Las dudas, contradicciones y omisiones de la trama del caso Democracia Viva: Los movimientos de Tatiana Rojas

¿Cuándo se enteraron las autoridades de gobierno sobre el caso Democracia Viva? ¿Se alertaron irregularidades tras el convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta?

Son varias las incógnitas que aún no se despejan sobre el caso cero del lío de dineros, que actualmente investiga el Ministerio Público. Distintos personeros de gobierno e involucrados han entregado diferentes versiones -públicamente y ante la fiscalía-, intentando aclarar las dudas. Sin embargo, pese a los intentos, algunas explicaciones han resultado contradictorias.

Mega Investiga analizó los hechos de forma cronológica desde que estalló el caso, y constató las diversas contradicciones que se han desarrollado a lo largo de la trama. Aquí las enumeramos en una primera entrega, que muestra el rol que tuvo la ex subsecretaria de Vivienda y militante RD, Tatiana Rojas y sus colaboradores en el Ministerio de Vivienda.

La primera alerta

El 2 de mayo la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas recibió la primera alerta: un correo de la presidenta de los funcionarios del Serviu de Antofagasta, Carla Olivares.

El extenso mensaje denunciaba irregularidades que involucraban al entonces seremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, y advertía sobre dos convenios suscritos entre la institución regional y la Fundación Democracia Viva.

Pero la alerta era más específica. También reparaba en los vínculos de cercanía entre el director de la organización, Daniel Andrade; la diputada Catalina Pérez -en ese entonces ambos eran pareja-, el seremi Contreras, y la militancia que los tres compartían en ese entonces en Revolución Democrática (RD).

Según la declaración que entregó Tatiana Rojas ante la fiscalía el 5 de octubre, la información de la denuncia la remitió el 3 de mayo a Carlos Contreras, solicitando que expusiera todos los antecedentes que tuvieran relación con lo expuesto por la funcionaria del Serviu. Ese correo, según ella, iba con copia a Ricardo Trincado, entonces jefe del Departamento de Asentamientos Precarios.

Hasta ahí todo parecía ir por el camino regular. Sin embargo, Trincado cuenta una versión distinta. En su relato ante el Ministerio Público, afirmó que se enteró del caso recién el 19 de mayo, cuando recibió por correo electrónico una instrucción de Rojas para estudiar el caso.

“El correo enviado (por Rojas) incluía la denuncia del equipo de Asentamientos Precarios y una respuesta del Seremi Carlos Contreras respecto del mismo asunto”, dijo Trincado en su declaración.

Esa respuesta a la que hace referencia el exjefe del Departamento de Asentamientos Precarios en su declaración se trata de un correo de Contreras enviado el 18 de mayo, en el que el entonces seremi respondía a Rojas con distintos antecedentes, a propósito de la denuncia de la funcionaria del Serviu. En ese documento, sin embargo, nunca se mencionó el conflicto con Democracia Viva.

Las versiones que enfrentan a Rojas y Trincado

Tras recibir la instrucción de Rojas, el 5 de junio Trincado emitió un documento en el que -entre otras cosas- recomendó solicitar un informe legal al área jurídica de la Seremi de Antofagasta, por un eventual conflicto de interés en la suscripción del convenio con Democracia Viva.

“Sobre la materia específica de eventuales conflictos de interés en la suscripción del convenio con la Fundación Democracia Viva se recomienda solicitar un informe legal al área jurídica de la Seremi de Antofagasta”, se lee en el documento.

Dos días después de recibir ese informe -el 7 de junio-, Rojas le confesó a Edson Dettoni, secretario ejecutivo de RD, que aún no conversaba sobre el asunto con el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Para esa fecha, los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva ya se conocían en RD. Y no eran precisamente un secreto a voces. El 6 de junio -diez días antes de la publicación en el medio Timeline-, la directiva de la tienda política se reunió vía Zoom con la presidenta regional de Antofagasta, la jefa de gabinete de Catalina Pérez, Andrade y Contreras.

El objetivo de ese encuentro era intentar construir una versión para cuando el caso explotara. Y quien tuvo un rol importante en ese plan fue, justamente, Dettoni. De hecho, el entonces secretario ejecutivo de RD desplegó una serie de gestiones, entre ellas recopilar las versiones de Andrade y Rojas. A ambos les hizo las mismas cuatro preguntas para ir construyendo un relato, que en vez de esclarecer el caso, generó más dudas ante la opinión pública.

“Yo no he podido hablar con el ministro todavía”, le respondió Rojas a Dettoni a través de un audio de WhatsApp, que fue transcrito por la Policía de Investigaciones (PDI), tras pesquisar el teléfono del abogado.

Aquí es donde se produce otra contradicción. Y es que luego de que la entonces subsecretaria Rojas recibiera el informe de Trincado, supuestamente elaboró una minuta que le habría remitido el 8 de junio al ministro de Vivienda.

“El Ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamientos precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”, dijo Rojas ante la fiscalía, el pasado 5 de octubre.

Y agregó: “Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.

Ese documento que se titula “Situación general convenios del Programa de Asentamiento Precarios con fundaciones sin fines de lucro en la Región de Antofagasta”, se conoció públicamente en diciembre. Sin embargo, era más bien una explicación general sobre el programa de Asentamientos Precarios en Antofagasta, y no advertía de irregularidades con Democracia Viva. Así lo reconocieron desde el Ministerio de Vivienda, y también el abogado Jaime Winter, quien asumió la defensa de Tatiana Rojas.

La minuta, en detalle, describía diferentes gestiones para diversificar las fundaciones con las que trabajaban en el programa de Asentamientos Precarios y la realización de una auditoría interna.

Con esos antecedentes, surgen varias dudas. Pero la principal es ¿por qué la entonces subsecretaria de Vivienda no advirtió sobre el convenio con Democracia Viva, si es que el informe de Trincado recomendaba un estudio jurídico?

El informe (destinado a Montes) que nunca llegó

Pero justamente la elaboración de esa minuta es la que levantó una nueva incógnita. Si bien Rojas dice que le remitió el documento a Montes, desde el círculo cercano del ministro de Vivienda descartan que ese documento llegara a sus manos el 8 de mayo.

La versión que entregan cercanos al militante socialista es la siguiente: en noviembre, semanas antes de que se conociera públicamente la declaración que hizo Rojas ante la fiscalía en octubre, el jefe de Vivienda tomó conocimiento de un rumor sobre la posible existencia de un documento con información.

Como el contenido era desconocido, el secretario de Estado instruyó a su equipo para que buscara ese supuesto informe por los canales oficiales y en las dependencias del Ministerio de Vivienda, hasta que lo encontraron en el computador institucional de la exsubsecretaria Rojas.

Pero, tal como declararon, se trataba de una minuta que no advertía de irregularidades. “No existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos”, afirmaron en una declaración desde Vivienda.

Una situación que sí fue alertada al ministro Montes antes de que estallara el caso fue sobre un exceso de contrataciones de militantes de Revolución Democrática en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que era encabezada en ese tiempo por Contreras.

Desde el círculo del titular de Vivienda aseguran que aquella acusación, que habría recibido a inicios de mayo de forma anónima, se la derivó a la subsecretaria Rojas, pero que ella le habría comentado que dicha situación estaba en revisión.

Según la entonces subsecretaria de Vivienda, aquel asunto se le alertó en abril, periodo en que le pidió una explicación a Contreras.

“Pregunté directamente a Carlos Contreras si estaba contratando militantes de RD, contestándome que en un momento de ‘necesidad’ por la cantidad de trabajo que tenían él había contratado a tres militantes y que ninguno de ellos ya trabaja en la Seremi”, declaró Rojas.

El caso Democracia Viva -y los convenios con otras fundaciones- abrió un gran flanco para el gobierno, sobre todo para Carlos Montes, quien vive días complejos a cargo del Ministerio de Vivienda.

Este miércoles, la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra se pronunciará sobre el libelo, y el jueves la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará su pertinencia.

Y pese a que el resultado para el militante socialista se prevé favorable -ante la falta de votos la acusación no prosperaría-, el informe final de la comisión investigadora del Caso Convenios lo acusó por “reprochable inobservancia”. Lo que se suma, además, a los dichos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien aseguró que “es muy probable” que el secretario de Estado sea citado a declarar.