Recibieron $148 millones sin trabajar: Matrimonio fue condenado por fraude en Municipalidad de San Fernando
- Por Gabriela Tapia
Con libertad vigilada y una multa por el pago de un 30% del dinero defraudado, fueron condenados Alfredo Riquelme y Patricia Ulriksen. Este matrimonio logró que se les contratara en la Municipalidad de San Fernando por labores que nunca desempeñaron. ¿Cómo lo hicieron? El Consejo de Defensa del Estado (CDE) argumentó en el juicio que su contratación “fue derechamente un costo o pago político a un senador de la República, a esa fecha en ejercicio, quien intercedió por Riquelme y su pareja”.
El CDE cifró en más de $148 millones el dinero defraudado por ambos condenados. Este valor equivale a los sueldos que recibieron entre los años 2016 y 2021, período en que supuestamente trabajaron en la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf) en las áreas de salud y educación haciendo encuestas. El problema es que según determinó el Juzgado de Garantía de San Fernando, Riquelme y Ulriksen recibieron los pagos, pero jamás trabajaron.
En octubre de 2022, un reportaje de Meganoticias ahondó en el desfalco en la Municipalidad de San Fernando, donde cerca de $20 mil millones fueron desviados desde la entidad pública. Por estos hechos, el ex alcalde Luis Berwart (Independiente), se mantiene en prisión preventiva y 41 personas están siendo investigadas, entre ellos el matrimonio condenado.
Entre los mecanismos presuntamente utilizados para realizar este fraude, habrían sobornos pagados mediante horas extraordinarias, creación de empresas fantasma y pagos a proveedores que nunca realizaron los trabajos contratados.
Sondeos de opinión que nunca existieron
Según indicó el CDE ante el juzgado, en abril de 2016 la Cormusaf contrató a Riquelme para realizar sondeos de satisfacción entre los usuarios de las corporaciones municipales de San Fernando, funciones por las que recibió una remuneración de más de $1.600.000. Meses más tarde, en agosto de 2016, contrató a Ulriksen como supervisora de establecimientos educacionales por $600.000 mensuales.
En enero de 2017, ambos fueron desvinculados y por ello recibieron indemnizaciones. Sin embargo, ese mismo año el matrimonio reclamó ante la Inspección del Trabajo, argumentando que por tener fuero sindical no podían ser despedidos. En esa oportunidad fue Luis Berwart, entonces alcalde de San Fernando, quien ordenó reincorporarlos.
Ese mismo año, la Cormusaf constató que la pareja no iba a trabajar, algo que se mantuvo por tres años. Pese a esto, en 2019 Riquelme y Ulriksen demandaron a la corporación por no pagarles desde marzo a mayo, exigiendo una indemnización de $20 millones por daño moral.
Respecto a los trabajos encomendados a la pareja, el CDE enfatiza que “no hay registros de la confección de encuesta alguna en el sistema educacional, ni de las prestaciones, significación y resultado de la supervisión que debía realizar, toda vez que dichos servicios no existieron”.
Pagos políticos
Todo el entramado de contratos se habría producido por el pago de favores políticos, según acusó el Consejo de Defensa del Estado. En uno de sus escritos, menciona que “la contratación de los imputados fue derechamente un costo o pago político a un senador de la República, a esa fecha en ejercicio, quien intercedió por Riquelme y su pareja”. Sin embargo, el escrito del CDE no menciona el nombre del político ni lo incluye en la causa.
Asimismo, el informe del Consejo menciona al exalcalde Berwart, asegurando que tras la primera desvinculación de la pareja él habría intercedido en su favor para “cumplir políticamente” y para que ambos sondearan la opinión de la comunidad de San Fernando respecto de su desempeño como alcalde.
Por estos hechos, el Juzgado de Garantía de San Fernando condenó por fraude al fisco reiterado a Riquelme y Ulriksen. La pareja fue condenada a cinco años de presidio en libertad vigilada, inhabilitación para cargos públicos y el pago de una multa correspondiente al 30% del dinero que la pareja consiguió de manera ilícita.
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