Se encienden alertas por parcelaciones rurales: Justicia dicta condenas por loteos irregulares
- Por Meganoticias
La Corte Suprema confirmó las condenas con penas de presidio contra tres personas por delitos asociados a la venta de loteos irregulares y estafas.
Esto ocurre dentro de un contexto de aumento de la venta de parcelas rurales sin permisos de edificación en el país, de acuerdo a un informe de la Universidad San Sebastián (USS).
Las condenas
La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad y confirmó las condenas con penas de presidio a Ximena Burdiles, Juan Manuel Miranda y Flavio Gómez por los delitos reiterados de loteos irregulares y estafas.
En concreto, el tribunal consideró que los condenados comercializaban terrenos con metraje menor al establecido por la legislación, con destino agrícola y engañando a sus compradores, quienes terminaban por no poder inscribir los lotes en el Conservador de Bienes Raíces.
De acuerdo a la Corte, citada por Diario Financiero, estos tenían oficinas en La Serena, en la región de Coquimbo, "con agentes y folletos en los que se publicitaban los lotes que se vendían (...) manteniendo en muchos de esos loteos subdivisiones, calles y alumbrado eléctrico".
El aumento de las parcelaciones rurales
La Universidad San Sebastián (USS) realizó un estudio de la fragmentación rural en Puerto Varas y observó que, entre 2012 y 2021 (sin 2019, ya que los datos aún no están disponibles), se aprobaron 1.267 proyectos de subdivisión en la comuna; es decir, 28.007 nuevos predios rústicos de unos 5.000 metros cuadrados.
De estos, solo 834 han obtenido un permiso de edificación. Lien Rodríguez, doctora en Ciencias Ambientales y una de las investigadoras del trabajo, dijo que hay áreas que "no están preparadas, que están creciendo y se están convirtiendo en núcleos urbanos".
Esto ha sido motivo de un aumento de fiscalización de las organizaciones gubernamentales: mientras el Servicio de Impuestos Internos investiga potenciales elusiones tributarias y Contraloría en la falta de permisos, la Dirección General de Aguas (DGA) ha reforzado un plan para combatir la extracción no autorizada de aguas.
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