Alerta en Arica: Bandas se toman cientos de terrenos fiscales y los venden de forma ilegal
- Por Boris Bezama
Arica, martes 13 de septiembre, 10 de la mañana. La unidad de fiscalización del Ministerio de Bienes Nacionales, encabezada por el seremi de Arica, Rodrigo Díaz, llega con efectivos de Carabineros hasta el sector de Quebrada Encantada, en Cerro Chuño. El terreno había sido tomado unos meses antes por decenas de ocupantes ilegales en un sector altamente peligroso, no solo por estar rodeado de torres de alta tensión, cuyos cables o roturas pueden provocar accidentes, si no también porque el sector está muy próximo a unas 20 mil toneladas de material tóxico depositadas por décadas y que han contaminado a miles de habitantes, provocándoles enfermedades graves, producto de los altos niveles de arsénico, entre otros metales.
Con una retroexcavadora, los fiscalizadores destruyen las casas levantadas con material ligero. El seremi de Bienes Nacionales dice que en el desalojo, que se prolongó durante gran parte del día, le llama la atención que el suelo estaba rayado para lotear el sector.
“Nos encontramos con el piso marcado, con cierres perimetrales y construcciones para eventuales venta de terrenos ilegales”, asegura Díaz, y añade que hubo personas en el mismo desalojo que le mostraron documentación proveniente de Bienes Nacionales, en la que se indicaba que se trataba de terrenos fiscales. Las personas habían pagado por los terrenos pensando que la compra había sido legal, ya que quienes se los vendieron les habían entregado estos documentos.
“Algunos de ellos pensaban que por solo contar con esos documentos tenían acceso a los terrenos, sin darse cuenta que los habían estafado”, precisa el Seremi, quien llamó a la población a no dejarse engañar.
Según un catastro de Bienes Nacionales, actualmente las áreas ocupadas ilegalmente alcanzan las mil hectáreas, de las que 800 corresponden a terrenos fiscales.
$500 mil por un terreno que es público
El Ministerio Público de Arica y Parinacota ha abierto este año cerca de 30 causas por tomas ilegales, tras denuncias hechas desde la seremi de Bienes Nacionales. Estas investigaciones muestran que uno de los métodos que emplean las bandas es cercar los terrenos antes de venderlos, generando en los posibles compradores la impresión de que se trata de sitios disponibles y saneados legalmente. La oferta de sitios se hace incluso en redes sociales.
“Hay personas que aseguran haber pagado hasta $500 mil por un sitio perteneciente al fisco”, explica el Seremi. Estas transacciones se hacen al margen de la ley y se trata de personas que han liderado tomas o incluso que organizaron comités de vivienda.
440 solicitudes de terrenos fiscales
En lo que va de este año, Bienes Nacionales ha recibido 440 solicitudes con consultas respecto a si ciertos terrenos de la región con coordenadas específicas eran o no fiscales. En 336 efectivamente lo eran. El seremi explica que esta cantidad de solicitudes no se había visto nunca antes, y menos con las coordenadas específicas de los terrenos.
Hay un dato esclarecedor: la mayoría de las respuestas de Bienes Nacionales confirma la propiedad estatal de los terrenos y acto seguido estos son tomados por ocupantes que luego proceden a lotear en sitios y venderlos de manera ilegal. Con el detalle de las coordenadas, los ocupantes comprobarían que se están tomando terrenos fiscales y mostrarían documentación oficial a sus eventuales compradores.
¿Por qué buscan comprobar que son terrenos fiscales? La clave está en la mayor dificultad de desalojar respecto a un terreno privado. Y es que para el Estado es complejo proceder a los desalojos, pues además de necesitar del apoyo de la fuerza policial y maquinaria pesada, se requiere de la autorización de los delegados presidenciales para realizar estos operativos. Solo si el delito de una toma se produce en flagrancia, es decir dentro de las primeras 12 horas, Carabineros puede proceder al desalojo.
Ocupaciones ilegales ya duplican las de 2020
En respuesta a una solicitud de Ley de Transparencia, la Fiscalía de Arica y Parinacota informó a Mega Investiga que, en lo que va del año, ha investigado 58 causas de usurpación de inmuebles y ocupaciones ilegales en la región. Los datos muestran que las tomas han aumentado progresivamente, desde las 13 de 2019, a las 29 del primer año de la pandemia, llegando a 48 en 2021.
La fuerza también ha marcado estos hechos y la fiscalía regional informa que ha recibido denuncias de seis casos de usurpaciones violentas durante este año. Una de ellas, afectó a una profesora, quien prefirió mantener reserva de su nombre por temor a represalias, y que fue agredida por ciudadanos extranjeros, quienes se tomaron un taller que pertenecía a su padre ubicado en un terreno en la zona industrial de Arica. La mujer constató lesiones e hizo la denuncia en la fiscalía, identificando a un colombiano como el autor de la agresión en su contra.
Las lesiones en gran parte de su cuerpo fueron constatadas a través de fotografías y videos que hizo llegar a Mega Investiga, y a través de los que es posible comprobar la violencia ejercida sobre la mujer, quien asegura haber sido amenazada de muerte si llevaba su caso a la justicia.
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