Las desnudaron en comisaría: La única condena contra Carabineros por delito sexual durante el 18-O
- Por Mega Investiga
Esta jornada se cumplen tres años del denominado estallido social que el 18 de octubre de 2019 paralizó las calles de Chile con protestas masivas. En esta conmemoración, el presidente de la República, Gabriel Boric, enfatizó que “debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable: hubo muertos, abusos sexuales, mutilaciones oculares. Eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir".
Según un informe publicado en octubre de 2020 por Amnistía Internacional, con cifras hasta el 30 de noviembre de 2019, la Fiscalía Nacional "registraba 246 víctimas de violencia sexual, seis por penetración sexual con un objeto y dos por violación sexual, una de ellas, por violación múltiple".
A la fecha, sólo una querella ha sido finalizada con condena y otra con sobreseimiento.
La única condena hasta el momento
El 23 de septiembre de este año, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a la cabo de Carabineros Francisca Benavides Vera por el delito de apremios ilegítimos. Por esto, se le sancionó a 541 días de presidio y a la suspensión de su cargo durante el tiempo de la condena.
Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2019, cuando uniformados detuvieron a dos mujeres y un hombre por no tener salvoconducto para transitar en horario de toque de queda. Según consta en el fallo del tribunal, en la Tercera Comisaría de Arica, la cabo Benavides obligó a ambas mujeres a desnudarse y agacharse, exponiendo su zona genital.
No es el único caso de violencia sexual incorporado en las acciones judiciales contra Carabineros por su actuar en el estallido social. Un informe de octubre de 2022 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), muestra que en las querellas que el organismo interpuso se contemplan 533 hechos de violencia sexual: 41 casos de amenaza de violación, 378 de desnudamiento, 104 de tocaciones y 10 de violación y/o introducción de objetos.
Quien también interpuso querellas por este tipo de denuncias fue la organización de Abogadas Feministas ABOFEM. La abogada Rebeca Zamora, profesora de Derecho Penal de la Universidad Central, estuvo encargada de estos procesos legales, ya que en 2019 era directora de litigación estratégica de la agrupación.
La abogada explica que ingresaron cerca de 40 querellas por delitos sexuales y asegura que las investigaciones se han desarrollado con dificultad. “La mayoría de estos delitos se cometieron por uniformados en ejercicio de sus funciones, dentro de carros e instalaciones policiales, donde los registros de cámara no existen o no han sido entregados, lo que dificulta aún más su comprobación”, explica Zamora.
Además, agrega que “estos delitos, por su naturaleza y como la inmensa mayoría de las agresiones sexuales, suelen ser perpetradas en condiciones donde su comprobación será sumamente difícil. Es por ello que varias de esas causas se han archivado sin poder establecer responsabilidades a la fecha”.
Absueltos en caso de universitario por no haber prueba suficiente
Durante las manifestaciones de 2019, hubo casos icónicos que denunciaron violencia sexual al ser detenidos por las fuerzas policiales. Uno de estos es el denunciado por Josué Maureira, estudiante universitario que denunció tortura, agresión sexual y apremios ilegítimos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El joven afirmó que fue detenido en un supermercado de la comuna y llevado a la 51a Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, donde explicó que fue golpeado por carabineros, que se refirieron a él con expresiones degradantes alusivas a su orientación sexual y que fue sodomizado con un bastón retráctil.
En octubre de 2021, la Fiscalía dejó fuera del juicio de Maureira la agresión sexual, y en julio de 2022, los carabineros acusados fueron absueltos de las acusaciones de tortura y apremio ilegítimo. En esta instancia, el tribunal puntualizó que “la prueba rendida en el juicio no resultó suficiente para adquirir, más allá de toda duda razonable, convicción acerca de que los acusados Javier Marchant Ferrada, Marcos Valenzuela Yévenes y Marcos Vásquez Ayala, hayan tomado parte en la ejecución del mismo en carácter de autores”.
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