Caso Convenios: PDI allana la Gobernación Regional de La Araucanía
¿Qué pasó?
Este viernes, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento a la Gobernación Regional de La Araucanía, en el marco del Caso Convenios.
La medida no sólo afectó a las oficinas del organismo, sino que también a los domicilios de cuatro funcionarios públicos.
Investigación a la Gobernación de La Araucanía por el Caso Convenios
El Caso Convenios mantiene al gobernador Luciano Rivas en calidad de imputado. Sin embargo, no es por esta causa.
"El Caso Convenios tiene diferentes investigaciones que involucran a distintas fundaciones. En el caso específico de la diligencias que se realizó el día de hoy involucra solo a Folab y Educc, por un monto que supera los $700 millones. Existen otras investigaciones en relación a otras fundaciones, donde se presentó la denuncia directamente contra el gobernador", precisó el fiscal regional, Roberto Garrido.
Al respecto, explicó que desde hace algunos meses están investigando "la arista que involucra a las fundaciones Educc y Folab. En esta arista, que ya cuenta con dos personas formalizadas y en prisión preventiva".
Allanamiento a la Gobernación de La Araucanía por el Caso Convenio
La jefa regional de la PDI, prefecta inspectora Consuelo Peña, detalló que "nosotros estamos trabajando bajo las órdenes del Ministerio Público respecto de las diligencias que se realizaron. Tenemos un equipo especializado, la brigada de Delito Económico, que está colaborando directamente, además de peritos del Laboratorio de Criminalística".
Respecto a si uno de los domicilios allanados era del gobernador Rivas, respondió "no hay una diligencia que se ordene respecto de él".
Cabe señalar que al momento del procedimiento la autoridad regional no se encontraba en la Gobernación.
Investigación a funcionarios públicos de La Araucanía por el Caso Convenios
El fiscal Garrido expuso que "se solicitó una autorización judicial para la realización de medidas intrusivas, diligencias de entrada y registro en oficinas y en domicilios de funcionarios públicos, por cuanto que en el desarrollo de la investigación se ha logrado determinar que existen antecedentes que permitirían dar cuenta de la comisión de delitos funcionarios, es decir, de personas vinculadas con la tramitación, la aprobación y la supervisión de los proyectos que eventualmente incurrieron en hechos ilícitos".
En ese sentido, precisó que esperan que el procedimiento permita "recabar antecedentes para la formulación de imputaciones posteriores a otras personas, además de quienes hoy día están formalizados".
"No hay personas detenidas por el momento en esta diligencia. Esta era una medida sólo de carácter intrusivo", agregó.
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