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Diputados buscan regular valores de seguros de automóviles: ¿Qué medidas proponen?

¿Qué pasó?

Un grupo de diputados, encabezados por Joanna Pérez, presentó una moción para modificar el Código del Comercio y poder regular los costos máximos de los seguros de automóviles.       

Los precios de los seguros vehiculares han ido al alza durante el último tiempo y habrían subido hasta un 70% durante 2022, de acuerdo a la plataforma de cotización ComparaOnline.

Los especialistas sostienen que el incremento de precios se debe a la mayor siniestralidad (accidentes vehiculares), el incremento en el número de robos (como las encerronas, por ejemplo) y la escasez en la cadena de suministros.   

¿Qué proponen los parlamentarios?

La propuesta legislativa sugiere que la prima de los automóviles nuevos no pueda superar el 1% del valor comercial del vehículo asegurado. 

La iniciativa, según consignó El Mercurio, también pretende que el precio de los seguros vigentes y renovados se ajuste a los plazos indicados en los contratos, con un límite de 5% respecto del valor comercial del auto en cuestión.

Joanna Pérez detalló que se debe encontrar una regulación y "abordar otros mecanismos que puedan contribuir a la propia industria".

¿Qué dijeron desde la Asociación de Aseguradores de Chile?

La Asociación de Aseguradora de Chile (AACH) demostró sus reparos a la iniciativa parlamentaria a través de una carta enviada a la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados. 

El vicepresidente ejecutivo de la AACH, Jorge Claude, sostuvo que "no compartimos el diagnóstico que inicia esta moción, ni su idea matriz". En la misma línea, acotó que este rubro "es un mercado altamente regulado por distintos cuerpos legales y fiscalizado por la Comisión de Mercado Financiero (CMF)". 

Desde la asociación solicitaron un informe de derecho a los abogados Francisco Zúñiga y Boris Santander. En el documento se indicó que el proyecto colisiona con los derechos fundamentales como la libertad de empresa, de propiedad, igualdad y no discriminación estatal.

A lo anterior, también se podían sumar derechos y garantías de carácter general, según consigna el organismo.

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