Subsecretario Monsalve y actos de carácter terrorista: Ataque a molino Grollmus "generó la convicción del Presidente"
¿Qué pasó?
En una entrevista con Mega Plus, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric realizados durante su visita en la región de La Araucanía, donde reconoció que en la zona han "habido actos de carácter terroristas".
Además, la autoridad abordó las medidas que se están tomando desde el Gobierno para enfrentar los problemas de seguridad que atraviesa el país.
¿Qué dijo Monsalve?
El subsecretario detalló que cuando se declaró el Estado de Excepción en la Macrozona Sur "empezamos bajo la lógica de que había organizaciones criminales que no quieren dialogar, que no quieren resolver por los mecanismos institucionales y democráticos las legítimas demandas que puede haber en la región de La Araucanía o por parte del pueblo mapuche, y empezamos a usar todas las herramientas jurídicas y legales que nos da el Estado de derecho".
En ese sentido, afirmó que al reconocer la existencia de hechos de carácter terrorista, "el Presidente ha hecho alusión a algo que hay que mostrar a la opinión pública para ver la dimensión de lo que ocurre".
Monsalve precisó que el ataque incendiario al molino Grollmus "ha generado una convicción del Presidente de la República, que ha expresado en su visita a La Araucanía. Y estos hechos son hechos de carácter terrorista, y el Presidente lo ha expresado con mucha claridad el día de ayer (jueves)".
Mecanismo para capturar a los responsables
"La ley antiterrorista, que ha sido cuestionada por ser ambigua desde el punto de vista de la tipificación penal, ha sido una herramienta legal muy eficaz. No hay nadie en la Macrozona sur que hoy esté en la cárcel por ley antiterrorista", sostuvo la autoridad.
Debido a esto, señaló que el Gobierno en las querellas utiliza delitos que están tipificados en el Código Penal, además de aplicar la nueva ley de sustracción de madera.
Medidas para la delincuencia
"Chile desde el 2005 no tiene una política nacional de seguridad pública, el Gobierno la está construyendo, la va a entregar en marzo. Nunca Chile ha tenido una política que ordene los esfuerzos de las instituciones del Estado para luchar contra el crimen organizado", indicó, aclarando que este último punto será entregado al Presidente Boric en los próximos días.
Además, expuso que "desde el 2016 al 2020 la tasa de homicidio aumentó, del 4,2 al 5,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, y es una tendencia que viene al alza. Tenemos que detener esa violencia. Las armas juegan un rol fundamental en el ejercicio de esa violencia, y, por tanto, estamos trabajando en eso".
También desde el punto de vista de las armas, aseveró que "no está limitado el uso de armas automáticas en Carabineros. Lo que ocurre es que hay distintas unidades. No es lo mismo un carabinero que se dedica al control de tránsito a uno que pertenece al OS7 u OS9 o al Control de Orden Público... Hay que comprender que esas decisiones operativas son decisiones de Carabineros para cumplir su función".
Delincuencias en las cárceles
"Una de las grandes amenazas del crimen organizado, además del narcotráfico y del lavado de activos, es que tiende a tomar control de los recintos penitenciarios y los transforma en centros de operación", afirmó Monsalve.
A raíz de este escenario, detalló que el Gobierno se reunió con el fiscal nacional "y pedimos un fiscal de dedicación exclusiva, es decir, un fiscal que junte todas las causas de investigaciones que se están llevando por delitos que se cometen al interior de las cárceles".
Asimismo, se destinaron recursos en "drones, para vigilar el perímetro de las cárceles, porque muchas veces armas o drogas son lanzadas desde el exterior; en segundo lugar, inhibidores de drones, porque también se usan drones para entrar; obviamentelo que tiene que ver con equipos de rayos X y de escáner para evitar el ingreso de armas o de drogas a las cárceles".
"Instalar bloqueos de telefonía de celular al interior de cada cárcel tiene un costo por cárcel en torno a los $2 mil millones. Entonces, es una medida que está analizando para ver si somos capaces de aplicarla en aquellos recintos penitenciarios que tienen situaciones más críticas", explicó.
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