Caso La Polar: Comisión investigadora concluye que hay un "modus operandi" en la venta de ropa falsificada
¿Qué pasó?
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que indagó las irregularidades de La Polar en el marco de las denuncias por la venta de ropa falsificada, entregó sus conclusiones finales.
El informe, en el que se detectó que existió un "modus operandi" para comercializar prendas falsificadas, deberá ser votado en la Sala en los próximos días, luego que este martes fuera aprobado por la Comisión.
¿Qué dice el informe?
"La Polar ha dañado a los consumidores con la venta de productos falsificados y dejó en evidencia que es urgente realizar modificaciones normativas que persigan esos ilícitos de manera adecuada", afirma el documento.
"Sus clientes adquirieron ropa falsificada, creyendo que se trataba de ropa de marca y pagaron un costo elevado por esas prendas, ignorando que eran prendas falsas", agregó.
Modus operandi
El informe expuso que "este verdadero modus operandi vinculado a la falsificación de ropa es un tremendo negocio, que mueve muchos millones de dólares a nivel mundial y Chile no es la excepción lamentablemente".
"Este verdadero mercado negro se adapta y adecúa a las realidades del mercado local, eludiendo los mecanismos de control y de fiscalización existentes", aseveró.
Engaño a la fe pública
El presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Daniel Manouchehri (PS), sostuvo que "La Polar ha engañado sistemáticamente a la fe pública. Por eso vamos a trabajar en una legislación robusta para proteger a los consumidores".
"Los consumidores no tienen el resguardo necesario para poder garantizar que no se les engañe. Es por eso que nosotros hemos sugerido una serie de modificaciones legales que se plasmarán en proyectos de ley que esperamos que puedan otorgarles mayores derechos a los ciudadanos", recalcó.
Propuestas para hacerse cargo de la venta de ropa falsificada
El informe también entrega propuestas para que el Gobierno pueda hacerse cargo de las falencias de los organismos públicos involucrados en este tipo de casos.
Entre las iniciativas destaca la modificación de la Ley de Propiedad industrial vinculada con la persecución penal, ya que actualmente los delitos marcarios son sólo de acción penal privada, por lo que dependen de la voluntad del titular de la marca para que se dé inicio a la persecución.
También se propone revisar la configuración del delito de contrabando que contempla la Ordenanza General de Aduanas, y así considerar la afectación a la fe pública o a los derechos de los consumidores; modificar la ley 19.912 que acomoda la legislación según los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio suscritos por Chile, para limitar la posibilidad de que las mercancías retenidas en la frontera sean entregadas a su destinatario, en caso de que lo se ejerzan acciones legales dentro del plazo.
Además, se indica que se podría avanzar en la tipificación del "delito de mentir" en el derecho del consumidor y así avanzar a una mejor ética empresarial.
Por último, se planteó la revisión de la tipificación del delito de falsificación, para reconocer que el delito es pluriofensivo, ya que no sólo afecta a la empresa titular de la marca, sino que también a las personas.
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