Fiscalía confirma que investiga como imputado a gobernador de La Araucanía por millonario traspaso a fundación
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que el gobernador de la región, Luciano Rivas, está siendo investigado en calidad de imputado en una nueva arista del Caso Convenios.
Rivas, quien es independiente apoyado por Evópoli, está en el foco de la polémica luego que se conociera el traspaso de más de dos mil millones de pesos a Fundación Local, cuyo representante legal es Héctor Troncoso, quien es cercano a la autoridad.
En ese contexto, el persecutor entregó detalles de las diligencias, y se refirió a los antecedentes que el gobernador entregó a fiscalía la jornada del martes.
¿Qué dijo el fiscal?
El fiscal Garrido explicó que "cualquier persona en contra de quien se presente una denuncia tiene la calidad de imputado por imposición de la ley. Y en este caso, al haberse presentado una denuncia en contra de él, tiene esa misma calidad".
Al ser consultado sobre la concurrencia de Rivas a la Fiscalía de Alta Complejidad, indicó que hasta dicho lugar llevó "antecedentes mediante un oficio, y acompañó, en un soporte digital, una serie de documentación que es relativa a autorizaciones y proyectos".
Asimismo, se presentaron "resúmenes de los programas que se aprobaron por el gobierno regional, no solo limitados a las situaciones que se han denunciado, sino que en términos generales a todos los proyectos que se han financiado".
"Esto es una información que tiene que ser procesada por la Fiscalía de Alta Complejidad a través de sus analistas y los abogados que están trabajando en este caso", agregó.
En cuanto a las diligencias que se van a realizar, prefirió no referirse "para asegurar el éxito de las mismas".
Al ser consultado si se puede citar a declarar a los consejeros junto al gobernador, indicó que "el Ministerio Público tiene la obligación de realizar una investigación acuciosa, completa, objetiva, con respeto a los derechos de todas las personas".
Además, el órgano persecutor debe dar una respuesta, cuyo resultado que se obtenga, "ya sea para acreditar la existencia del delito o para descartarlo, tenga un sustento en todos los antecedentes que se reúnan".
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