Quiebra de reconocida constructora: Estos son los bienes que serán rematados este viernes
- Por Lucas Figueroa
¿Qué pasó?
Después de un mes de informar su quiebra, fue agendado el primer remate de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, una constructora que cuenta con pasivos de más de 60 millones de dólares.
El remate, que será a través de una modalidad 100% online, se realizará este próximo 25 de noviembre y tendrá entre los bienes a subastar, camionetas, celulares y el mobiliario en general de un edificio de Alonso de Córdova, en Vitacura, frente al Club de Golf Los Leones y a cuadras del Parque Arauco que tenía la sociedad.
Los bienes a rematar
En concreto, serán alrededor de 200 "finos muebles de oficina", los que serán rematados. Además de una camioneta Ssangyong New Actyon Sport 2.0, de 2017.
![](https://images2-mega.cdn.mdstrm.com/meganoticias/2022/11/21/_396854_4_637b59958476e.jpeg)
![](https://images2-mega.cdn.mdstrm.com/meganoticias/2022/11/21/_396858_1_637b271c875fc.jpg)
![](https://images2-mega.cdn.mdstrm.com/meganoticias/2022/11/21/_396869_1_637b60d9d09fb.jpg)
Sin embargo, no será lo único que se ponga a disposición de los interesados. Esto porque, además de lo mencionado anteriormente, habrá letras de acero inoxidable con el nombre de la empresa y algunas obras de arte.
Además, en otros lotes, se subastarán computadores, televisores, monitores, sistemas de videoconferencia, 72 teléfonos fijos, impresoras y muebles de oficina varios.
Si bien los artículos se los llevará el mejor postor, el ofertante deberá sumarle al valor ofrecido una comisión del 7% más IVA.
¿Por qué Claro Vicuña Valenzuela solicitó su quiebra?
Fue el pasado 21 de octubre cuando se supo que la constructora había iniciado el trámite, pocos días después que una compañía del mismo rubro, hubiese hecho lo propio.
Según lo que consignó el Diario Financiero por ese entonces, la organización hizo sus alegatos, donde parte de las críticas apuntaban al Gobierno. "Hoy la compañía debe avanzar hacia su liquidación afectada por los cambios que enfrenta la industria de la construcción y la burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales", señalaron.
A su vez, indicaron que desmovilizarían cerca de 30 proyectos, lo que afectaría a más de 2.500 trabajadores.
Leer más de