Columna de Mauricio Morales: Indultos, conejos y litio

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago

El gobierno arrastra una impopularidad que no cede. Según la última encuesta Cadem, la desaprobación al Presidente Boric alcanza el 62%. Su momento más crítico fue después del Plebiscito. Ahí murió el programa de gobierno y las ideas que llevaron a Apruebo Dignidad a ganar la Elección Presidencial de 2021.

Luego de eso, los números mejoraron lentamente, pero cuando terminaba el año pasado, el Presidente firmó trece indultos que incluyeron a personas con amplio prontuario delictual. Eso rompió el vínculo natural que tenía con la ciudadanía. Fue interpretado como una especie de traición, más aún en medio de una crisis de seguridad pública de proporciones. La salida de su jefe de gabinete y de su ministra de Justicia no fueron suficientes para deslindar su responsabilidad personal con una decisión tan desafortunada. La aprobación presidencial apenas llegó al 25% y los enfrentamientos con la oposición y con parte del socialismo democrático recrudecieron de manera significativa.

De ahí en adelante, el gobierno se mantuvo con niveles de aprobación en torno al 30%. En el contexto de los incendios forestales, Boric volvió a incrementar su aprobación, llegando al 35%. Incluso, las declaraciones del ministro de Vivienda en torno al poder expansivo del fuego a causa de los conejos, no causaron mayor daño en el avance de la popularidad presidencial.

Un gobierno desplegado y en terreno pareció convertirse en la fórmula precisa y en la estrategia exacta para convencer a una ciudadanía aún dolida por los indultos presidenciales. Algunos ministros del gabinete lucieron de especial forma e, incluso, aquellos históricamente mal evaluados experimentaron una sorpresiva remontada.

En el Congreso, en tanto, avanzaba el proyecto de las 40 horas y había muchas expectativas con el incremento del salario mínimo. Era el contexto ideal para salir del foso y comenzar la remontada. El equipo político comenzaba a afiatarse, y en el área económica Mario Marcel continuaba como el ministro más valorado e influyente a pesar del traspié con la reforma tributaria.

No obstante, y cuando todo pintaba mejor para el gobierno, vino el asesinato del hoy suboficial mayor Daniel Palma y la consecuente agudización de la crisis de seguridad. Se detuvo el alza en la aprobación presidencial, la ciudadanía volcó su total respaldo a Carabineros, algunos ministros tuvieron que recular en sus dichos contra la institución, y la oposición se activó en el Congreso con una nutrida agenda de seguridad. Comunicacionalmente, el gobierno debió batallar contra el protagonismo del alcalde Rodolfo Carter, quien no perdía oportunidad para provocar al Presidente y su ministra del Interior, buscando un enfrentamiento con el Ejecutivo. Se votó la ley Naín-Retamal y se aprobó con el corcoveo de parte de Apruebo Dignidad, evidenciando las fuertes divisiones políticas ideológicas de la coalición de gobierno.

Para salir de esta agenda, el Presidente anunció una política nacional del litio. Es más, prometió la creación de una empresa nacional del litio, en que el Estado es -por decirlo de alguna manera- el socio mayoritario, mientras que los privados solo podrían aspirar a un control del 49%.

Al día siguiente, el ministro Marcel salió a aclarar que esta métrica solo aplicaba a los proyectos estratégicos. Según la Cadem, un 73% apoya la creación de la empresa estatal del litio, y un 75% respalda la colaboración público-privada para la explotación del mineral.

Cuando se pregunta por el control de esta empresa, el 39% prefiere un control estatal con participación de privados, y un 33% se inclina por un control privado, pero con participación estatal. En este escenario, el gobierno debe ser muy cuidadoso en sus anuncios, partiendo por rebajar las expectativas en torno a los beneficios económicos que podría traer la explotación del mineral en el corto plazo, y combinar eficazmente la alianza público-privada. De lo contrario, este anuncio- plagado de buenas intenciones- podría tener un efecto boomerang de proporciones, justo cuando la aprobación presidencial se ha estabilizado y el gobierno parece ver la luz al final del extenso túnel.

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