"Como si fuera su propiedad privada": Detective que fue baleada vive hace 3 años en Escuela de PDI y se niega a dejarla
La subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI) Danitza Araya, quien fue atropellada y baleada en medio de un operativo desarrollado el 21 de octubre de 2019, durante el estallido social, lleva tres años viviendo con su familia en dependencias de la institución.
El exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, emitió una orden verbal que autorizaba a que la detective Araya, junto a sus padres, se trasladaran hasta la Escuela de Investigaciones "Presidente Arturo Alessandri Palma", donde se les facilitaron dos piezas y se les acondicionó una tercera como gimnasio.
La detective, que aún es funcionaria activa de la institución, estaría viviendo en dichas instalaciones de manera "transitoria y temporal", sin embargo, su estadía se ha prolongado por más de tres años, lo que actualmente mantiene a Araya en un lío judicial con la PDI.
PDI entrega explicaciones a la Corte de Apelaciones
El viernes pasado, la PDI tuvo que explicar ante la Corte de Apelaciones de Santiago las circunstancias de por qué Araya y sus padres viven en dependencias de la Escuela de Investigaciones.
En un escrito, la institución detalló que el traslado se justificó en que la funcionaria tenía residencia en la comuna de Rengo, región de O'Higgins, y debido al atropello y baleo que sufrió durante un acto de servicio, debía someterse a un tratamiento en Santiago, consignó La Segunda.
El tratamiento tras la operación "se llevaba a efecto en Santiago, en la Mutual de Seguridad, recinto de salud que se encontraba muy cerca de la Escuela de Investigaciones Policiales, lo que también se tuvo en consideración a la hora de adoptarse dicha medida", explicó la PDI, institución que asegura haber corrido con los gastos de los procedimientos.
Detective acusa actos "intimidatorios"
El 23 de mayo de este año, el abogado de Danitza Araya presentó un recurso de protección contra el director de la institución, Sergio Muñoz.
En el recurso, la detective acusa que recibió visitas de diversos funcionarios, lo que, según su abogado, sería un acto "intimidatorio". Asimismo, indica que la institución le puso trabas por atenderse en Clinica MEDS y no en un recinto de salud donde la PDI tuviera convenio, consignó el citado medio.
Por contraparte, la PDI sostiene haberle entregado apoyo psicológico a Araya y que, a la fecha, le ha reembolsado y pagado prestaciones médicas por "la suma de $198.645.490". Asimismo, "se autorizó la intervención quirúrgica en la Clínica MEDS, por el trauma raquimedular, cuyo valor ascendió aproximadamente a la suma de $26.574.830", aseguró la institución.
Le acondicionaron un departamento, pero se negó a dejar dependencias de la PDI
La PDI aseveró haber acondicionado dos inmuebles fiscales colindantes, ubicados en un block de la comuna de Santiago, para que Araya y sus padres se trasladaran, los cuales están amoblados y cuentan con las condiciones de habitabilidad para personas con movilidad reducida.
Cuando la institución le ofreció a Araya y sus padres el traslado al centro de Santiago, ellos se negaron, ya que "exigían un inmueble ubicado en una comuna del sector oriente de la capital, y que, de no existir la posibilidad de un inmueble fiscal en ese sector, mantendrían su permanencia en las habitaciones de la Escuela de Investigación Policiales por el tiempo que ellos consideren necesario".
De parte de la detective, su abogado detalló en el recurso que la PDI "tiene departamentos fiscales adecuados y ubicados en un sector que dan la seguridad en las condiciones que se encuentra mi representada".
La PDI, en su texto, también acusó que la detective y sus padres usan las dependencias de la escuela con fines recreativos, como si fuera su casa.
"Tanto la recurrente como sus padres, utilizan las dependencias del plantel educacional de forma recreativa, como si fuera su propiedad privada, utilizando la piscina destinada a los alumnos, interfiriendo en la formación de los futuros oficiales policiales, al quejarse por el ruido propio de la institución policial en las mañanas, peleando entre ellos a viva voz, a altas horas de la madrugada", acotaron en el texto.
La institución también acusó que la detective y sus padres exigen "que los trasladen en vehículos fiscales para realizar compras personales, llegando, incluso, al extremo de invitar a pernoctar a familiares que no tienen relación con el tratamiento de la recurrente, como es el caso de un hermano de esta, increpando e insultado a oficiales superiores, entre muchas otras situaciones".
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