Contraloría informa a Fiscalía tras objetar pagos por $1.000 millones en Maipú bajo la administración de Cathy Barriga
- Por Gabriela Tapia
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de una auditoría donde se revisaron los pagos al personal de la Municipalidad de Maipú en el año 2020, cuando la ex alcaldesa Cathy Barriga aún estaba en el cargo.
En esta investigación, se objetaron pagos que en total suman cerca de $1.000 millones, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Nacional y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Servicios, bonos y licencias
Uno de los primeros montos revisados corresponde a un gasto de $872.502.849, que fue utilizado para pagar los servicios de 46 prestadores. De estos $870 millones, no se pudo comprobar si los trabajos fueron efectivamente realizados, ya que no se encontraron los respaldos con los antecedentes de las labores.
A esto se suman $81.664.015 entregados a 14 personas bajo el “Bono Años Dorados”. Con este beneficio se buscaba incentivar la renuncia voluntaria de los trabajadores con más de 75 años. En este caso, la CGR especificó que el problema está en que “no procede incorporar en un contrato a honorarios una cláusula de indemnización por término de servicios”.
Pagos irregulares a trabajadores
El órgano contralor también observó que en el caso de cuatro trabajadores que presentaron licencias médicas en 2020, el municipio pagó de todas formas sus honorarios, aún cuando estas personas estaban habilitadas para “recuperar el subsidio respectivo”. Por esta razón, se gastó la suma de $40.803.841. Es decir, el municipio les pagó el salario aunque este debía ser pagado por Fonasa o las isapres.
Otra de las irregularidades indicadas por Contraloría, corresponde a $30.773.801 que fueron pagados a una trabajadora que un año más tarde contrajo matrimonio con el Jefe del Departamento de Operaciones de SMAPA, el sistema municipal de agua potable y alcantarillado. Este era su superior a cargo y quien aprobó sus informes mensuales de labores. En el documento de Contraloría se menciona que el hombre “participó directamente en decisiones en que existe una circunstancia que le resta imparcialidad”.
Finalmente, la CGR establece que “se constataron ausencias del acto administrativo que autoriza la ejecución de horas extraordinarias, atrasos no descontados y pagados, contratos a honorarios sin firma, y contratos a honorarios no aprobados mediante un acto administrativo”. Respecto a esto, el municipio deberá llevar procedimientos disciplinarios y determinar las responsabilidades administrativas.
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