecretaria de Vivienda, la llamo, le consulto si escuchó hablar de esto, si es que tenía información, porque ya había ocurrido el oficio, llega después, pero el correo de los funcionarios ya estaba. Le digo que tome el caso, que lo investigue”, relató ante los parlamentarios, y explicó que se contactó con ella porque “es la superior jerárquica de los seremis".
Sin embargo, ante el Ministerio Público, el 5 de octubre de 2023, Rojas aseguró que no recibió contacto de personeros de gobierno para abordar específicamente el caso de Democracia Viva.
“A su nueva pregunta, no recibí contacto alguno de funcionario de gobierno para abarcar de manera particular la situación de Democracia Viva”, respondió la exsubsecretaria de Vivienda ante la consulta de la fiscalía.
Sólo precisó que recibió un mensaje de WhatsApp -enviado el 7 de junio- de Dettoni, quien era secretario ejecutivo de Revolución Democrática, con preguntas sobre la “envergadura del problema y las consecuencias que este problema podía acarrear”. Así también, agregó que se comunicó con la diputada Catalina Pérez, quien le habría informado que enviaría un oficio a la Contraloría Regional de Antofagasta.
Para ese entonces, el entonces jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado ya le había recomendado a Rojas solicitar un informe legal al área jurídica de la Seremi de Antofagasta, por un eventual conflicto de interés en la suscripción del convenio con Democracia Viva.
Mega Investiga consultó al abogado Guillermo Chahuán, quien asumió la representación de Crispi hace unas semanas, más detalles sobre la comunicación entre el jefe de asesores del segundo piso y la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, no quiso entregar una declaración, al calificarlo de poca relevancia penal.
Desde la defensa de Rojas, en tanto, aseguraron que sí existió una llamada, pero no precisaron fecha. Esto, a pesar de que la militante de RD no reveló esa información clave cuando entregó su declaración ante la Fiscalía de Antofagasta, en octubre pasado.
Para el Ministerio Público es relevante determinar la fecha exacta en la que se enteraron las autoridades de gobierno sobre el caso Democracia Viva. Por lo mismo, el 1 de octubre el fiscal Cristián Aguilar fijó un nuevo cerco para La Moneda: instruyó -en una nueva causa por omisión- a la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta de la PDI esclarecer cuándo tomó conocimiento el ministro Montes, la exsubsecretaria Rojas, quien está en calidad de imputada, y el propio Presidente Boric sobre el caso.
Para La Moneda, sin embargo, este no es el único problema. A pesar de que han intentado contener la crisis y ordenar un discurso sobre cuándo llegó la información a Palacio, la carta desde la cárcel de Daniel Andrade abrió un nuevo flanco para el gobierno.
El fundador de Democracia Viva no sólo tildó su reclusión como una “prisión política”, sino que también advirtió que “la injusticia” no quedará sin respuesta. “La impotencia, la rabia y la traición, serán movilizadoras”, aseguró el imputado desde la cárcel.
Y no quedó ahí. “Soy dueño de mis silencios y preso de mis palabras. Hasta ahora, he elegido el silencio esperando que las instituciones funcionen. Pero con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse”, deslizó Andrade.
Si bien estas palabras fueron criticadas por su sector, el exmilitante de RD abrió nuevas interrogantes sobre si existe información relevante que no ha entregado al Ministerio Público de esta trama de corrupción y líos de platas que azota al gobierno de Gabriel Boric.
