Tren de Aragua: Investigación administrativa a juez que ordenó entregar nombres de testigos protegidos
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Este viernes, la Corte de Apelaciones de Arica abrió una investigación administrativa en contra del magistrado del Juzgado de Garantía de la ciudad, Héctor Barraza, quien ordenó, el pasado miércoles, revelar las identidades de 57 testigos protegidos en un caso relacionado con el Tren de Aragua.
En concreto, Barraza acogió la solicitud de los defensores de los presuntos miembros del clan "Los Gallegos", brazo operativo de la banda delictual de origen venezolano, con la que planteaban que sus representados tenían derecho a saber quiénes los estaban acusando.
Sin embargo, tras un recurso de protección de Fiscalía, la misma Corte suspendió el mandato del juez y, más tarde, el Juzgado de Garantía ordenó a la Defensa Penal Pública devolver los antecedentes de los testigos.
¿Qué dijo la Corte de Apelaciones?
El tribunal indicó que con esta investigación se busca establecer "la forma en que se desarrolló la audiencia en la que el juez penal accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación".
La decisión fue adoptada tras reunir todos los antecedentes recopilados por parte del ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado.
En la instancia, el pleno de ministros acordó pedir informes al juez Barraza y al Comité de Jueces de ese tribunal.
Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica ordena investigación administrativa contra juez de Garantía https://t.co/gquYh3V5jU pic.twitter.com/0HWiLqcbFE
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 15, 2023
"Se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal", señaló Claudia Arenas, presidenta de la corte de Apelaciones de Arica, de acuerdo a lo consignado por Radio Cooperativa.
Lo anterior, con la finalidad de determinar "si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza".
Cabe destacar que, actualmente, el caso también está siendo investigado por el Ministerio Público y ha generado críticas desde el Ejecutivo.
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