Doctora es acusada de vender licencias y recetas por más de $200 millones: Ella y su hijo están en prisión preventiva
¿Qué pasó?
En prisión preventiva quedaron una doctora y su hijo, quienes en Puerto Aysén vendían licencias y recetas médicas a personas que no eran sometidas a un diagnóstico médico previo.
El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén determinó que los acusados deberán cumplir con la medida cautelar, durante los 90 días de plazo fijados para efectuar la investigación.
El caso
El jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto Luis Torralba Ramírez, informó que "estamos dando cuenta de una investigación que se prolongó por aproximadamente tres meses, donde como PDI logramos detectar a una profesional de la salud quien, en compañía de su hijo, extenderían licencias médicas y certificados para obtener medicamentos sin atención médica previa".
De este modo, la médico cirujano de 67 años "logró obtener una gran cantidad de recursos", según el prefecto. "Calculamos un beneficio económico por sobre los $200 millones de pesos con esta actividad ilícita de la profesional", precisó.
Se estima que la mujer y su hijo de 50 años habrían entregado más de 3 mil documentos. "Nunca se descarta que exista una mayor cantidad de documentos que haya extendido la profesional a la salud", aclaró Torralba.
Modus operandi
El jefe regional de la PDI detalló que la mujer "tenía como fachada una consulta en el centro de la ciudad", y explicó que "dentro del proceso investigativo, logramos establecer, a través de testigo, que ese lugar era arrendado por ella y no tenía un movimiento de consulta con los pacientes que supuestamente ella atendía". De hecho, en el recinto no había fichas clínicas de los pacientes.
El subprefecto Patricio Vargas, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Aysén, expuso que la médica "tiene dos inmuebles, uno que ocupa como domicilio particular, el cual queda en el centro cívico de la comuna de Aysén, a un costado del cuartel de la PDI, y un segundo inmueble que arrienda, que es utilizado como una consulta, utilizada como fachada".
Para las ventas "el contacto lo hacía el hijo y él hacía todas las coordinaciones, y la doctora era quien firmaba los documentos y previo pago los entregaba", afirmó Vargas.
La entrega de los certificados también lo concretaba el hijo, quien atendía a las personas a través de la reja del inmueble particular de la mujer.
De acuerdo al subprefecto, lo anterior se efectuaba "sin un previo chequeo médico, exámenes de laboratorio o cualquier otro tipo de examen que dijera la condición física de las personas, lo que también es un daño para la salud de quienes adquirían este tipo de documentos para obtener los medicamentos, los cuales tenían como principio activo la fentermina, que utilizaban principalmente para bajar de peso".
Investigación
La PDI procedió a detener a ambos involucrados tras detectar que la profesional de la salud se dedicaría a la venta y comercialización de manera abusiva de recetas, licencias médicas, certificados médicos y medicamentos sujetos a control especial del tipo estupefacientes, sin ningún tipo de evaluación de necesidad médica o terapéutica, configurándose el delito de infracción a la Ley 20.000.
Durante el procedimiento desarrollado el pasado jueves en el domicilio y la consulta médica de la doctora, se logró la incautación de diversos comprimidos con los principios activos de fentermina y otros como clonazepam, clordiazepóxido, diazepam, midazolam, lorazepam y codeína, cuyo valor comercial asciende a cerca de los $150 mil pesos.
Del mismo modo, los detectives incautaron alrededor de $2 millones de pesos en efectivo, dispositivos electrónicos y diversa evidencia documental relacionada con el ilícito, como recetas, licencias médicas, fichas médicas, cuadernos de anotaciones, libros de contabilidad, entre otros elementos.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, indicó que dentro de la investigación se logró establecer la existencia de "más de 120 talonarios que ha solicitado a la autoridad administrativa de salud para efecto de venderlos", lo que da a entender que "efectivamente, ella estaba traficando en grandes cantidades en nuestra región".
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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