Diputado Mulet investigado por cohecho pasivo: habría intermediado para que municipio desistiera de demandar a minera
La Fiscalía investiga por un acto de corrupción al diputado y presidente del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y pretende desaforarlo y formalizarlo próximamente por el delito de inducción al cohecho pasivo.
Según el Ministerio Público, el parlamentario que proviene de la Democracia Cristiana, habría intermediado para que el municipio de Tierra Amarilla desistiera de una demanda por daño ambiental contra la minera Candelaria. A cambio, la compañía pagó al menos 3 millones de dólares al municipio y 4 millones a los abogados recomendados por el mismo diputado, Ramón Briones y Hernán Bosselin.
Este acuerdo de transacción habría establecido el pago millonario de 7 millones dólares a cambio de que el municipio asegurara de que no habría demandas, ni denuncias por daño ambiental contra Candelaria.
Sin embargo, la ley ambiental prohíbe desistir de la reparación ambiental a cambio de dinero, y esto es lo que, según la fiscalía habría ocurrido en Tierra Amarilla. El diputado Jaime Mulet habría incurrido en cohecho pasivo. Y aunque no hubiese recibido dinero, habría inducido al alcalde Osvaldo Delgado, a pedir compensación económica a cambio de inhibirse en materias de daño ambiental.
Quien reveló lo anterior fue el propio jefe comunal de Tierra Amarilla. En declaración ante la Fiscalía aseguró que el diputado le habría ofrecido una coima de $400 millones para que los abogados Briones y Bosselin pudieran cobrar más de $2.700 millones en honorarios, puesto que el Concejo Municipal se habría opuesto a pagarles esos montos a los abogados.
La unión entre el exalcalde y el diputado
La historia política del alcalde Osvaldo Delgado está vinculada con la figura del diputado Jaime Mulet, el legislador de la zona que va en su quinto período.
En esa elección municipal, muchos candidatos apuntaban a la Compañía Minera Candelaria como una de las causantes de la contaminación de Tierra Amarilla.
Delgado asumió la alcaldía el año 2012. Pero por su falta de escolaridad y preparación, muchos dijeron que Mulet sería el verdadero poder en las sombras, y que instaló a gente de su confianza en el municipio.
El alcalde murió el 21 de noviembre de 2021 en medio de una investigación que la fiscalía había iniciado y donde el Consejo de Defensa del Estado es uno de los querellantes.
Cuando el alcalde asumió, Mulet le solicitó la contratación de abogados de su confianza: Jaime Bahamondes como administrador, y Jorge y Cristián Brito como abogados del municipio.
Bahamondes, los hermanos Brito y Mulet se habrían transformado en los principales asesores del alcalde y -supuestamente - los ideólogos de una acción que buscaba obtener un pago millonario de parte de la minera Candelaria. Así lo contó el propio alcalde cuando declaró en la fiscalía. “Fue a mediados del 2014 en una reunión en la municipalidad, en que estaba Jaime Mulet, con Bahamondes, y Jorge Brito, Mulet me explicó que había que demandar a la minera Candelaria para que indemnizara a la comuna por los daños ambientales, y así conseguiríamos recursos frescos para la gestión y además me servía para mi imagen, me explicaron que ellos conocían abogados expertos de Santiago y que ganaríamos, que había que hacerlo sí o sí”, sostuvo Delgado.
Los abogados que contrató el municipio para interponer esa demanda ambiental contra la minera Candelaria habrían sido recomendados por el propio diputado Mulet: Hernán Bosselin y Ramón Briones.
Fue así como Mulet, Briones y Bosselin formaron la decisión del alcalde para deducir la demanda para obtener compensación por el daño ambiental de la minera, generando un escenario de negociación con la minera que nadie habría sospechado.
De acuerdo con el entonces director del Servicio, Marcos Cabello, había una trama en que se estaba realizando el proceso de evaluación ambiental de Candelaria. “Jaime (Mulet) era lobbista... operaba con Jorge Brito, que era abogado de la municipalidad... y después supe que lo había puesto Mulet... de alguna manera ejerciendo presión. Ellos se veían nerviosos cuando veían que avanzaba la evaluación medioambiental y buscaban manera que se dilatara hasta que se cerrara el juicio”, indicó a Meganoticias.
El fiscal de la causa Cristián González en la audiencia de formalización a la que no concurrió el diputado Mulet aseguró que la demanda que iba a interponer el municipio nunca fue notificada a Candelaria. “Un ardid para presionarla a costa del daño ambiental, nunca fue notificada, no obstante estar proveída y la omisión no era inocua: era para que no se metieran terceros en la posible demanda”, indicó el persecutor.
Las presiones habrían surtido efecto, porque el 3 septiembre del año 2015 los abogados Briones y Bosselin negociaron con la minera la firma de un convenio o contrato de transacción en la Notaría de Santiago, Nancy de la Fuente.
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